las claves de la nueva ley de transparencia de Cantabria

La primera Ley de Transparencia de Cantabria se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria este Jueves Santo, día 29 de marzo. Han sido más de dos años de trabajo para desarrollar una norma autonómica -obligaba la Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno español en 2013- que va un paso más allá que la nacional. La cántabra, que entrará en vigor el 29 de septiembre de este año, es más ambiciosa que la nacional y establece un régimen de sanciones que tampoco recoge la aprobada por el Estado hace ya tres años. La Ley ha tenido varios cambios respecto al proyecto que salió del Gobierno y, de hecho, tiene un artículo más (pasa de los 51 a 52) tras un duro camino hasta su aprobación en el Parlamento el pasado 12 de marzo.

Toda la información y documento público de la comunidad autónoma que «sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad» e incluso lo no relevante. Básicamente, se publica todo lo que hace un gobierno (artículos 25 al 32). Desde todos los puestos de trabajo de la Administración y sus empresas, todos los detalles de los contratos con empresas y subcontratas, anteproyectos de ley, informes, subvenciones, convenios... Además, se publicarán las retribuciones, indemnizaciones y dietas, los bienes y currículums de los miembros del Gobierno, de los altos cargos, personal de confianza y máximos responsables de las empresas públicas, sociedades, fundaciones y los consorcios, así como las indemnizaciones que han de percibir al dejar de ejercer su cargo. Incluso, si alguien quiere algo no publicado (por ejemplo, el título de propiedad de un inmueble) y lo pide, se le dará, ya que una cosa es derecho de acceso a información pública (cualquier documento, el que sea) y otra la información sujeta a publicación.

A todo el entramado público de la región (artículos 4, 5 y 6). Desde el Gobierno al Parlamento, pasando por ayuntamientos, sociedades y la Universidad de Cantabria. También a partidos políticos, asociaciones, sindicatos, empresas, fundaciones, entidades de capital público pero con derecho privado y organizaciones empresariales que perciban ayudas o subvenciones durante un año en una cuantía superior a 25.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales sea dinero público, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Esta obligación se extenderá a las personas adjudicatarias de contratos del sector público y los beneficiarios de subvenciones.

La ley distingue entre casos leves, graves y muy graves. En el caso de los altos cargos, los incumplimientos leves llevan aparejadas multas de hasta 2.000 euros. A partir de los graves, las amonestaciones se empiezan a poner más duras: declaración de incumplimiento con publicidad, una multa comprendida 2.001 y 10.000 euros y cese en el cargo e imposibilidad de ocupar cargos similares durante un periodo entre uno y cinco años. En los casos muy graves, las sanciones se elevan hasta los 30.000 euros y la prohibición de ocupar un cargos directivos durante diez años, además de su cese. Las sanciones económicas sólo son para los sujetos de los artículos 5 y 6.

Sí, pero dentro de unos límites. Cualquier ciudadano podrá solicitar, gratis, cualquier documento en poder de las personas y entidades citadas antes y que haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones. Incluidos los informes preparatorios derivados de los órganos consultivos y las actas de reuniones deliberatorias referidas expresamente a la actividad pública. No se facilitará la información que esté todavía elaborándose o resúmenes y borradores internos. Y, en principio, tampoco se dará todo salvo lo especificado en el artículo 8. Es decir, los límites de la información que se puede hacer pública los pone el artículo 14 de la Ley 19/2013 de transparencia básica y otro límite es la Ley de Protección de Datos. En caso que se apliquen estos límites, hay una salvaguarda, pues se otorgará, siempre que sea posible, el acceso parcial a esa información pública. Y en el caso en que la Administración decida no facilitar esa información, el ciudadano siempre puede recurrir esta decisión ante la propia administración y también de forma gratuita o sino llegar a los tribunales en ultimo caso.

Puede pedir información cualquiera y desde cualquier medio. Simplemente hay que cumplir con unas cuestiones mínimas de procedimiento marcadas por la ley básica de Transparencia que, al ser básicos, la ley autonómica ha respetado (artículo 8 y siguientes). Para conseguir la información deseada el solicitante tendrá que dar su identidad real, una dirección de contacto, preferentemente electrónica. Por supuesto, esta es una ley hecha pensada para un futuro digital, pero también está previsto que los ciudadanos que en estos momentos no tengan un acceso al mundo digital puedan hacer valer esta Ley de Transparencia por otros medios. Cualquier ciudadano que no quiera o no pueda hacer una petición de información a través de internet lo puede solicitar mediante un escrito físico y ante el departamento al que corresponda. El solicitante no está obligado a explicar los motivos por los que pide esta información, pero sí que podrá hacerlo para que puedan ser tenidos en cuenta a la hora de que la Administración decida darlo o no. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.

Hay un plazo máximo de un mes desde la recepción por parte del órgano competente para resolver con carácter general. Este plazo podrá ampliarse por otro mes sólo en el caso de el volumen o la complejidad de la información que se solicita así exija o también se amplía ese plazo cuando sea necesaria una acción previa de elaboración o reelaboración y siempre previa notificación al solicitante. Si esa información involucra a más de una entidad, el plazo máximo será de 45 días. Si el solicitante no sabe a que órgano de la administración debe pedir esa información, el que reciba esa petición tiene obligación de redirigirla al órgano competente o, en su defecto, al órgano o unidad que lo coordine, es decir a la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía. Y por ejemplo, si la respuesta no se produce o no es lo que se quería, se puede hacer una reclamación –también gratuita- que responderá el Consejo de Transparencia –en virtud del convenio regulado en el artículo 18.