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En el último episodio conocido de la depuradora de Vuelta Ostrera, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha sometido a información pública el proyecto y estudio de impacto ambiental de su futura demolición. Eso y la relación de afectados por las expropiaciones necesarias para ... ejecutar las obras.
El 27 de septiembre de 2023, la Dirección General del Agua autorizó a la CHC a incoar el expediente de información pública del proyecto de demolición de la depuradora -la orden de derribo que pesa sobre la instalación data de 2005-, su estudio de impacto ambiental y la relación de bienes y derechos afectados, trámites necesarios para la ejecución de las obras, que se inician con la publicación, ayer, del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo es definir a nivel de proyecto constructivo las obras y establecer las condiciones técnicas bajo las que deben ejecutarse los trabajos de demolición de Vuelta Ostrera.
El proyecto de demolición, incluye el conjunto de obras necesarias para el derribo en sí, pero también las actuaciones necesarias para el acondicionamiento y restauración de los terrenos sobre los que se ubica hasta su completa restitución al estado original. En el estudio de impacto ambiental, de hecho, se han considerado posibles alternativas atendiendo a procedimientos de demolición, acceso a las obras, idoneidad del lugar de tratamiento de los residuos generados y alternativas de depósito de los elementos demolidos y desmontados. El proyecto está sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
La relación de los propietarios afectados se adjunta en el anexo publicado en el BOE y el proyecto, su estudio de impacto ambiental y la relación de bienes y derechos afectados estarán expuestos en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, así como en el Ayuntamiento de Suances -además de en chcantabrico.es- para que puedan ser examinados y formular alegaciones en un plazo de treinta días.
Vuelta Ostrera se ha convertido en un quiste ambiental, judicial, económico y político que Cantabria lleva casi treinta años sin poder eliminar. La depuradora estaba llamada a solucionar el problema endémico del saneamiento del Saja-Besaya, pero ha terminado por convertirse en parte del problema.
En marzo de este año se conoció la elección por parte del Ministerio de nuevo (después de muchas idas y vueltas) de la parcela de Cortiguera como ubicación definitiva de la nueva estación, a 300 metros de la actual. Es decir, se demolerá una planta de 24 millones de euros para construir otra por 110 millones a solo un paso. ¿Es el último episodio? No lo parece.
La CHC se lo comunicó al Ayuntamiento de Suances y el Consistorio presentó poco después más de cuatrocientas firmas vecinales en contra de esta medida. Además, Ecologistas en Acción Cantabria presentó también un documento de alegaciones contra la ubicación elegida. Este grupo considera que sería «un gravísimo error» elegir este emplazamiento por el deterioro ambiental que supondría para la zona, por su afectación social y porque no está «exenta de riesgos», entre ellos deslizamientos del terreno.
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