El concurso para la instalación del centro de protones en Valdecilla queda desierto

Desde el departamento de Miguel Rodríguez, más allá del nerviosismo inicial que ha supuesto este nuevo revés, confían en que se solventen los impedimentos que han frenado a las licitadoras y se encauce de nuevo la tramitación. De hecho, las compañías habían trasladado varias cuestiones a través de la plataforma de contratación del Estado que «se están analizando desde el Servicio Cántabro de Salud para ajustar los pliegos» e intentar eliminar esas trabas.

«Se va a licitar una unidad de protonterapia, pero, como no puede ser de otra manera, tiene que encajar con la ley de contratos del sector público», precisan desde la Consejería, que mantienen la idea de «sacarlo lo antes posible» y que «no se demore más de unos meses». Hasta ahora, la principal ventaja del centro proyectado en Valdecilla era que iba a posicionar al hospital santanderino como el primero de la sanidad pública en España en contar con este tratamiento oncológico crucial para combatir los tumores más escondidos, hasta la fecha sólo disponible en dos clínicas privadas en Madrid: Quirón y la Clínica Universitaria de Navarra. Pero en esa andadura, dilatada en el tiempo por distintos motivos -la primera vez que se habló de los protones en Cantabria fue a comienzos de 2019-, entró en escena recientemente la donación millonaria de la Fundación Amancio Ortega, dueño del imperio Inditex, que permitirá que este equipamiento llegue también a otras siete comunidades que no contaban con ello, sin tener que hacer más desembolso que el de la obra y el mantenimiento de la máquina, mientras que a Cantabria le costará los 38 millones de euros que se confía recibir desde Bruselas. Se caía así la idea de convertirse en centro de referencia nacional para serlo de las comunidades del Norte a las que no llegará la lluvia de millones del empresario gallego.

El proyecto se desinflaba, pero aún así, al Ejecutivo regional y al servicio de Oncología Radioterápica de Valdecilla le salían los números, al considerar que se puede rentabilizar con una población de referencia de 2 millones de personas, que sumarían Cantabria, Asturias, La Rioja y el norte de Castilla y León. Desde el ala del PSOE se ha defendido con uñas y dientes su continuidad pese a las críticas de la oposición, que no ve justificado el desembolso en este nuevo escenario con mucha más competencia de la esperada. Fue precisamente tras saltar la noticia de la donación, que al Gobierno cántabro cogió por sorpresa (no estaba al tanto del convenio del Ministerio de Sanidad con la Fundación), cuando se dio el empujón definitivo al pliego, preparado desde marzo, pero publicado el pasado septiembre. Desde entonces las empresas han tenido 35 días para presentar sus respectivas ofertas, «tiempo insuficiente» según ha apuntado una de las licitadores a este periódico «teniendo en cuenta la envergadura y complejidad del contrato». Además, dice que han echado en falta «no tener un interlocutor para consultar dudas hasta una vez publicado el documento. Debería ser previo, no al revés», lamenta un portavoz de la compañía IBA, especialista en tecnología médica.

Aunque el mayor inconveniente viene por la exigencia plasmada en el pliego de formar una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre el fabricante y la constructora que asumirá la obra (cuando lo previsto era subcontratar ese trabajo una vez elegida la adjudicataria), con participación de la ingeniería y el diseño, que tienen un peso mínimo dentro del montante total y, sin embargo, figurarían también como responsables solidarias de dicha UTE.

Un cambio que se introdujo «a última hora» y que ha contribuido a que esta fase del concurso se quede en blanco y haya que repetirla. La explicación es la siguiente: el contrato abarca el suministro del equipamiento (la máquina de protonterapia, que es el grueso de esos 38 millones), más la obra para su instalación dentro del hospital, y en el pliego inicial se define que las tareas críticas, que incluyen el proyecto y la propia construcción, no se pueden subcontratar, con lo cual la única salida es asociarse en UTE, compartiendo todas las partes esa responsabilidad solidaria. Es decir, que se daría la paradoja de que una empresa que realiza un encargo durante unos meses figure como responsable de una máquina que tiene treinta años de vida útil. «¿Quién va a querer participar en esas condiciones», cuestiona uno de los fabricantes. «Es imposible».

En una de las correcciones de errores publicada por la gerente del SCS, Celia Gómez, días después de la publicación del pliego ya se matizaba que donde decía que «el adjudicatario mantendrá la existencia de piezas de repuesto durante un mínimo de 30 años desde la adjudicación» debía decir «el fabricante...». Pero ese matiz no ha bastado. Las empresas piden modificaciones de mayor calado antes de dar el paso.

En su última comparecencia sobre la protonterapia en el Parlamento, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, defendió la continuidad del proyecto de Valdecilla porque pondrá a disposición de los cántabros una tecnología que de otra manera sería inalcanzable, puesto que Cantabria no se incluyó entre los destinos de las máquinas de protones donadas por la Fundación Amancio Ortega.

De nuevo ahí el factor diferenciador era el tramo recorrido ya en la tramitación. «Seremos los primeros», insistió el Gobierno, en contacto permanente con Pedro Prada, jefe de servicio de Oncología Radioterápica y el artífice de que en su día aquella primera iniciativa empresarial fijara su mirada en Valdecilla. La otra ventaja, contar con la superficie necesaria dentro del propio hospital. Los 2.400 metros disponibles en la planta -4 de las Tres Torres (planta 0 si se accede desde Valdecilla Sur), que habría que acondicionar y añadir la construcción del búnker. El objetivo de Sanidad era tener instalada la máquina en 2023 y plenamente operativa en 2024. Ahora está por ver el tiempo que se pierde en arreglar este último contratiempo.

«Cantabria va a ser la primera comunidad en comenzar la obra de la unidad de protonterapia y en contar con esta tecnología». Mismo discurso, a pesar de los contratiempos. Con estas palabras respondió la Consejería de Sanidad ayer al confirmar que el concurso ha quedado desierto. La postura coincide con la respuesta ofrecida cuando se anunció la donación de 280 millones de Amancio Ortega para extender esta radioterapia avanzada a diez hospitales públicos del país.

Antes incluso de iniciarse el proceso, desde el servicio de Oncología Radioterápica, que dirige Pedro Prada, se contaba con que la disputa estuviera entre las cuatro firmas que mandan en el sector: las americanas Varian (marca de los aceleradores de última generación instalados en Valdecilla) y Mevion, la europea IBA y la japonesa Hitachi, aunque esta última no estuvo presente en la visita «obligatoria» al hospital celebrada a principios de noviembre. Pero, puesto que sí habían estado varias constructoras, se planteaba la posibilidad de que concurriera en UTE con alguna de ellas, no quedando excluida por tanto de la pugna. Aunque el problema viene, precisamente, por las condiciones que implica esa sociedad de empresas, asunto que ya está en manos de los técnicos de la Consejería, que «introducirán ajustes en los pliegos que disipen las dudas manifestadas por los licitadores», indican desde el departamento de Miguel Rodríguez. «Es un retraso sobre el plan previsto, pero al SCS las empresas le han trasladado su interés, al margen de las cuestiones que se tratarán de solventar», concluyen.