El Constitucional suspende la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha paralizado la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria aprobada por el Parlamento regional con los votos de PP y Vox. Y lo ha hecho tras admitir a trámite el recurso presentado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de febrero. El Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución y por tanto la Ley de Memoria aprobada por PSOE y PRC la pasada legislatura seguirá en vigor hasta que se resuelva el recurso del Gobierno y se entre al fondo del asunto.

El texto que ahora queda suspendido cautelarmente dejaba sin efecto gran parte de la norma de PRC y PSOE, aunque consagraba el derecho de las familias a recuperar los restos de los represaliados por ambos bandos durante la Guerra Civil y la dictadura. Ya durante el pleno del Parlamento del pasado 4 de noviembre, cuando salió adelante esta derogación, quedó más que claro que el Gobierno central llevaría este asunto ante el Tribunal Constitucional. La tesis de socialistas y regionalistas es que la ley que derogaba la suya «impone el olvido de los crímenes del franquismo».

En su recurso al TC, el Gobierno alega que la norma podría vulnerar los artículos 10 y 15 de la Constitución por la derogación del estatuto jurídico de las víctimas. También sostiene que la ley podría ser contraria al orden constitucional de distribución competencial recogido en los artículos 149.1.1 y 149.1.30 de la Constitución y a los principios de colaboración y cooperación.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez dio el paso ante el TC después de que Cantabria declinara la invitación del Estado para abrir el procedimiento del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para intentar alcanzar un acuerdo, a través del diálogo, en la Comisión Bilateral de Cooperación. Es la segunda vez que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática recurre la derogación de una ley de este tipo impulsada por una comunidad autónoma. Antes que Cantabria, también presentó recurso contra la norma de Aragón, apoyada también por PP y Vox, además del Partido Aragonesista.

En el caso de Cantabria, el Gobierno de España considera que la nueva ley «no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática, sino que elimina todas las previsiones de la ley de Memoria Democrática autonómica y deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la Ley estatal». En consecuencia, esta derogación en bloque, en opinión de los servicios jurídicos del Ministerio, «menoscaba el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática nacional.

El Ejecutivo recuerda que el Estado tiene competencia exclusiva en la materia y que las autonomías pueden hacer sus propias leyes, de forma subsidiaria, siempre que no vayan en contra de la primera. En el caso de la ley impulsada por PP y Vox en Cantabria -en este caso la iniciativa no partió del Gobierno de Buruaga, sino de los grupos-, ambos textos sí serían contrarios.

Parte de los argumentos de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga Gómez, para firmar la derogación fue «nació muerta» porque «no hubo consenso» en su tramitación. «De una ley que pretendía reparar a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura podría haberse esperado un cierto grado de consenso que supusiera, en efecto, una auténtica reparación», dijo en el preámbulo de la derogación de la norma.

PCR y PSOE denunciaron, por contra, en el Parlamento regional que con ella se derogaba una norma que reconocía «los derechos de todas las víctimas», cerraba heridas, y que acababa con una «mentira intencionada», que «instala en el olvido los crímenes del franquismo».

Para la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, la decisión del Tribunal Constitucional «es una victoria para la justicia, la dignidad y los derechos humanos.» «Deseamos que esta suspensión, ahora cautelar, sea definitiva cuando se resuelva el recurso», señala la política socialista que advierte de que «la decisión de PP y la ultraderecha de eliminar esta ley suponía un retroceso inadmisible en la reparación de las víctimas del franquismo y en el reconocimiento de nuestra historia reciente. No podemos permitir que el sectarismo y la amnesia institucional reemplacen el derecho de las familias a conocer la verdad y preservar la memoria de quienes lucharon por la democracia y la libertad».

Por su parte, El secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, considera que el TC «ha hecho justicia» al paralizar la derogación de la ley porque «era un atropello para los derechos democráticos». Por ello, ha pedido al PP «cumplir la legalidad». «No vamos a permitir al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga y al PP ni un solo recorte, ni un solo retroceso en nuestros derechos», ha enfatizado en un comunicado.

El secretario general de los socialistas cántabros ha agradecido al Gobierno de Pedro Sánchez en su conjunto y en concreto al ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; al secretario de Estado, Fernando Martínez; y a la directora general, Zoraida Hijosa, «su trabajo para garantizar los derechos y para velar por Cantabria y la memoria de los cántabros».

Izquierda Unida de Cantabria ha aplaudido la decisión del Tribunal Constitucional . «La derogación impulsada por el Partido Popular y Vox representaba un grave retroceso en los derechos de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil. La suspensión de esta derogación es una victoria para la justicia y la memoria histórica en nuestra comunidad», ha opinado el coordinador de IU en la comunidad, Israel Ruiz Salmón.

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