El coste de demoler y levantar la nueva Vuelta Ostrera se eleva a los 127 millones

En total, la operación para sustituir Vuelta Ostrera I por Vuelta Ostrera II se elevará finalmente hasta los 127 millones de euros, entre los 15,3 millones que costará demoler la depuradora actual y los 112,1 millones reservados para levantar la nueva.

Como estaba previsto, en ningún momento durante la ejecución de los trabajos se verterán en la ría de San Martín de la Arena las aguas residuales sin depurar de los 23 municipios a los que da servicio. Será así porque, una vez conocido el contenido de la sentencia, el colectivo ecologista ARCA –el que puso la primera denuncia– y el Gobierno central llegaron a un acuerdo para no demoler la planta hasta que no existiera otra ubicación alternativa. En 2013, ARCA se desmarcó de ese acuerdo en vista de que el Ministerio no cumplía con las medidas correctoras pactadas en contraprestación y pidió la ejecución de la sentencia de derribo, pero el Tribunal Supremo ha permitido aplazarla mientras que el Ejecutivo demuestre que sigue dando pasos y que no está parado. Que sigue llevando a cabo los estudios necesarios para elegir con garantías la mejor ubicación.

Desde entonces, han sido muchos los contratos adjudicados y mucho el dinero empleado en documentación. Muchos informes antes de conocer en 2021 que el Estado había elegido Cortiguera para levantar la nueva depuradora y también muchos informes después de tomar esta decisión. En teoría, porque el órgano ambiental solicitaba información adicional a la ya existente.

Aunque el compromiso de la Confederación es tener todo acabado en «marzo de 2025», todavía se están licitando contratos ambientales. El último, por 79.400 euros, servirá para realizar un estudio acústico subacuático y analizar cómo afectarían a las especies animales las obras del emisario –también hay dos alternativas posibles para construirlo– para devolver al mar en Suances el agua ya depurada. Estas labores podrían «repercutir sobre las especies faunísticas de la zona, destacando las colonias de cormorán moñudo y paíño europeo cercanas y los cetáceos». «Deben ser valoradas y consideradas a la hora de paliar sus efectos sobre la fauna marina durante cualquier operación que sea susceptible de generar un impacto acústico», ya que estos ruidos se solapan con los rangos de audición y vocalización de los mamíferos marinos, tortugas y peces. Hay un segundo contrato de este tipo sin adjudicar por 30.000 euros para analizar «el nivel de turbidez, dilución y alcance de la pluma de vertido durante el dragado» por la instalación del futuro emisor.

En este nuevo escenario, a partir de marzo de 2025 podría empezar a licitarse la construcción de la nueva planta, que si se siguen alargando los plazos, entre que se levanta y se pone en marcha, podría no funcionar hasta 2032, el año en el que acabaría la vida útil de la actual. Todo en teoría y si los últimos estudios no aconsejan ahora otra ubicación alternativa o si las alegaciones de los colectivos ecologistas y vecinales –la oposición en Cortiguera es general– no son suficientemente contundentes. Ya ocurrió en el pasado: la primera opción fue Cortiguera, después el Ministerio apostó por la isla de Monti y al ver que había suelos contaminados, tras muchas vueltas, volvió al punto de inicio.

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