El coste del gas y de la luz y la renovación de contratos pone en aprietos a las instituciones

En el fondo es como la economía de una casa. El aumento de gastos 'de rutina' deja menos dinero en el bolsillo. Menos para gastar en otras cosas y más necesidad de apretarse el cinturón. Pues aquí es lo mismo, pero más grande. Hay diferencias, eso sí, a la hora de poder elegir proveedor. Hay contratos individuales y otros –acuerdos marco– a los que las entidades pueden adherirse. En este último caso están, por ejemplo, los que ofrece la Federación Española de Municipios a los ayuntamientos o el Gobierno de Cantabria a diferentes instituciones a través de la Consejería de Presidencia. Acuerdos por un tiempo y por unas condiciones que se negocian directamente con las compañías (son consumidores 'de peso' y a unos y a otros les interesa llegar a cerrar relaciones). De hecho, eso, sobre todo con la luz, ha permitido a muchos salvar este año. Incluso, por la vía de la bajada de impuestos, hasta ahorrar una cantidad. Pero esos documentos tienen fecha de caducidad. Y ahí empiezan los temblores. Las renovaciones ya se notan en la factura en los que han tenido que hacerlas estos meses y, a los que no las han hecho todavía, les toca prepararse.

Y ahorrar. Más allá de esa reducción de consumos que viene obligada por las últimas normas energéticas, las instituciones tratan de reducir su demanda. Inicialmente, por presumir de ser más sostenibles en tiempos de concienciación. Pero ahora, en mayor medida, también por aliviar su factura. Cambios a LED, sensores de encendido y apagado, calderas más modernas, monitorización, criterios de eficiencia en la construcción, utilización de renovables... También normas de uso para los empleados públicos (ojo con dejar el ordenador encendido y cosas así).

El problema es que buena parte de esas medidas requieren de inversiones. Y, cuando el margen de gasto es estrecho –un instituto, un pequeño ayuntamiento, la universidad...–, la factura de la luz o del gas lo hace más estrecho todavía. La pescadilla que se muerde la cola.

Es, hablando de instituciones públicas, el gran contrato. Un acuerdo marco que se negocia desde la Consejería de Presidencia del Gobierno regional para la luz y al que pueden adherirse distintos organismos (incluidos los ayuntamientos). Firmado con EDP Clientes, el acuerdo –por cuatro años– tenía un cálculo estimado de 31 millones. Renovarlo en las mismas condiciones de consumo con las tarifas que se manejan en la actualidad podría llevar ese gasto por encima de los 80 (la cifra estimada es de 80.189.655 euros). El acuerdo caduca en marzo del año próximo, aunque el Ejecutivo, que trabaja también para tener un acuerdo marco con el gas, ha conseguido unos 'preciosos' meses de margen.

«Son destinatarios de este acuerdo marco la Administración General, así como organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de la misma (excepto Valdecilla)», explican desde el Ejecutivo. A eso hay que sumar los que pueden adherirse, previa conformidad de la empresa. En la práctica, en el contrato vigente son la Universidad de Cantabria, Mare, Cantur, la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, la Fundación Diagrama y 19 ayuntamientos de la región (en la ficha adjunta).

Se trata de un acuerdo marco a precio fijo para cada tarifa que finaliza el 22 de marzo de 2023 y que supone mantener los precios desde el inicio del contrato «salvo pequeñas variaciones normativas». Para hacerse una idea de lo que implica el cambio, el importe mensual de las facturas «de todas las consejerías, organismos autónomos y empresas públicas adheridas» sale aproximadamente por 1,4 millones de euros. Pero «si el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) sigue en los niveles actuales (por encima de 150 euros/Mwh), se estima que aumente entre dos y tres veces respecto a lo que se paga actualmente», confirman desde Peña Herbosa. O sea, ponerse en torno a cuatro millones.

Desde Presidencia destacaron recientemente que el Ejecutivo «ahorrará 18 millones este ejercicio» al prorrogar el acuerdo manteniendo los precios de 2019. «Esquivar el alza», destacó la consejera Paula Fernández, que define como un gran avance «la posibilidad de tardar unos meses más en renovarlo». O sea, tener un margen más allá del 23 de marzo del año próximo. «Una carencia de unos meses».

