El conflicto del AVE en Palencia amenaza con retrasar diez años su llegada a Cantabria

La victoria en los tribunales del Ayuntamiento de Palencia, Ecologistas en Acción y una plataforma vecinal, que denunciaron el incumplimiento del proyecto por no soterrar las vías de ese tramo, tal y como se especificaba en sucesivos estudios informativos, ha puesto a Adif y al Ministerio de Transportes de Óscar Puente contra las cuerdas, y con muy pocas posibilidades de cumplir el cronograma de unas obras que ya de por sí acumulaban numerosos retrasos.

Ayer, de momento, la ausencia de operarios de la subcontrata Lantania provocó mucha sorpresa entre los vecinos del Camino Viejo de Husillos, según informaron los medios locales. Es la primera vez desde que comenzaron las obras de este tramo –de apenas 1,7 kilómetros, el más pequeño de los cinco que la empresa pública Adif está ejecutando en tierras castellanas para la llegada de la alta velocidad a Cantabria– que no hay movimiento de tierras en un día laborable.

Todo permanece quieto desde el viernes al mediodía, cuando los obreros dieron por terminada la semana, justamente pocas horas antes de conocerse la sentencia. Ayer, solo aparecieron por allí un par de camiones para llevarse la maquinaria alquilada, una señal inequívoca de que la sentencia judicial ya ha tenido impacto en el calendario, pese a que Adif negó tajantemente desde el primer día la paralización de los trabajos.

El Ministerio de Transportes recordó, entonces, que no tiene obligación de ejecutar la sentencia hasta que esta sea firme y que dispone de veinte días para presentar un recurso en el caso de que lo considere oportuno tras analizar en profundidad su contenido. Pero eso no es lo que vieron ayer, lunes, los vecinos del Camino Viejo de Husillos, en pie de guerra contra un tren que, en lugar de ir bajo tierra, discurre sobre un viaducto con las pilastras colocadas a escasos tres metros de algunas viviendas.

Un proyecto que, por otro lado, tampoco fue comunicado por parte de Adif al Ayuntamiento de Palencia, otro de los argumentos que sustentan el fallo contra la empresa pública, y que llama aún más la atención al estar gestionadas ambas instituciones por el mismo partido: el PSOE.

Todo esto puede suponer un retraso de hasta diez años en la llegada del AVE a Cantabria si Adif sigue recibiendo palos en los tribunales. Ayer, precisamente, la empresa pública pudo empezar a estudiar el texto íntegro de la sentencia, por lo que durante este mes deberá decidir si la recurre o no, algo que se da por hecho por todas las partes, aunque desde la empresa no lo confirmaron públicamente.

Si lo hace, Ecologistas en Acción reclamará automáticamente la ejecución inmediata del fallo, es decir, que se paralicen oficialmente las obras de este tramo y se restituyan los terrenos a su estado anterior. Será el Contencioso Número 4 de Palencia el que deberá decidir sobre este extremo, mientras la Audiencia Nacional estudia el recurso presentado por Adif. Este plazo, normalmente, dura alrededor de dos años. «Nosotros vamos a pedir la ejecución de la sentencia inmediatamente», asegura Daniel Vega, portavoz de la Plataforma en Defensa del Soterramiento en Palencia, quien ve poco probable que Adif obtenga un permiso para seguir trabajando mientras se resuelven los recursos.

Si los jueces insisten en quitarle la razón al Gobierno central, todavía quedará en la recámara la bala de recurrir al Tribunal Supremo (TS), cuya decisión no llegará hasta dentro de otros tres o cuatro años. Para entonces llevaremos ya en torno a siete u ocho años de demora sobre el plan original. Pero si el TS confirma el peor escenario, Adif se verá abocado a rehacer el proyecto y reiniciar el concurso público, una burocracia de tiempos y plazos cerrados que llevará al AVE a Cantabria a acumular un retraso de diez años sobre los que ya ha sufrido antes a causa de las interferencias políticas y la ausencia de inversiones.

Otra opción, más amable con los tiempos marcados por el Ministerio de Transportes, es que Adif continúe los trabajos de los otros seis tramos que discurren entre Palencia y Santander para después unirlos con la zona afectada con una solución alternativa que contente a todas las partes implicadas, sin tener que llegar a una demora de una década.

De hecho, la alcaldesa socialista de Palencia, Miriam Andrés Prieto, tiene previsto escribir a su compañero de partido, el ministro de Transportes, para pedirle una cita y «ver así qué pasos van a dar y retomar un diálogo en la búsqueda de soluciones», dijo al conocer el fallo judicial. «El contenido de esta sentencia debe de ser un revulsivo para que el Ministerio se ponga a trabajar en el cumplimiento de los estudios informativos», subrayó la regidora, para quien el soterramiento de las vías es una condición innegociable.

De momento, el ministro se ha limitado a publicar un mensaje en sus redes sociales en el que lamentaba «el mazazo» que supone para Cantabria el fallo judicial . «Los cántabros esperan y necesitan ese tren como el comer», destacó Puente, que tampoco ha respondido a la reclamación de la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), para que ««lo solucionen como quieran, pero que lo solucionen. Aún somos una isla ferroviaria sin un solo kilómetro de AVE».

Pese a todo, Adif asegura mantener su apuesta por la alta velocidad. «La llegada de la alta velocidad a Cantabria es un proyecto irrenunciable» y, por eso, sigue apostando «por la construcción de la línea Palencia-Aguilar de Campoo», subrayan desde la empresa pública.