Los constructores denuncian la «falta de transparencia» en el derribo de la Residencia

«El abuso de utilización de los medios propios por parte de las administraciones supone una amenaza para la competencia empresarial», critica la asociación que representa a los constructores y promotores cántabros, y que defiende la necesidad de que las empresas compitan «en igualdad de condiciones para seguir creando riqueza, empleo y bienestar para la sociedad».

Según informó durante el reciente debate sobre el estado de la región la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la demolición del edificio arrancará tras el verano, costará 17,5 millones de euros y durará dos años.

La patronal del sector urge a las administraciones a abordar la «falta de transparencia» en la contratación de empresas de capital público, como es el caso de Tragsa, al ser un proceso que «genera dudas sobre la imparcialidad y la equidad» en la selección de contratistas: «Si no se proporciona acceso público a la información sobre los criterios de selección, los licitantes potenciales pueden cuestionar la integridad del proceso».

Además, la ACP critica que los contratos se otorgan «de manera arbitraria o por motivos no relacionados con la calidad o el precio de la oferta» lo que conduce a «situaciones de favoritismo hacia ciertos contratistas», algo «injusto» y que puede suponer «un desperdicio de recursos públicos».