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Los consejeros de Medio Ambiente de Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia -comunidades que gestionan el 95% de los lobos de España- se reunieron este viernes por videoconferencia para seguir analizando la posición común frente a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre) ... que pretende la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Asimismo, mostraron su malestar por el desarrollo de los trabajos presentados por su departamento ministerial al margen de las comunidades autónomas, y por la comunicación realizada de la última reunión de las Organizaciones de Profesionales Agrarias (OPA) con el director general de Biodiversidad, que, según denuncian, sigue generando «improvisación y confusión» por parte del Ministerio con declaraciones «contradictorias» de sus responsables. Los cuatro consejeros autonómicos mantendrán próximamente una reunión de trabajo presencial en León para seguir planificando las acciones tendentes a impedir que dicha inclusión se produzca.
De la reunión telemática celebrada este viernes por los cuatro consejeros de Medio Ambiente, entre ellos Guillermo Blanco, de Cantabria, se extrajo que «el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sigue ignorando a las Comunidades Autónomas que tienen la responsabilidad de gestionar el 95% de los lobos de España, no solo a los Gobiernos regionales, a los Parlamentos autonómicos y a los municipios, sino también a los técnicos que forman parte del Grupo de Trabajo Lobo al ir contra los propios acuerdos del grupo y volver a presentar, en la reunión celebrada el 5 de mayo, un documento de 'Bases de Estrategia de Conservación del Lobo', cuando el acuerdo mayoritario del Grupo había sido realizar primero una evaluación de la estrategia en vigor desde el año 2005».
De igual modo, se señaló que el Ministerio también ignora la 'Carta Abierta en apoyo a una gestión del Lobo Ibérico basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia', firmada el 3 de marzo por diez comunidades y ciudades autónomas, y por tres OPA, y en la que se hacía un llamamiento al Ministerio para volver al escenario de consenso y diálogo.
En las últimas semanas se han sumado también a dicha 'Carta Abierta' los Colegios Profesionales de Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos Forestales, Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos Agrícolas, así como el Consejo General Veterinario, que reúne a los diferentes Colegios de Veterinaria de todo el país.
«Tras este nuevo ejemplo de deslealtad a todos los niveles», las cuatro comunidades acuerdan reiterar al Ministerio que respete los acuerdos del Grupo de Trabajo adoptados en noviembre de 2020 «y no vuelva a presentar borradores de bases o estrategias para debate en el grupo, centrándose los trabajos del mismo en la evaluación de la aplicación de la estrategia aprobada por unanimidad en 2005 y en la preparación del censo nacional».
De igual modo, denuncian la política de comunicación del Ministerio en este asunto, «cuyo objetivo parece ser confundir a la opinión pública y utilizar la desinformación como herramienta para su política de hechos consumados». Y es que recuerdan que tras una reunión entre el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y las OPA, éstas anunciaron la intención del Ministerio de volver al punto de partida para abrir una negociación y, sin embargo, horas después, se desmentía esa noticia y se anunciaba que el Ministerio seguía adelante con su particular hoja de ruta.
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