La UC convertirá en indefinidos a unos 300 profesores asociados con la nueva Ley de Universidades

Precisamente, esta ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público es la que menos impacto está teniendo en las plantillas docentes e investigadoras de la UC dado que la institución académica ya avanzó terreno años atrás. A modo de ejemplo, entre 2016 y el presente ejercicio, la Universidad ha estabilizado 140 plazas de profesor contratado doctor después de que los aspirantes superaran sus correspondientes oposiciones. Además, la UC ha consolidado con otros procesos selectivos alrededor de 40 puestos más en el área del PAS (Personal de Administración y Servicios). En cualquier caso, en el área del profesorado, la institución dirigida por Ángel Pazos no ha tenido que enfrentarse con una situación con altas tasas de interinidad. «Nos hemos esforzado mucho en sacar plazas para estabilizar a los interinos y en 2021 -año de aprobación de la ley- no teníamos prácticamente casos», asegura el rector.

Sin embargo, tanto la LOSU como la reforma laboral aprobada en el año 2022 dejan o dejarán poso a corto plazo en las plantillas de la Universidad. En virtud de la primera ley, las universidades españolas tienen que hacer cambios en figuras como la de profesor asociado, que, a grandes rasgos, o al menos mayoritariamente en la UC, son profesionales con un trabajo ajeno a la institución que imparten docencia puntual durante una serie de horas a la semana. La media en la UC es de cinco. Con todo, la LOSU apunta a reconvertir sus contratos en indefinidos y la UC cumplirá con este mandato a partir de 2025, cambiando así la relación contractual que ya mantiene con alrededor de 300 profesionales (y no con los 450 totales, ya que la ley marca como excepción en este cambio a los profesionales adscritos al área de Ciencias de la Salud, precisa el rector).

La LOSU fija que hay que convertir en indefinidos a los profesores asociados que cumplan ciertos criterios -que estén doctorados, por ejemplo- para resolver con ello la situación que arrastran algunas universidades españolas, que han tirado de esa figura para nutrir sus plantillas docentes; una situación que se agudizó con la crisis de 2008 y con los recortes o la eliminación de la tasa de reposición -la que cubre, principalmente, las jubilaciones- que trajo aparejados. Ahora, con la LOSU se quiere estabilizar a esos profesores y regularizar su situación.

Pazos pone en contexto la situación en la que se encuentra la UC, donde el profesor asociado, incide, responde sobre todo al profesional que presta docencia puntual y cuya dedicación principal está fuera del campus. El rector, en cualquier caso, ya se ha mostrado crítico con algunos aspectos de esta ley y, en este asunto concreto, el mayor «perjuicio» que observa no es tanto el económico como el «burocrático». La conversión en indefinidos, precisa, no es tanto que la UC vaya a incluir en su plantilla a 300 nuevos profesionales, sino a reconvertir sus contratos «por una razón legal». Además, «hay que tener en cuenta que el cálculo de interinidad no se hace por persona, sino por equivalente de jornada», lo que rebajaría sustancialmente el peso de la contratación.

En virtud de la reforma laboral, la UC también convertirá en indefinidos, aproximadamente, al 60% de los 489 investigadores contratados para un proyecto concreto -el resto lo estarían a través de convocatorias públicas-. Al eliminar la reforma la vía del contrato por obra y servicio, estos investigadores pasarán a tener un contrato indefinido, hecho que la UC ya ha aplicado en cerca de una veintena de casos. Más allá de aumentar la burocracia, la reforma del Gobierno central no acaba de resolver cómo se ejecutará el fin de los contratos si, por ejemplo, el grupo de investigación pierde la financiación, temiendo la UC que aumente «la litigiosidad» en estos casos.