El Constitucional da la razón al Colegio Torrevelo casi diez años después

La decisión, muy aplaudida por los sindicatos de enseñanza, cayó como un jarro de agua fría en los padres del alumnado. El centro no dejó de impartir clases, pero la medida conllevó el incremento del precio de la matrícula y de otros gastos vinculados a la escolarización. Así que la asociación de padres del colegio de Mogro, lejos de amilanarse, emprendió una cruzada judicial para restaurar el concierto.

Perdió la batalla en los tribunales cántabros (junio de 2011) y también en el Supremo (julio de 2012). Pero para entonces el Gobierno de Cantabria había dado un giro copernicano y el PP, con mayoría absoluta, se instaló en la calle Peña Herbosa. Junto a los recortes, casi lo primero que hizo fue recuperar el concierto educativo con el Torrevelo, una postura acorde con la política del partido de que los colegios de educación diferencia tienen el mismo apoyo que los mixtos. Para sortear la ley, la empresa Fomento de Centros de Enseñanzas acudió a una argucia administrativa: fusionó los dos centros (Torrevelo y Peñalabra) y los convirtió en un solo colegio mixto. La decisión del exconsejero Miguel Ángel Serna provocó la reacción del PSOE y CC OO, que quisieron recurrir el acuerdo, aunque los tribunales se lo impidieron por falta de legitimidad.

A pesar que había recuperado la financiación pública, la asociación de padres no cejó en su empeño y en 2013 solicitó el amparo del Tribunal Constitucional (TC). ¿Para qué? «Queremos que la enseñanza diferenciada, como modelo pedagógico, sea reconocida como otra opción legítima con derecho a subvenciones del Gobierno», aseguró entonces la directora Lourdes Maldonado. Ahora, el Constitucional les ha dado la razón y ha dicho que la denegación de la renovación del concierto supuso «una injerencia en la libertad educativa de los padres de los alumnos del colegio Torrevelo, que no hallaba cobertura legal en la LOE». En una sentencia firmada el pasado 8 de julio, con el voto particular de dos magistrados, el Constitucional subraya que la Consejería de Educación «vulneró» el derecho de los padres a elegir el centro y el tipo de formación de sus hijos. Por eso, ordena la reapertura del procedimiento administrativo para que el Gobierno cántabro devuelva el concierto al Torrevelo. La victoria judicial es una victoria moral, porque en la práctica la resolución del Constitucional, nueve años después de recabar su amparo, llega tarde. El centro cuenta con financiación pública desde el año 2011.

Y es que en los años transcurridos han pasado muchas cosas en materia educativa. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 una nueva ley educativa, la LOMCE, también llamada 'ley Wert', que incluyó la separación de alumnos por sexos, una reforma que entró en vigor en el curso 2014/2015. En clave política regional, el bipartito de PRC-PSOE recuperó el Gobierno, pero mantuvo los conciertos por imperativo legal, atado a la nueva ley estatal. «Mientras no se derogue, nosotros cumplimos la ley y ésta contempla que los centros segregadores tengan concierto. Pero en el momento en que se produzca un cambio en la ley, si el Torrevelo incumple y sigue segregando por sexos, el Gobierno de coalición volverá a retirarle el concierto», amenazó el entonces consejero de Educación Ramón Ruiz, hoy sustituido.

Y es que el PSOE había impugnado la 'ley Wert' ante el Constitucional, una cuestión que el TC zanjó el pasado mes de abril cuando dijo que la educación segregada por sexos «no causa discriminación» y «es respetuosa con la Constitución». La sentencia del Constitucional, apoyada por ocho de los doce magistrados, concluyó que los centros privados de educación diferenciada por sexos pueden recibir dinero del «sistema de financiación pública en condiciones de igualdad» con el resto de colegios, desestimando así el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE impuso en 2014. «El sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria», apuntó la sentencia.