La Consejería pide que Estado y municipios asuman su papel para regular las viviendas turísticas

La consejera lanzó esta advertencia al hacer balance del proceso de alegaciones al borrador del decreto, un periodo que expiró esta semana y que se ha cerrado con la presentación de 56 escritos remitidos por ayuntamientos, partidos políticos, asociaciones, empresas de gestión de esta actividad y particulares.

«En numerosas ocasiones he explicado que la competencia sobre las viviendas de uso turístico se reparte entre tres niveles administrativos, el Estado, la comunidad autónoma y los municipios, y ninguno de ellos puede invadir las competencias del otro», dijo, y subrayó que la Consejería «sólo tiene competencias turísticas» y «puede establecer los requisitos necesarios para que en la vivienda se preste el servicio turístico de alojamiento, pero poco más».

Insistió en ello porque buena parte de las alegaciones presentadas –a falta de un estudio en profundidad de todas ellas, que aún no se ha realizado–, reclaman cuestiones que exceden las atribuciones de Turismo. «Se han hecho planteamientos que son de imposible aplicación y que, por tanto, pueden confundir a la opinión pública». Es el caso, por ejemplo, de las peticiones para limitar la actividad de las viviendas turísticas a un determinado periodo de tiempo, «una medida inoperante» para Fernández, dado que el Gobierno regional no puede controlar si se presta el servicio al carecer de unos datos que manejan «las plataformas y la Agencia Tributaria», sin estar obligadas a facilitarlos. «En todo caso, la vivienda que se alquile y no sea una vivienda de uso turístico se rige por la Ley de arrendamientos urbanos», de carácter estatal y en la que Turismo carece de competencia.

En cuanto a la posibilidad de limitar el número de viviendas por titular, o que éste no pueda ser una persona jurídica, aclaró que excluir a las personas jurídicas «chocaría con la directiva europea de servicios y con la doctrina del Consejo de Estado». «Cualquier limitación al ejercicio de una actividad de servicios tiene que someterse a una razón de imperiosa necesidad, según la ley 17/2009; limitar el número de viviendas es un límite al derecho de la propiedad privada que es inadmisible con el derecho actual y es inadmisible en cuanto al libre ejercicio de la actividad de servicios».

Otro tanto sucede cuando se exigen requisitos en cuanto a dimensiones mínimas, equipamientos u otras condiciones. «Al tratarse de una vivienda, aunque sea de uso turístico, según la normativa actual, no se le pueden exigir condiciones más duras que las que se exigen a una vivienda residencial».

La consejera expresó su voluntad de incorporar al decreto «lo que se pueda y sea viable» y explicó que, una vez analizadas todas las alegaciones volverá a reunirse con todos los agentes concernidos antes de su redacción final «para buscar el máximo consenso sobre este documento».

Reconoció, no obstante, que todavía no hay fecha para que el texto definitivo vea la luz, teniendo en cuenta que, antes de su aprobación, el decreto ha de completar un periplo por otras consejerías, por los servicios jurídicos y el Consejo de Estado, «y, lógicamente, al salir de nuestra órbita no podemos saber cuánto va a tardar en volver a la Consejería».