Al repasar las cifras, la consejera reconoce que se trata de un asunto «muy gordo». Primero, por el «ahorro» que supone para muchas instituciones, «pero también por la tramitación de los contratos». La posibilidad de «quitar burocracia» en pequeños ayuntamientos, por ejemplo. Y la negociación es de calado, dando por hecho que «cada uno –compañía y administración pública– tira por lo suyo». «Es muchísimo dinero y esperemos que salga bien».

¿Cómo afecta esto en los presupuestos del año próximo? Fernández explica que ya están «contempladas las subidas». En ese sentido, juega con el margen de los tres meses en las condiciones actuales (hasta marzo) y también con esa carencia que se ha negociado (y que supondrá mantener esas condiciones otro puñado de meses). Eso permite amortiguar el golpe en 2023. Es clave, «porque al final lo que va para pagar esto es un dinero que no podrá ir a inversiones».

Además, la responsable de Presidencia cuenta que llevan «un año» tramitando un acuerdo marco también para el gas, con lo que se ampliaría la posibilidad de adherirse a las empresas públicas y ayuntamientos a otro de los suministros que anda por las nubes. Sería para «gas y gasóleo para calefacción». «Actualmente cada consejería, organismo autónomo o empresa pública contrata estos suministros por su cuenta, porque no está todavía centralizado», aclaran los técnicos desde su departamento.

«Más allá del contrato, estamos ante un cambio de actitudes y de costumbres. Los ahorros que se han conseguido tras el decreto del Estado (el de las medidas energéticas) no es cosa sólo de un mes, es algo con lo que llevábamos ya un tiempo», destaca Fernández. Así, en su consejería presumen de haber reducido el consumo eléctrico en sus edificios públicos un 42% en el último año. La idea es establecer un plan general de medidas que se aplique a todas las consejerías, y no trabajar de forma individual.

La Universidad de Cantabria tiene monitorizados los consumos. Los números son claros. El presupuesto asignado para el gas este año era de 450.000 euros. En abril les tocó renovar el contrato y, finalmente, se irán (consumiendo lo mismo) a 700.000. Ya lo saben porque el cálculo de la tarifa para el trimestre sale en un 75% de un valor promedio en el trimestre anterior (según la cotización en el mercado internacional) y, en un 25%, de un valor de futuro. Siendo considerable, no parece tanto. Pero hay que tener en cuenta que esa subida es en muy poco tiempo. El primer trimestre aplicó la tarifa anterior y prácticamente hasta noviembre no habrá que tirar de calefacción. Por eso, es mejor tomar el dato de diciembre. En 2021, 60.000 euros. En 2022, 200.000. En un mes. Así que la estimación para un año entero (con tarifas actuales y mismos consumos) se iría a 2.400.000.

No se pierdan. Sería pasar de 450.000 euros a casi dos millones y medio. Con la luz, la Universidad está adherida al contrato del Gobierno. De hecho, se ahorrarán unos 350.000 euros de lo presupuestado (que eran 1.450.000 euros). Con ese ahorro pagarán, precisamente, el aumento del gas. Pero dan por hecho que la factura del año próximo (con la incógnita de la renovación del contrato) se irá a unos tres millones. Entre una cosa y otra, en 2023, unos cuatro millones más de gastos.

«Es complicado. No es una cantidad despreciable y afecta directamente en la política universitaria». En el margen de maniobra para invertir, por ejemplo, en investigación, explica Mario Mañana, vicerrector de Campus, Sostenibilidad y Transformación Digital. Toca tomar decisiones. Hasta ahora, la estrategia para ahorrar se basaba en medidas básicamente tecnológicas (LED, mejora de calderas...). Acciones para las que hay que invertir. Ahora, la propuesta al Consejo de Gobierno será de tipo «organizativo». Como ya hacen en otras universidades, ser «más restrictivos en el uso de la calefacción (encender la caldera cuando la temperatura exterior esté por debajo de 14 o 15 grados) y reducir el horario de apertura de los centros en función de sus peculiaridades».

