compensaciones

La moción del PP, que postula el consenso político a la hora de fijar el nuevo emplazamiento de la depuradora, fue aprobada ayer por unanimidad, pero está por ver si la iniciativa supone algún avance práctico, a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Cantabria aborden el asunto el mes que viene. Cualquiera que sea la ubicación que se decida es muy probable que surjan protestas y movilizaciones como siempre sucede con los proyectos potencialmente molestos o peligrosos desde las perspectivas medioambiental, socio-económica, turística, paisajística, etc. Y que el problema termine por judicializarse otra vez, como advierte Podemos. No hay más que ver el encendido debate entre los grupos que rechazan la instalación de la depuradora en sus respectivos territorios.

Si el consenso para la imperativa construcción de la nueva depuradora en un emplazamiento distinto al actual se presenta complicado, quizá sea pertinente explorar todos los factores que puedan orientar la decisión: los técnicos, los ambientales y los económicos, y entre estos últimos, los mecanismos de compensación. Queda muy a mano el ejemplo del vertedero de Meruelo. A ningún municipio ni junta vecinal le emociona acoger los residuos de toda la región, por más que las nuevas tecnologías garanticen la salubridad. Pero Meruelo aceptó la instalación a cambio de 585.000 euros anuales que percibe a través de un convenio vigente desde 2001, una jugosa inyección para la tesorería y los servicios municipales. Tampoco Arnuero quería la depuradora comarcal, como reconoció ayer su alcalde y diputado del PP, José Manuel Igual, pero terminó acogiéndola y ahora negocia un canon de 250.000 euros al año y otras dotaciones para el municipio. Quizá también sea factible encontrar ubicación para la nueva depuradora si la contrapartida merece la pena. Los duelos con pan son menos.