La Consejería incrementa un 7,8% los pagos a los abogados del turno de oficio

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, ha aprobado este jueves un incremento del 7,8% en los pagos a los profesionales del turno de oficio. Esta medida se traducirá en una subida de 150.000 euros en las partidas de justicia gratuita que se destinan a los colegios profesionales de abogados y procuradores. El departamento que dirige la regionalista Paula Fernández Viaña lo hace a través de una orden de urgencia ante la «imposibilidad absoluta» de sacar adelante a tiempo el decreto completo que iba a actualizar la regulación de la justicia gratuita y que contemplaba una actualización del 20% en las retribuciones de los profesionales de este servicio público al que tienen derechos los ciudadanos en determinados supuestos.

La intención de la Consejería era haber aprobado este decreto en 2022 y pagar la actualización de los módulos con carácter retroactivo desde el 1 de enero –de hecho, había partida para ello–, pero no ha sido posible por los problemas de funcionamiento en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la no renovación de sus integrantes. Lo que hizo antes de verano la Consejería fue enviar este decreto al CGPJ, que tiene que emitir un informe preceptivo pero no vinculante. Pero ese informe se ha retrasado por los problemas internos del órgano de gobierno de los jueces, que hasta en cinco ocasiones ha pedido prórrogas para remitir de vuelta a Cantabria ese informe. Acaba de llegar a la Consejería, aunque ya sin tiempo para analizarlo e incorporar al decreto antes de 2023 las aportaciones que incluye.

Ante la presión de los profesionales del turno de oficio, que incluso se han planteado acudir a la huelga, la Consejería ha movido ficha con esta medida de urgencia. Al incremento ahora del 7,8% en sus honorarios se sumará posteriormente otro incremento hasta alcanzar ese 20% comprometido por Fernández Viaña. «Entendemos que ese es el importe de la actualización que debemos hacer, sobre todo a la vista de la situación inflacionaria que se viene padeciendo durante el último ejercicio y teniendo en cuenta además que siempre hemos defendido una mejora en la retribución de los servicios de justicia gratuita para los abogados y procuradores», afirma la consejera. Ese porcentaje del 7,8% es el mismo que la inflación desde 2018, la última vez que el Gobierno de Cantabria actualizó sus tarifas.

Según la consejera, este incremento se aprecia, en mayor medida, en el colegio de abogados, «cuyos módulos son más altos respecto a los de los colegios de procuradores por las diferentes actuaciones que desarrollan en los procedimientos». Desde 2016, el incremento de los módulos supera el 15% para los abogados. Ahora, el siguiente paso que dará el Ejecutivo cántabro es tramitar por la vía de urgencia esta actualización para que pueda entrar en vigor antes de que acabe el año.

La comunidad autónoma lleva tramitando desde el año 2020 un proyecto de decreto de justicia gratuita con la finalidad de mejorar las infraestructuras, organización y funcionamiento de la gestión de la asistencia de justicia gratuita por parte de los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores. Ante los retrasos por el covid y el problema con el CGPJ, fueron los colegios profesionales los que han hecho uso de la cláusula que les permite solicitar, previo informe, la actualización anual de los módulos de justicia gratuita.

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