El instituto de Reinosa está adherido al contrato del Gobierno para la luz. Eso, por ahora, les ha evitado grandes problemas en este ámbito (de hecho, con las reducciones de impuestos, el curso pasado ahorraron 3.500 euros). Las complicaciones vienen con el gas. Y más, en Reinosa (son, por motivos obvios, los que más consumen en Cantabria, y además ocupan cinco edificios). Los datos hablan por sí solos: de pagar 31.000 euros un curso a 103.000 el siguiente. «Es terrible, algo que hunde la economía de los centros», apunta Norberto García, su director.

Mientras que en Primaria el mantenimiento de los colegios corre por cuenta de los ayuntamientos, en Secundaria se autogestionan. Cada centro negocia con una empresa («estoy convencido de que pagamos la tarifa más barata posible», dice) e ingresa de la Consejería una partida para los gastos ordinarios. Ellos están con Repsol con un acuerdo vigente hasta febrero/marzo de 2023 (que, en principio, elevaría aún más las tarifas). «Una subida de 70.000 euros con el mismo consumo, porque no hemos gastado más, de un presupuesto de gastos ordinarios de poco más de 100.000 no te permite invertir en nada». Lo que sube por un lado hay que quitarlo de otro.

García, que es portavoz de la comisión de directores, asegura que tienen el compromiso verbal de la Consejería de cara a hacer frente a esta situación. Tendrán, de hecho, una reunión próximamente en la que propondrán calcular proporcionalmente los efectos en cada centro, la necesidad «de hacer un plan de ahorro energético general, en todos los centros» y la «apuesta real ya» por las inversiones en renovables.

En el Ayuntamiento de Santander toca renovar el contrato de suministro de energía eléctrica (el actual es con Endesa) a finales de año. «Se está trabajando desde el servicio de ingeniería industrial en los pliegos para su licitación», explican sin dar muchos datos de subidas estimadas e impacto que eso puede causar en las cuentas. Están, dicen, «en contacto con la central de contratación de la Federación Española de Municipios (FEMP)» por si, «llegado el caso, también pudiera ser una alternativa el hecho de adherirse si las condiciones fueran mejores que las obtenidas del proceso de licitación». Eso sí, desde el Consistorio admiten que «ya se han pagado recibos del combustible del TUS con remanentes, pero en este caso aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto». Mientras, en Torrelavega, renovar el acuerdo para el suministro del gas que tenían también con la FEMP hasta hace poco supondrá un incremento del gasto de unos 120.000 euros.

980.000euros pagó Santander en 2021 por la factura relativa al alumbrado público.

Los números que ofrecen desde la capital, más que para saber si ahora pagan más (lo que destacan son las medidas que han llevado a cabo en los últimos años para conseguir ahorros de consumo), sirven para hacerse una idea de los importes. En 2021, los principales recibos de electricidad se fueron en alumbrado público (980.000 euros), dependencias municipales (773.000), Instituto Municipal de Deportes (283.000) y colegios (255.000). A esto se suma, por ejemplo, una factura de 12.000 euros de los semáforos. En cuanto al gas, el contrato de suministro del municipio es con Gas Naturgy y el importe más alto el pasado año fue el de los 255.000 euros en los colegios.

A esto –como ya se señaló en el arranque de este reportaje– hay que añadir la información que ofreció el Consistorio esta semana sobre el coste del biodiésel utilizado para los autobuses, que se ha incrementado un 63% en lo que va de año. Destacaban entonces la incertidumbre por un «escenario totalmente imprevisible» en los próximos meses dado que, aseguran, los servicios municipales ya se están viendo «afectados» y el mercado «no dibuja una mejoría próxima».

Desde el Ayuntamiento de Torrelavega detallan que tienen contrato en vigor en la electricidad con la empresa Nexus Energía. Que firmaron por un periodo de tres años a contar desde marzo de 2021, por lo que vence en marzo de 2024. Es «con precio fijo». «Esto –explican– nos libra de subidas sobrevenidas e, incluso, puede darnos ahorros dado que el IVA se ha reducido».

