El PP considera probado que la actuación pública en Ecomasa fue «intachable»

Para el grupo popular, en cambio, la comisión ha sido «extemporánea y de escasa utilidad», porque, a su entender, ha quedado claro que no existen «más responsabilidades que la responsabilidad política de carácter indeterminado», que cree que debe ser matizada en función del contexto en que se gestó el proyecto, mientras ha quedado descartada cualquier otra responsabilidad, civil o penal.

Cree además que era de esperar al tratar asuntos que han sido o están siendo abordados en procesos judiciales, siempre en relación a la actuación de la empresa, y en ningún caso, en relación con la actuación pública, tanto de los responsables políticos del Gobierno de Ignacio Diego como de los técnicos de la administración.

El PP considera que ha quedado acreditado «de forma concluyente» que la actuación pública ha sido «ajustada a derecho, sin ningún tipo de irregularidad, ajustada a las normas y prácticas comunes en este tipo de operaciones», y que no existe siquiera «el carácter de excepcionalidad» en ninguna de las actuaciones. A su juicio, ese «escrupuloso» cumplimiento de la ley y las normas que regulan la actuación pública, que es especialmente relevante para el objeto de la comisión de investigación, ha sido puesto de manifiesto de manera explícita por todos los comparecientes.

El PP incide, en ese sentido, en que, tras varios procesos judiciales, algunos resueltos y otros pendientes de resolución, no haya habido más que una persona investigada por unos hechos muy concretos, unos cursos de formación, cuya causa ha sido archivada. Además entiende que ha quedado «sobradamente acreditado» que todas las decisiones estuvieron siempre amparadas por los informes preceptivos, e incluso refrendadas por acuerdos parlamentarios. Y también para el PP ha quedado demostrado que los promotores de este proyecto empresarial no solo no eran personas de «dudosa trayectoria o desconocidas», sino personas con una larga trayectoria profesional y empresarial en la región y vinculadas al sector en el que se desarrolló el proyecto.

Según el grupo popular, la cuantificación de la pérdida de la aportación pública a raíz de la quiebra de Ecomasa «ha sido magnificada por intereses políticos». Precisamente, el PRC ha hablado en sus conclusiones de una «estafa» de más de 20 millones de euros.

Por contra, el PP afirma que cuando se habla de una aportación de 18 millones de euros no se tiene en cuenta que existió una actividad empresarial durante varios años con el consiguiente retorno de una parte de esa aportación, y que está pendiente de sentencia el pleito en la Corte Francesa por estafa contra Wanders y sus auditorios, lo que, en su caso, permitiría recuperar los más de cuatro millones invertidos en la compra del 50 por ciento del capital de la compañía.

A esas razones une que una parte de la financiación se efectuó a raíz de una iniciativa parlamentaria que instaba a la administración regional a aportar recursos para salvar la situación de la empresa «ya enormemente complicada», una iniciativa, recuerda, que fue promovida por el PRC y aprobada sin ningún voto en contra.

Para los populares, no existen más responsabilidades que las de carácter político, que deben ser matizadas en función del contexto en que se gestó y se puso en marcha el proyecto.

Ve suficientemente demostrado que la voluntad política siempre ha sido la de trabajar por el interés público, colaborando en la promoción de un proyecto empresarial »con el motivo exclusivo» de garantizar el empleo a la mayor parte de los trabajadores afectados por el ERE de Teka.

En sus conclusiones lamenta también la «clara responsabilidad» que a su juicio tuvo el actual Ejecutivo PRC-PSOE en la liquidación de Ecomasa y dice que su actuación, adoptada, entiende, de forma legal y adecuada a la normativa, no está exenta de responsabilidades políticas.

Para el PP, de haber existido voluntad política de haber dado una oportunidad a la empresa por parte del Gobierno PRC-PSOE una vez reestructurada «no había obstáculos ni plazos insalvables», ni tampoco se hacía necesaria más disposición de dinero público.