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Cuatro semanas después de las inundaciones que a finales de enero afectaron a media Cantabria, el Consorcio de Compensación, el organismo público que asumirá el pago de los daños producidos por el agua en los bienes asegurados, ha recibido ya casi 1.800 ... solicitudes de indemnización. Para ser exactos, 1.794. La cifra no ha dejado de crecer desde que se puso a disposición de los damnificados el teléfono gratuito 900 222 665, pero los responsables de este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, apuntan que el número final no experimentará ya grandes variaciones. Las que puedan provocar los más rezagados con el papeleo.
«Tengo la impresión de que alcanzaremos las dos mil. Hay que tener en cuenta que el ritmo de llegada de nuevas solicitudes se ha frenado, pero aún es significativo. Por ejemplo, hace dos semanas recibimos 250 y esta última la entrada ha sido de 90», apunta Alejandro Izuzquiza, director de Operaciones del Consorcio, quien también ha hecho un análisis de los tipos de bienes dañados. Sobre todo son viviendas, garajes y comunidades de vecinos, con 1.347 expedientes.
334 solicitudes de las 1.794 recibidas ya están resueltas. Son los casos menos graves o más fáciles de analizar.
1,3 millones de euros es el importe que ya han recibido los afectados por la catástrofe.
37 peritos siguen trabajando sobre el terreno para determinar los daños y confirmar que están asegurados.
2.000 expedientes es el número de afectados que cree el Consorcio que habrá en la región.
Esto demuestra que los peritos que en los tres días posteriores a la catástrofe hicieron un primer reconocimiento sobre el terreno en las localidades afectadas acertaron con el cálculo. Apenas se desviaron a la hora de contabilizar los locales, viviendas o vehículos anegados, aunque la desviación fue algo mayor en cuanto a la cuantía. En aquel balance de urgencia se hacía una estimación de 12 millones de euros. Sólo con los expedientes ya cerrados el montante es ya de 14,7 millones. Y con los que aún están abiertos se quedará entre 17 y 20 millones.
De determinar cuánto dinero corresponde a cada demandante se ha encargado un equipo de 37 profesionales. Su misión, que aún continúa, no se ha limitado a comprobar hasta dónde ha llegado el barro en el trastero o cuántos electrodomésticos ha destrozado el agua. Antes de entregar el cheque, también han tenido que mirar la letra pequeña de los contratos y confirmar que estos daños están protegidos por el seguro del propietario. Además, si así se contempla en la póliza, tienen derecho al pago por situaciones como la «pérdida de habitabilidad y desalojo forzoso» o la «pérdida de beneficios» en una empresa.
Pues bien, 334 cántabros ya han recibido un cheque por estos conceptos. Son el 19% del total y corresponden a los que habían sufrido contratiempos menos graves o aquellos que se pudieron cuantificar más rápido. Eso se traduce en 1,3 millones de euros que ya han pasado del Consorcio a la cuenta corriente de los damnificados por las inundaciones con un importe medio de 3.900 euros por solicitud.
En estos casos, el organismo público trata de agilizar al máximo posible los pagos, sobre todo pensando en aquellas personas que han tenido que dejar sus hogares o que se han visto obligadas a realizar una inversión importante para volver a poner en marcha sus negocios. Los primeros 125.000 euros se entregaron durante los diez primeros días. En la siguiente semana otros 325.000 y en la última 850.000 euros más.
El municipio en el que se han firmado la mayor parte de los expedientes es Torrelavega. De allí proceden 428. Es casi una cuarta parte del total. Le sigue otra localidad de la comarca del Besaya, Los Corrales de Buelna (347), mientras que otros 131 son de propietarios del municipio de Reocín. Los siguientes en la lista son Cabezón de la Sal (104), Piélagos y Reinosa, con 99 solicitudes cada uno, Arenas de Iguña (54) y Mazcuerras (50).
A todo lo anterior hay que sumar los gastos que han tenido que asumir por este episodio las administraciones públicas. Gobierno regional y ayuntamientos están terminando de elaborar sus informes para remitirlos al Estado con la intención de que éste pague el 50%.
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