«A esta Consejería se le detuvo el tiempo en febrero, he encontrado todo paralizado»

–¿En qué situación ha encontrado una de las consejerías más complicadas y polémicas de la pasada legislatura?

–Aquí parece que el pasado mes de febrero se produjo un parón y todos los servicios de esta Consejería se detuvieron en aquel momento. No solo los expedientes afectados por el caso de corrupción, todo en general tuvo un parón terrible. Los propios funcionarios me dicen que, desde entonces, no se ha tramitado absolutamente nada. Hay muchos expedientes parados y obras comprometidas, algunas que tenían que estar adjudicadas y en marcha e, incluso, otras que se han paralizado en medio de la ejecución. En febrero se paró el tiempo en esta Consejería.

–¿No le dio ninguna explicación la exconsejera Jezabel Morán en la reunión que mantuvieron?

–Me dio una carpeta con las cosas que eran urgentes sobre derribos, alguna obra, temas de personal de la Consejería... Esa fue la información que tuve. A partir de ahí, hablé con los antiguos directores generales, y después con los nuevos y con los jefes de servicio para ver las cosas que deberían estar ya acabadas hace tiempo y que nos encontramos que no están resueltas.

–¿Con José Luis Gochicoa llegó a hablar?

–No, él ya no era consejero cuando llegué.

–Pero a lo mejor le había interesado conocer en primera persona alguna información del 'caso Obras Públicas' que pudiera tener él.

–Ese asunto lo lleva directamente el servicio jurídico del Gobierno de Cantabria. A nosotros no nos informa de los trámites que hace, como es lógico al existir secreto de sumario. A nosotros solo nos piden información, de hecho yo ya les he remitido documentación que han solicitado. Estamos intentando ser muy diligentes, pero la mandamos y no entramos en más. Hay dos responsables dentro del servicio jurídico que son los que toman las decisiones y se comunican con el Juzgado. Yo no sé en qué momento se encuentra esa investigación y me parece lógico no saberlo.

–¿Pero la auditoría que sí depende de ustedes ya ha comenzado?

–Ya está encargada. Se ha iniciado a través de una solicitud para cambiar el programa de auditorías de la Intervención General. Ya está hecho y ya están asignados los interventores. Estamos preparando aquí un local donde puedan trabajar y en los próximos días vendrán a empezar con la auditoría.

–¿Cómo será el proceso? ¿Cuáles serán los plazos?

–Lo desconozco. Pero sí tenemos claro, y lo he hablado personalmente con el consejero de Economía, que va a abarcar los 20 años comprometidos por la presidenta, aunque se va a centrar mucho en los últimos cuatro porque son de donde se pueden derivar responsabilidades administrativas, penales y de todo tipo. Si aparece algo, no queremos que aparezca tarde. Cuanto antes se localicen esas cuestiones, mejor. Por eso se va a incidir en estos últimos cuatro años.

–Entonces no se explicó bien el consejero de Economía. Hace dos semanas destacó que la auditoría se iba a reducir solo a la última legislatura.

–Él mismo, después, me dijo que no había querido decir exactamente eso. La auditoría, tal y como se comprometió María José Sáenz de Buruaga, será de los últimos 20 años. Pero sí es muy importante, y nos lo dicen los interventores, poner el foco en los últimos cuatro años.

–¿Tiene alguna sospecha de lo que puede concluir?

–No, pero lo que sí tengo muy claro es que la vamos a hacer pública. Será con luz y taquígrafos. Y el que lo haya hecho mal tendrá que perder el sueño. También quiero romper una lanza a favor de los funcionarios de esta casa. Ellos son los que más han sufrido. Todos están muy preocupados porque han tenido un daño en su reputación terrible. Parece que cualquier trabajador de Obras Públicas es un delincuente. Y eso no es así. Pero algo está mal si los sistemas de control han fallado tantos años. Y habrá que mejorarlos.

–¿Cómo lo va a hacer?

–Eso nos lo tendrá que decir la auditoría. El sistema tiene agujeros, ese funcionario los encontró y eso no lo podemos permitir. Somos una Consejería netamente inversora, que hace muchísimas obras, y eso no puede ser.

