Los conservacionistas ganan la batalla y logran que los jueces bloqueen los permisos para matar lobos

Tras conseguir la paralización cautelar de las mismas, Ascel ha logrado dos años después que los tribunales le den la razón en todos sus planteamientos sobre las «sentencias a muerte» del 'plan cántabro', que aseguran era el más «numeroso y destacado» de todas las comunidades para extraer ejemplares del territorio nacional. Las sentencias en bloque vienen a desautorizar al Gobierno de Cantabria dichas excepcionalidades porque no cumplen los requisitos establecidos por la ley desde la inclusión de la especie en el Lespre (Listado de Especies en Régimen de Protección Especial) en 2021. Asimismo, exponen que el Ejecutivo «no justificó» correctamente las extracciones.

El Gobierno regional confirmó ayer que ya ha recurrido todas las sentencias. Al respecto, el consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia (PP), quiso manifestar de nuevo su rechazo a la inclusión del lobo en el Lespre, además de criticar que el Ministerio de Transición Ecológica «no informe favorablemente para no autorizar extracciones puntuales, cuando se les requiere en los tribunales o las comunidades autónomas». A la par, el anterior consejero, Guillermo Blanco (PRC), que solicitó las extracciones anuladas, opinó ayer que el «único culpable» es el Gobierno de España, permitiendo que una asociación que ha sido «su apoyo espiritual» en la redacción de una ley «injusta» (el Lespre) se «cuelgue medallas» por esto. Recordó que hay cuatro comunidades (Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria) que han hecho «frente común» al Lespre y que aún queda por resolver el recurso de la Audiencia Nacional.

Palencia y Blanco coincidieron en que los recursos se han perdido porque faltaban los informes «preceptivos» del Ministerio para autorizar judicialmente las extracciones, «pero eso no lo quiso hacer nunca la ministra Teresa Ribera», incidió Blanco. Mientras, Palencia aprovechó para criticar «el oportunismo» de su antecesor en el cargo por «presionar» al Gobierno actual para pedir más autorizaciones, «cuando conocía la letra pequeña» de la nueva legislación, y por «generar falsas expectativas» en los ganaderos.

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