El coste del absentismo del profesorado se triplica en nueve años y llega a 27 millones

La propuesta de la Consejería es, cuanto menos, singular. El criterio del absentismo no se ha usado, por ejemplo, en la negociación salarial de los profesionales sanitarios. En cualquier caso, no es un asunto únicamente en boca de Educación, sino también del resto del Gobierno y de las patronales. Proliferan los informes que lo cuantifican –entre los más recientes, el de Adecco, que sitúa a Cantabria como la sexta comunidad en este ranking, con una tasa del 7,05%– y los Observatorios que lo monitorizan, como el de CEOE-Cepyme y Mutua Montañesa, que estima que 2024 acabó con 10.833 trabajadores sin acudir a diario a su puesto por incapacidad temporal, con un coste para las empresas de 650 millones. Según los informes, el absentismo –que no se trata solo de bajas injustificadas, sino, esencialmente, como las IT, de bajas avaladas por un profesional médico– ha crecido en todos los sectores: industria, servicios o construcción. También han crecido los accidentes o la siniestralidad laboral. ¿Y qué lo explica? Al margen del punto de inflexión que supuso el covid, hay «múltiples factores» tras el fenómeno. Así se señaló en el II Foro del Absentismo Laboral de CEOE y la Mutua, en el que el consejero de Salud, César Pascual, citó el envejecimiento o «la falta de respuesta» de un sistema de salud «saturado» como parte de los factores. Buscando causas más ajustadas al ámbito educativo, el último informe del Defensor del Docente identificó que el 16 % de los profesionales del país causó baja por ansiedad y depresión.

La Consejería no ha dado a conocer datos globales sobre incapacidad temporal o absentismo, y sustenta su propuesta y su «preocupación» en el dinero que destina a las sustituciones del profesorado en los últimos años (sustituciones que incluyen bajas médicas, pero también permisos). En 2024, fueron 27 millones, una cantidad que, según subraya Silva, casi se ha triplicado sobre 2016.

A la luz de los datos de Educación, la situación cambió tras el covid. Si en 2020, la inversión estaba en torno a los 14,6 millones, cinco años después se sitúa en los 27 mencionados, siempre al alza y con un único retroceso en 2023. «Se nos encienden las luces de alarma porque esperábamos que, después del covid», la situación «se iba a estabilizar, pero no ha sido así», sostiene Silva.

El consejero ha incidido en estas cifras en los primeros compases de la negociación con la Junta de Personal Docente, su interlocutora en el proceso. La Junta le propone adecuar su salario con un aumento de 325 euros de aquí a 2027; Silva, en cambio, les ofrece 90, y, al margen de esta subida lineal, introduce los complementos por ruralidad, formación y absentismo.

Si bien el consejero no quiere «señalar de ninguna manera a los docentes» ni «minar la confianza» social en los trabajadores de su departamento, los sindicatos cuestionan su planteamiento: STEC lo califica de «denigrante e indignante» y ANPE señaló ayer que las declaraciones de Silva han generado «una gran preocupación entre el colectivo docente», que ve con «inquietud» la «evidente relación entre las condiciones laborales y la salud del personal»; y pide a la Consejería que les facilite, «lo antes posible, información detallada sobre las bajas por enfermedad (IT)» desde el curso 2015-16, entre otros datos.

Al hilo, CC OO denuncia un «grave problema educativo y laboral» en el colegio de Ruiloba, que redunda precisamente en el tema de las bajas, ya que hay cuatro profesionales en esta situación (y siete el pasado curso, la mitad de la plantilla) por la «inacción» de la Consejería. La delegada sindical de CC OO detectó «posibles riesgos psicosociales» en el centro, solicitando a Educación «una evaluación», que fue denegada. Ahora, el colegio se ha convertido «en un polvorín» para docentes y familias. «La mala gestión del centro y la inacción» de Educación afecta «a la salud de la plantilla», a la «calidad educativa» y eleva «innecesariamente la partida presupuestaria de bajas», denuncia el sindicato.

Silva ha propuesto este «incentivo» de 240 euros, pero se aviene también a «mejorar» asuntos como la inspección o los reconocimientos médicos, que reclaman desde hace tiempo sindicatos como STEC. «No me aparto de eso, pero no podemos hacer como si no pasara nada», declara Silva, que quiere «hacer ver que este tema hay que abordarlo entre todos, poner el tema encima de la mesa».

Para el consejero, la «realidad de gasto» es tal que, «o tomamos medidas o no va a ser manejable», y seguirá constituyendo una «losa en el presupuesto» que le impide maniobrar, asegura, en favor de una «mejor oferta» retributiva. Para remarcar la preocupación generalizada por el absentismo, Silva cita la propuesta del Gobierno central por el retorno progresivo al trabajo para bajas de más de 90 días. «No queremos enfrentar ni que nadie se sienta señalado, pero hay que hablar de esto», insiste.