Condenado un profesor de La Salle por posesión de pornografía con menores

La sentencia data de marzo de este mismo año y señala que la condena se debe, exactamente, a la «posesión de material pornográfico para propio uso en cuya elaboración se hayan utilizado a menores de edad», y que las penas por esta razón son una multa que ronda los 900 euros -a razón de cinco euros diarios durante seis meses-; la inhabilitación durante un tiempo de dos años y cuatro meses para ocupar cualquier puesto, sea o no retribuido, «que conlleve contacto regular y directo con menores de edad», así como la prohibición de usar programas, aplicaciones o redes 'peer' durante un periodo total de tres años y cuatro meses.

Las costas procesales también corren a cargo del condenado. La sentencia es firme y, según recoge la resolución, las partes manifestaron en su momento su voluntad de «no recurrirla».

El Colegio La Salle de Santander, donde este hombre ejerció durante años como profesor -sin mayores responsabilidades académicas en el momento de los hechos, precisan desde la institución-, no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta que se destapó la investigación. «Fue una sorpresa», asegura Victoriano Pardo, miembro del equipo de titularidad de la institución educativa, que se declara «conmocionada» desde el momento en el que conocieron los hechos.

La Salle, continúa Victoriano Pardo, se puso en primer lugar a disposición de la Policía y después ha estado pendiente del proceso judicial, pero no ha sido requerida en ninguno de los dos procedimientos. «Hemos estado pendientes y hemos seguido todo el proceso con preocupación, pero no nos han requerido», asegura el responsable de la institución, que se apoya en este hecho y también en que la sentencia no hace mención alguna al centro educativo, para afirmar que la condena del mes de marzo «no tiene nada que ver con la actividad docente» de este hombre, que, además, ya no guarda más relación con la institución de La Salle.

«Nosotros condenamos estos actos y cuando algo así ocurra, siempre vamos a colaborar con la Justicia. Queremos que los centros educativos sean entornos seguros», concluye Pardo.

La sentencia recoge como hecho probado que en febrero del año 2021, el Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Policía Nacional de Santander puso en marcha una «operación de rastreo» para localizar direcciones IP que habrían tenido acceso o también habrían compartido contenidos relacionados con la pornografía infantil en Internet. Gracias a estos rastreos, se pudo localizar la dirección del ahora condenado.

En octubre de 2021 está fechado al auto dictado por el Juzgado nº 3 de Santander que da pie al registro del domicilio del por entonces acusado. En ese lugar, los agentes del grupo especializado de la Policía Nacional se incautaron de distintos dispositivos electrónicos de almacenamiento, entre los cuales figuraba un disco duro «con más de 400 archivos de vídeo» que reproducen «imágenes de menores de edad realizando comportamientos de naturaleza sexual».

Tras la celebración del juicio, la sentencia se emitió en marzo de este mismo 2023.