Concentración de funcionarios en Santander para exigir un aumento salarial y en defensa de Muface

Según ha explicado el responsable del sector de la Administración General del Estado (AGE) en Cantabria, Rubén Diéguez, entre sus demandas, se encuentra resolver la crítica situación que está atravesando el Muface y lograr su licitación, para así poder continuar con un servicio sanitario que afecta a más de 20.000 personas en Cantabria. «Estamos presionando en la calle para que esto no se venga abajo y que los funcionarios puedan seguir estando en Muface», añade el responsable de AGE en la región, advirtiendo de que «si no se negocia y, de manera unilateral deciden cargarse este servicio, nos plantearíamos seriamente hacer una huelga a nivel estatal».

Diéguez ha censurado que entre los propios miembros del Gobierno «se contradicen» porque mientras que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública apuesta por «hacer una licitación express», el departamento de Sanidad facilita un informe para trasvasar todos los mutualistas al Sistema Sanitario Público de cada comunidad autónoma. Por lo que el desconcierto entre los funcionarios es latente y, tal y como ha apuntado el responsable del sector AGE en Cantabria, «no sabemos qué plan tiene el Ejecutivo». «Por parte del Gobierno no sabemos nada», reitera. «Lo único que sabemos es que se propuso a las aseguradoras que habían concurrido en el anterior concierto una licitación express y que mandaron sus propuestas», subraya Diéguez, quien ha lamentado que han preguntado a éstas sus peticiones, «pero no quieren facilitarnoslas».

Frente a la postura del Ministerio de Salud, el responsable del sector AGE en la comunidad ha opinado que es «inviable y una locura» que el dinero con el que se dota a Muface se destine a la Seguridad Social de cada comunidad autónoma. «Yo creo que no tienen plan y que están mandando globos sonda a ver qué dicen los mutualistas y los ciudadanos», censura. Por ello, ha insistido en que se encuentran «sin noticias fiables por parte del Gobierno», al que le piden que el Muface continúe porque «funciona bien aunque hay que corregir ciertas situaciones que sí que pueden ser negociables». «Nosotros proponemos que este servicio, que el año que viene cumple 50 años, siga existiendo porque es ágil», añade.

Respecto a las concentraciones como la de este lunes, que ha estado secundada en todas las Delegaciones y Subdelegaciones del país, Diéguez ha confiado en que sirvan para que el Ejecutivo «se siente a hablar y que las negociaciones lleguen a buen puerto y que no se perjudique ni a los funcionarios ni a los ciudadanos en general». Y es que, según ha advertido, si se llega a trasvasar a los funcionarios del país a la Seguridad Social de cada comunidad autónoma se podría dar una situación «bastante complicada» por temas relacionados con el aumento de la lista de espera, el traspaso de expedientes, los pacientes con enfermedades crónicas y la espera para operaciones y cirugías, entre otros asuntos. «Habría bastante caos», lamenta.

La concentración de este lunes también ha servido para que los funcionarios de la Administración General del Estado reivindiquen su situación económica y retributiva, porque, según afean, el actual acuerdo salarial caduca a final de este año y esta situación «ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del seis por ciento desde 2022». Igualmente, entre sus peticiones al Gobierno de Pedro Sánchez, los profesionales de AGE han solicitado la asignación de fondos especiales para «la equiparación salarial entre distintas administraciones públicas». Y es que, según Diéguez, los empleados de la Administración General del Estado «cobran menos que los trabajadores de las comunidades autónomas y ayuntamientos por hacer el mismo trabajo». «En el caso de Cantabria, la diferencia de salarios en cuanto a los funcionarios es de 7.429 euros y en el del personal laboral, de 5.852», detalla. Por lo que, «para corregir estas desigualdades y evitar una fuga de talento a otras administraciones públicas», desde CSIF han planteado al Ejecutivo nacional una dotación de 1.487 millones de euros repartidos entre el año 2025 y el 2027 para «alcanzar la equiparación salarial en 2028».

Además, han instado al Gobierno a la «recuperación del cobro íntegro de la paga extra» y a negociar una nueva oferta de empleo público para el año próximo en la que se elimine la tasa de reposición, ya que ésta «siempre estuvo por debajo de las plazas vacantes y produjo plantillas muy tensionadas, provocando el aumento de la temporalidad». «En Cantabria, faltan por cubrir más de 300 puestos de trabajo, lo que equivaldría a un quince por ciento de la plantilla. «Este porcentaje va a ir creciendo porque vienen jubilaciones y suponemos que pronto llegará al 20 o más», apunta.

Por último, Diéguez ha señalado otras peticiones como el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas, la implementación del teletrabajo, la mejora de las condiciones para la jubilación, la educación a los grupos profesionales y la actualización del Estatuto del Empleado Público.