Las consejerías de Cantabria aceleran su producción legislativa con 17 nuevas normas en cartera

En los dos primeros años de legislatura se han aprobado leyes importantes desde el punto de vista cualitativo, pero muy pocas para lo que es habitual en el Parlamento. Para muestra, las 36 normas que publicaron en el Boletín Oficial de Cantabria regionalistas y socialistas entre 2019 y 2023. Quizás esas dificultades menores de las esperadas que ha tenido el PP a la hora de buscar los apoyos necesarios es lo que le ha hecho apartar el miedo a perder votaciones y pisar el acelerador legislativo de cara a la segunda parte del mandato de Buruaga. Porque las consejerías tienen ahora hasta diecisiete leyes en cartera, algunas de tanta entidad como la Ley de Vivienda, cuyo anteproyecto acaba de presentar el consejero de Fomento, Roberto Media, y que aún podría sufrir modificaciones antes de llegar al Parlamento cántabro.

Allí están ya otros tres proyectos legislativos nacidos en Peña Herbosa. El más avanzado es el de la Ley de Juventud, que también tiene garantías de progresar gracias a un nuevo pacto PP-PRC. De hecho, será una realidad antes del verano. En el pleno de hoy también se debatirá la enmienda a la totalidad que ha presentado el PSOE a la Ley de Voluntariado, que también están analizando los diputados antes de presentar las enmiendas parciales.

La tercera norma que está en el Parlamento es la de Participación y Buen Gobierno -no es muy diferente a la que dejó redactada la regionalista Paula Fernández en su etapa en la Consejería de Presidencia, aunque no llegó a tramitarse-, que se encuentra en una etapa previa: la de las comparecencias de los expertos para asesorar a los grupos.

¿Qué otras leyes están en la línea de salida? Con cada uno de sus textos en un momento del proceso legislativo, las que tienen más trabajo por delante son las consejerías de Fomento y Presidencia. El departamento que dirige Roberto Media se centra en las leyes de Transporte Marítimo y Carreteras, pero sobre todo en la de Control Ambiental con el objetivo de reducir la carga burocrática de las empresas que quieren poner en marcha negocios sometidos a este procedimiento. Por su parte, Isabel Urrutia se ha autoimpuesto como tarea actualizar la de Función Pública y crear la de Despoblación. A este departamento también le corresponde gestionar las que impulsan colectivos para crear colegios profesionales, como han hecho los terapeutas ocupacionales y los técnicos en farmacia y parafarmacia.

En Sanidad, va más avanzada la Ley de Salud Digital -ya hay un borrador- que la de Salud Pública. Y en Inclusión, además de la de Voluntariado, han prometido otra de Accesibilidad Universal. Además, en esta área se abrió la pasada legislatura el proceso participativo para crear la Ley del Consejo LGTBI y no se ha finalizado. Ganadería está con la que regulará el funcionamiento de la Oficina de Calidad Alimentaria y Educación con las de Consejos Escolares y Autoridad Docente. Cultura, que dirigió la de Memoria Histórica, ahora no tiene ninguna abierta, igual que Economía, que aprobó la Ley del Plan Estadístico, que tiene carácter técnico.

Industria es el único departamento que ni ha hecho leyes ni piensa hacerlas. Leyes que suelen partir del Gobierno, pero también pueden nacer de los partidos. El PRC impulsó la de Juventud y ahora hará lo propio con la de Patrimonio Cultural.