La consejera admite que «hay errores y algunas incidencias contractuales que valorar»

A preguntas de los periodistas, informó que ya se ha concluido el expediente informativo encargado en el seno de su departamento sobre las supuestas irregularidades en las adjudicaciones, informe en el que «aparecen algunos errores y algunas incidencias contractuales que hay que valorar». «Pero no van más allá de incidencias contractuales, como en cualquier auditoría», aseguró Real, que desvinculó las marchas en la cúpula del SCS del informe.

Según señaló, las dimisiones obedecen a que Pérez Gil y González, «en lugar de estar gestionando, tienen que estar continuamente atendiendo a esas situaciones» derivadas de las irregularidades denunciadas por la jefa de Contratación del SCS y por el PP, y que investiga la Fiscalía a raíz de una denuncia de IU a la que se sumó otra de los populares. «Por eso han pedido cesar en sus cargos», insistió la consejera, para añadir que le ha «parecido razonable aceptarlo». Al ser altos cargos, y aunque es una dimisión, el cese se tramitará y aprobará este próximo jueves en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera, de la que dependen ambos, y que serán sustituidos por miembros «de la casa», esto es, de Sanidad.

En cuanto al informe llevado a cabo por la Inspección Médica durante aproximadamente un mes, después de que el encargado del mismo solicitara una ampliación del plazo inicial por quince días más, la titular de Sanidad indicó que se presentó ayer mismo, y agregó al respecto que no ha «tenido tiempo de completar la lectura» del mismo.

Según explicó, se ha remitido desde la Consejería de Hacienda a Intervención, y desde la de Presidencia para su debate en el Consejo de Gobierno y, también, a la Comisión de Sanidad, ante la que Real ha pedido comparecer, para explicar el informe que, como reiteró, «acaba de llegar y tiene que ser valorado».

Aún así, y tras recordar –como ya expuso en su comparecencia en el Parlamento– que en 2017 el número total de contratos en el SCS superó los 40.000 mientras que los expedientes que el PP «califica como sospechosos» son «una decena o catorce», María Luisa Real avanzó que en dicho informe «aparecen algunos errores y algunas incidencias contractuales que hay que valorar». «Pero no van más allá de incidencias contractuales, como en cualquier auditoría», agregó para finalizar. Desde el PP han restado validez a esta investigación, puesto que «se conocía el resultado antes de que se iniciara», como denunció su presidenta, Sáenz de Buruaga, que desde el principio ha reclamado que fuera la Intervención General la que asumiera esa labor, llegando a reprochar al consejero de Economía, Juan José Sota, de haber cesado al anterior interventor «para ocultar esta trama».