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El Gobierno de Cantabria tiene intención de que su Ley de Simplificación, la norma que pretende reducir la carga burocrática que sufren empresas, instituciones y ... ciudadanos a la vez que contribuye a dinamizar la economía, entre en vigor a principios de año. El borrador ya está en el Parlamento para que los grupos incluyan sus aportaciones y, si lo consideran oportuno, también las recomendaciones que ha realizado el Consejo Económico y Social (Cescán), el órgano consultivo de la comunidad autónoma, que tiene entre sus funciones emitir informes sobre todos los proyectos legislativos.
En el referente a esta ley, el Cescán celebra que el Ejecutivo de Buruaga haya dado el paso de acometer un proceso de simplificación. Considera que el texto contiene aspectos «muy positivos» -con carácter general- y que encaja con los principios de la normativa europea y nacional en la materia. Sin embargo, también hace «reproches». Algunos relevantes, como el aviso sobre la posible inconstitucionalidad de ley. No tanto por su contenido, sino por aspectos formales.
Pero la principal crítica sí que tiene que ver con el fondo de la norma debido a que «hay un problema que no afronta». En concreto, critica que el proyecto «no aborda directamente la cuestión de la reducción del número total de procedimientos administrativos en Cantabria». Simplifica los procedimientos existentes -en aspectos como la reducción de plazos o con la creación de la figura de la declaración responsable-, introduce medidas de digitalización y modernización de la administración y modifica leyes sectoriales para agilizar trámites, pero «no hay disposiciones específicas dirigidas a reducir significativamente el número total de procedimientos administrativos». De ahí que llegue a afirmar que la Ley de Simplificación es «una oportunidad perdida para lograr una simplificación administrativa más profunda y efectiva».
Además, el Cescán pone 'peros' en la figura de los Proyectos Empresariales Estratégicos que quiere crear el Gobierno para activar una vía rápida para aquellas iniciativas que puedan contribuir más y mejor al desarrollo económico e industrial de Cantabria. Considera que la medida «es muy beneficiosa ya que tiene el potencial de atraer inversiones y estimular el desarrollo económico de la región». Sin embargo, alerta del peligro de que «discrecionalidad en la declaración de estos proyectos dé lugar a decisiones arbitrarias que favorezcan de manera desigual a ciertas empresas». Para reducir este riesgo, reclama correcciones e introducir algunas mejoras para que medida «sea justa y eficiente».
En este ámbito, el órgano observa dos problemas adicionales. El primero, de posible competencia desleal de grandes empresas frente a las pymes porque «dar prioridad a grandes proyectos podría ralentizar involuntariamente la tramitación de proyectos más pequeños». El segundo, relacionado con los plazos. En vez de acortarlos, «paradójicamente» esta vía extraordinaria podría alargarlos, «ya que estos proyectos suelen requerir análisis más detallados y necesitar más tiempo para una evaluación adecuada.
Los problemas de constitucionalidad son fácilmente subsanables. De hecho, en el Parlamento los grupos ya han hablado de introducir modificaciones para aplacar esta situación. ¿A qué se deben? A que se reproducen «innecesaria y literalmente» en el proyecto de ley «ingentes» disposiciones -el Cescán pone hasta dieciséis ejemplos- contenidas en la legislación estatal. Además de que esto puede dejar coja la norma autonómica en caso de que se modifiquen algunas de las disposiciones nacionales 'copiadas', el organismo recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional considera que esta práctica es «una invasión» de las competencias del Estado. Un informe de los jurídicos del Gobierno cántabro ya alertaba de esta posible inconstitucionalidad.
Mientras tanto, el Parlamento ha acordado habilitar el mes de enero -normalmente no hay actividad- para activar las comparecencias de los expertos que han pedido los grupos y otros trámites. Las que han sido aceptadas, porque el PSOE lamenta que muchas de sus peticiones han sido frenadas por PP y Vox, algo por lo que los socialistas les acusan de «amordazar a la sociedad civil». El Cescán no pone pegas a que la Ley de Simplificación modifique de golpe y sin debate hasta treinta leyes y decretos autonómicos, algo que sí han criticado PRC y PSOE.
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Ana del Castillo
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