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El comité de empresa de MARE (la sociedad pública de gestión de residuos de Cantabria) ha denunciado el oscurantismo y la desidia en la dirección de la empresa y ha reivindicado que «no se criminalice a los trabajadores por los pagos irregulares». Este lunes ... 29 de noviembre, a partir de las 13.30 horas, los representantes de los trabajadores se concentrará frente a la Consejería de Medio Ambiente (en el Parque Científico y Tecnológico) para continuar con sus demandas laborales.
El comité ha reconocido que la auditoría del Gobierno regional «ha sido demoledora», motivo por el que ha reclamado «una investigación seria para que sean las personas responsables» de las irregularidades quienes paguen por lo hecho «y no todo el personal de MARE, que nos vemos señalados sin haber percibido ni un euro de forma irregular».
A sus ojos, la negativa de los partidos políticos que han gestionado MARE en los últimos años a poner en marcha una comisión de investigación «solo esconde el miedo a que se sepa la verdad, que es muy difícil de entender sin que exista una presunta malversación de dinero público».
El comité ha señalado que, mientras la plantilla está viendo cómo se regularizan rigurosamente sus condiciones laborales, «los responsables no son requeridos en su responsabilidad», ha denunciado. Se da el caso «de profesionales de la parte alta de la clasificación que, lejos de recortar sus emolumentos, los han visto crecer a través de subterfugios pseudo legales lejos de toda ética profesional bajo criterios que no les son de aplicación» o casos de «trabajadores de la zona alta del escalafón que, sin variar sus funciones ni su actividad, han visto incrementadas su categoría o retribuciones de una forma injustificada».
El comité recuerda, por otro lado, que sigue intentando solucionar, por la vía de la negociación, algunos problemas que nos afectan y para los que seguimos encontrándonos con la sistemática negativa» pese a que el convenio colectivo firmado en 2008 caducó en 2011.
MARE tampoco cuenta con una estructura retributiva «que refleje la realidad de la empresa, lo que permite tener unas condiciones a la carta». Lo mismo ocurre con la valoración de puestos de trabajo, con un «informe encargado a una auditora, y pagado con dinero público, que está guardado en un cajón porque refleja una realidad que no les interesa y que supondría avanzar en una estructura equitativa y una valoración de puestos seria». También constatan una «clara falta de personal, pese al aumento constante de trabajo». La empresa «amortiza puestos en categorías inferiores a la par que crea puestos irrelevantes para colocar afines», ha denunciado el comité.
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