El comité de Diavida urge a Sanidad a frenar «el deterioro del servicio de ambulancias» en Cantabria

«Por mucho que denunciemos, es el Gobierno de Cantabria el que tiene que dar un puñetazo sobre la mesa porque, de lo contrario, la situación se agravará todavía más», indicó el presidente del comité, José Alberto Ibarguen (UGT). Y en consecuencia, «tendremos que volver a las movilizaciones y hacerlo de otra manera con los servicios mínimos», toda vez que en el paro del 28 de diciembre «no nos permitieron hacer esa huelga con unos servicios mínimos de casi el 100% que incumplían lo que se había pactado».

Con la amenaza ya lanzada, el sindicalista insistió en que el acuerdo alcanzado aquel día en el Orecla «no se ha cumplido». Cierto es que la compañía valenciana, «por motivos ajenos a ella», volvió a ingresar la nómina de diciembre con retraso (pasó primero con la de octubre y también con la paga de Navidad) y ese era uno de los primeros compromisos adquiridos: puntualidad en el pago a sus profesionales. Así que no extraña el malestar entre los afectados.

La segunda cuestión pendiente de dirimir tras aquellas negociaciones ante el Orecla era qué tabla salarial había que aplicar desde octubre de 2024, que es cuando Diavida asumió el servicio. La duda era si la prevista al comienzo del concurso, lo que implicaba pagar 400 euros a cada trabajador, o el porcentaje de subida fijado en las tablas salariales al año del inicio del concurso recogidas en el convenio colectivo (un 3%).

Lo que resultaba llamativo es que existiera esa duda, especialmente entre los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta que Ambuibérica ya había pagado esos 400 euros cuando pactó con Sanidad equiparar a la plantilla del programado –cuyo primero concurso quedó desierto– con la del transporte urgente, adjudicado a Autransa (nueva marca de Ambuibérica). Es decir, en 2023, durante la prórroga del contrato anterior.

Las nóminas de aquel septiembre especificaban claramente el ingreso de esos 400 euros. Desde Diavida argumentaban que desconocían que ese pago inicial se había hecho ya. Y por eso le pareció oportuno que una comisión paritaria, formada por USO, CSIF y Ambucantabria (Ambuibérica), despejara el asunto. El resultado se conoció el pasado 16 de enero, dando la razón a la posición defendida por USO: «Toda vez que los trabajadores de la empresa Diavida cobraron en 2023 la paga de 400 euros y comenzó la aplicación del convenio colectivo regional de transportes sanitarios, corresponde el incremento salarial del 3% desde octubre del 2024». Y esos atrasos, ahora ya aclarados, se saldarán en la próxima nómina, según apunta la adjudicataria.

Además, en aquel principio de acuerdo que permitió desconvocar la huelga ambas partes se comprometieron a aclarar qué traslados de pacientes que precisen camilla implican la presencia de un técnico sanitario y un conductor. Casi dos meses después y según el comité, «la concesionaria sigue incumpliendo el pliego de condiciones y servicios que requieren dos técnicos se realizan con uno solo». Un extremo que niega la compañía valenciana, que responde que «se están haciendo el 100% con dos técnicos, a sabiendas de que muchas de las altas que salen de los hospitales se podrían hacer con uno solo». Por eso, se ha pedido una revisión de los criterios «con arreglo a las necesidades reales del servicio».

De otro lado, Ibarguen señala que de los 136 profesionales que asumió Diavida cuando empezó a operar en Cantabria, un número que «ya venía justo de la anterior concesionaria», ahora «faltan como mínimo 30 trabajadores, aunque no se sabe con exactitud porque la empresa no facilita a los sindicatos el número de excedencias, bajas voluntarias y bajas de incapacidades temporales», agregó. En respuesta a este punto, desde Diavida aseguran que la cifra de trabajadores no ha variado y que «hay 25 de baja».

La última de las reivindicaciones del comité también parte de otro compromiso «incumplido». La empresa dijo que colocaría una caseta de obra con ducha «con la máxima celeridad posible» en las bases de Laredo, Reinosa, Torrelavega y Revilla de Camargo, mientras se completen las obras de acondicionamiento de las instalaciones. Gildo Cabañeros, delegado de prevención del comité de empresa, recuerda que existe «un informe demoledor» de la Inspección de Trabajo sobre los incumplimientos en la normativa de prevención de riesgos laborales «en una actividad en la que estamos expuestos a riesgos biológicos». Según expone, la concesionaria está obligada a dotar de equipos de protección individuales (EPIs) y a la limpieza del vestuario un número determinado de veces, «y no lo hace porque, además, sigue sin habilitar vestuarios, duchas o taquillas en las bases, incumpliendo las normas más básicas de prevención y forzando al personal a llevarse la ropa a casa». En este sentido, la empresa asegura que «ya existen casetas con vestuarios y duchas, y que están a punto de llegar las taquillas».