La Conferencia de Presidentes sigue sin fecha pero se abre a hablar de financiación, inmigración y sanidad

La consejera de Presidencia de Cantabria, al frente de la organización del futuro encuentro de Comillas, se mostró especialmente molesta porque el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no haya concretado aún la fecha exacta del encuentro. Lo único que ha dejado claro es que será antes del 20 de diciembre para que no choque con las festividades navideñas. «Tras varios meses aplazándose, siguen incumpliendo el Reglamento del órgano. Era necesario ofrecer mayores certezas a las comunidades y a los ciudadanos», lamentó Urrutia.

Según el PP, «la presión» ejercida por los presidentes de las comunidades ha dado fruto porque el ministro de Política Territorial les ha presentado un orden del día en el que se incluyen los asuntos que habían propuesto.

El concierto económico para Cataluña pactado entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa propició una ronda de reuniones bilaterales con todos los presidentes autonómicos, que aprovecharon para exigir a Pedro Sánchez hablar de financiación autonómica en este foro. Pese a las reclamaciones por carta de los presidentes autonómicos para incluir este tema en el orden del día, el PP no las tenía todas consigo y veía factible que el Gobierno central dejara la financiación fuera del debate. Para intentar evitarlo por otro medio alternativo, aprobó esta semana una reforma del Reglamento del Senado para dar potestad a la Cámara para incluir asuntos en el orden del día. Una herramienta que puede tener utilidad para otras ediciones, ya que en este caso, según las palabras del ministro de ayer, no será necesario.

Los líderes del PP también consideraban inevitable poner encima de la mesa las preocupaciones en torno a las políticas de inmigración y la falta de recursos humanos en el sistema público de salud. Todos esos temas se han incluido.

«El Gobierno ha optado por cumplir el reglamento que rige las reuniones del máximo órgano de cooperación política, que establece la obligación de tratar los asuntos que soliciten al menos diez comunidades o ciudades autónomas», señalaron los populares en un comunicado.

A juicio del Ejecutivo cántabro, todos esos asuntos «afectan de forma directa a nuestro país, requieren de una actuación conjunta de todos los gobiernos y deben ser abordados en la Conferencia como espacio de diálogo y de cooperación entre el Gobierno de España y los de las comunidades autónomas». «Estamos hablando de derechos fundamentales de los ciudadanos y que nadie entendería que no fuésemos capaces de dar una respuesta clara, común y conjunta», subrayó Urrutia tras la reunión en Madrid.