«Conmigo se repite la historia», dice Rosa Ayesa, abocada al final de su carrera en el Idival tras 16 años

Un caso que recuerda al de sus compañeros José Ramos y Alain Ocampo, cuyos sonados despidos en 2020 tras más de una década vinculados al Idival forzaron a la Consejería, entonces dirigida por el socialista Miguel Rodríguez, a buscar una solución de urgencia: se incluyeron con calzador dos plazas de titulado superior de investigador en la Oferta Pública de Empleo de 2021, aunque una de ellas no llegó a ocuparse en aquel momento (porque Ramos optó por otra salida laboral fuera del SCS), sino con posterioridad por otra investigadora que terminó tiempo después el mismo contrato.

En aquella polémica, el PP, que entonces estaba en la oposición, consideraba «inadmisible» la política de despidos del Idival, reclamando «el compromiso de que la investigación tenga un horizonte de futuro atractivo y que se propicien las condiciones laborales para atraer a profesionales de élite, porque la apuesta por la excelencia se tiene que transformar en hechos», en palabras de César Pascual (diciembre de 2020), que ahora es quien dirige la sanidad cántabra y tiene, por tanto, la última palabra.

En el caso de Ayesa, que en 2022 obtuvo el Certificado I3, que reconoce los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica, se da la circunstancia de que consiguió en mayo de 2023 una ayuda (200.000 euros) de la Agencia Estatal de Investigación para incentivar su consolidación investigadora, dentro del programa para desarrollar, atraer y retener talento, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y esta ayuda compromete a la entidad solicitante (Idival) a crear una plaza permanente. «No estoy pidiendo que me hagan un favor, solo que se cumpla lo firmado y lo que dice la ley», defiende.

Ayesa lleva meses recordando a los directores del Idival su fecha fin de contrato y las consecuencias de su desvinculación laboral, que implicará «la devolución de 350.000 euros de financiación conseguida para proyectos de Investigación en Salud Mental que habrá que interrumpir», al tiempo que pone «en peligro» los puestos de las ocho personas contratadas en su laboratorio. Sostiene que la única respuesta que obtiene es que insista al jefe de Psiquiatría, Jesús Artal, para que se cree una plaza similar a las que se crearon para Ramos y Ocampo.

«Me consta que desde la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios se está luchando por la profesionalización y el reconocimiento de la carrera investigadora. Queda muy bien que políticos y gestores utilicen la palabra investigación y los términos retención y atracción de talento en sus intervenciones, pero ¿hasta qué punto estas figuras conocen cómo funciona el sistema y lo lejos que estamos de que la investigación se considere una profesión y no un pasatiempo? ¿Con qué cara les digo a mis doctorandos que, después de defender sus tesis, se planteen seguir una carrera investigadora? Espero que esto se solucione y que el panorama cambie mucho, pronto y para bien», confía Ayesa.