–El anterior Gobierno dijo que dejaba terminado el nuevo Plan de Carreteras. ¿Lo va a aprobar tal cual o lo va a cambiar?

–(Se ríe) El documento de avance del Plan se mandó a la Consejería de Medio Ambiente el 26 de mayo de 2023. ¿Le suena la fecha?

–Dos días antes de las elecciones autonómicas.

–Exacto, el día del cierre de la campaña electoral iniciaron el proceso de las consultas previas. Y ese plan no recoge algunas de las propuestas del PP y, por supuesto, sí van a estar en el nuevo. Pero el anterior Gobierno no ha hecho ninguna tramitación del documento. Nosotros lo vamos a revisar y, a partir de ahí, arrancaremos con el nuevo. Vamos a intentar darle toda la agilidad posible, hablar con todos los grupos para que perdure en el tiempo y cumplirlo. Porque, hasta ahora, todas las grandes obras incluidas en el plan vigente están sin hacer.

–¿Incluirá la carretera de enlace entre Reinosa y Potes?

–Sin duda. Se va a hacer. Habrá que elaborar un estudio informativo y después el proyecto. No vamos a engañar a nadie, llevará su tiempo.

–El famoso puente Requejada-Suances era el proyecto estrella del plan que quería aprobar Gochicoa. ¿Lo será del suyo también?

–Ya he dado orden para que se reactive el proyecto. He mandado que se actualice el estudio informativo de esa carretera para que en unos meses, o en un año, se pueda aprobar y, esta vez sí, podamos redactar el proyecto y empezar las obras. Veremos esa carretera en obras a final de esta legislatura. Se han hecho muchas promesas durante los últimos años, pero no han movido ni un papel.

–Todos parecen de acuerdo en la importancia del PROT como la herramienta más importante de ordenación del territorio, pero nadie la aprueba. ¿Es urgente para usted? ¿Se ha marcado un plazo?

–No voy a poner plazos porque no quiero engañar a la gente. Hasta el día de hoy, se han gastado 450.000 euros en su redacción. Y solo tenemos un documento técnico sin acabar, con carencias importantes y que va a necesitar una revisión total. Además, se contrató una asistencia técnica para hacer la tramitación, pero ese contrato está suspendido desde diciembre de 2021. Han podido anunciar muchas cosas, pero la realidad es la que es. Nosotros no vamos a hacer promesas grandilocuentes. Le daremos prioridad absoluta y trabajaremos para que cuente con el mayor consenso posible del Parlamento. Intentaremos llegar a un acuerdo razonable para que no se vea afectado por cambios de Gobierno.

–¿La reforma de la Ley del Suelo también es prioritaria?

–Sin duda. La llevaremos al Parlamento en la Ley de Medidas que acompaña al Presupuesto a finales de este año. El director de Urbanismo ya tiene una propuesta. No tenemos mayoría en el Parlamento, somos muy conscientes, pero en el ADN del PP está el pactar y dialogar. La reforma de la Ley del Suelo está reclamada por todos los alcaldes de Cantabria, da igual el partido. Tenemos que volver a la regulación de 2012 sobre la construcción de vivienda en suelo rústico. Es de justicia volver a esa situación que llegó por un acuerdo de PP y PRC.

–Ya se ha reunido con los afectados por los derribos y Buruaga ha prometido una solución esta legislatura después de décadas sin arreglo. ¿Cuál será la fórmula mágica?

–No tenemos ninguna varita mágica, pero sí ganas de trabajar. No vamos a prometer a nadie cosas que no podamos cumplir, pero sí podemos poner en marcha cosas que estaban paradas. Se han licitado proyectos, se han comprado terrenos y veremos obras en el próximo año. Para algún consejero que ha pasado por aquí, estos expedientes eran solo unos números. Llevaban el mismo ritmo que cambiar una cuneta o unas reformas en una plaza. Pero detrás de los expedientes de derribos hay gente que ha perdido la vida y otros con problemas médicos porque esto se los lleva por delante. Y ya son demasiados años. Vamos a hacer todo lo posible por solucionarlo esta legislatura.