120.000euros más pagaría Torrelavega si renueva su actual contrato del gas.

Y hacen cálculos y comparaciones con sus consumos, recibos y precios actuales. Si tuvieran que renovar en el 2023, explican, pasarían de los 814.000 euros actuales (sin el IVA) a facturas anuales que andarían por el millón y medio o los dos millones (también sin el impuesto). Y resumen de forma 'gráfica': se libran de «una buena papeleta». «Eso no pasará hasta el año 2024 en que se supone que la situación se haya recuperado y tenga precios más normales», concluyen.

En cuanto al gas, toca tomar decisiones. Han funcionado con un contrato ya vencido a finales de septiembre con Endesa dentro del acuerdo marco de la FEMP. Ellos se sumaron en agosto de 2021 y, si quieren seguir, los precios del kilovatio hora «serán tres veces más». Esos 120.000 euros de incremento señalados para el año 2023.

La Federación Española de Municipios (FEMP) también ofrece un contrato marco al que pueden adherirse en diferentes plazos los ayuntamientos. De hecho, hay opciones para el suministro de la luz (con Iberdrola, formalizado en mayo de 2022 y con una vigencia inicial de dos años prorrogable hasta un máximo de cuatro) y del gas (con Endesa y Gas Natural, en septiembre de 2022 con una vigencia inicial de un año y prorrogable por otro). En Cantabria, hasta 42 ayuntamientos participan (o han participado en algún momento) en alguna de las dos ofertas. «Pero es directamente con la Federación Nacional», aclara Pablo Diestro, presidente de la Federación Cántabra y alcalde de Reocín. Describe un panorama complicado en los ayuntamientos. «Aunque hayas sido previsor, casi ninguno cumplirá lo que tenía previsto. Y en los presupuestos del año que viene, seguramente, todo esto irá en detrimento de las inversiones».

Diestro asegura que los gastos en algunos suministros se han multiplicado «por cuatro o por cinco». En los presupuestos de 2022 muchos «intentarán aguantar» por «vinculación de partidas». Estrategias habituales. Partidas que, aunque sean independientes, aparecen vinculadas en las cuentas con sus códigos –mantenimiento de vías públicas y alumbrado, pone como ejemplo el edil– y «si se agota una, tiras de la otra». Ajustes para salvar el año. «Aunque, en la realidad, –advierte– muchos tendrán que tirar de remanentes y modificaciones de créditos. Y, probablemente, ya este año se generarán pocos remanentes precisamente por tener que hacer frente a los gastos». Es decir, que las facturas se comerán lo acumulado de otros años y harán que este año se acumule poco.

«Nosotros –prosigue en referencia a las cuentas de los ayuntamientos– tenemos una previsión, como en las familias, y este año lo normal es que no se pueda cumplir». A esto se suma un panorama «complicado» a la hora de elaborar los presupuestos del año que viene (justo lo que se comentaba de Miera en el arranque de este reportaje). «Habrá que ver cómo lo hacemos. Las renovaciones de los contratos serán al alza y, probablemente, la partida más dañada será la de inversiones».

Diestro entiende que esta situación «acelera» lo que ya se hacía en materia de eficiencia energética. El problema es, nuevamente, que tomar medidas de ese tipo cuesta dinero a corto plazo, justo el que se va al encender la estufa o las farolas.

Lo dicen desde Camargo, pero sirve para el resto. «La situación del mercado eléctrico se nota en el ayuntamiento al igual que en los hogares». Unos se adhieren a los contratos marco que ofrecen entidades como la Federación de Municipios o el Gobierno y otros van por libre para abastecer sus necesidades buscando los mejores precios. Pero a todos –en este caso, Castro, Camargo y Piélagos, que completan el quinteto de municipios más poblados– les toca hacer cuentas. «La renovación de los contratos de luz –explican desde Piélagos– se verá con las nuevas condiciones, pero tal y como está el mercado seguramente que nos veamos afectados».

El vínculo de Castro Urdiales con el contrato que ofrece la FEMP con Iberdrola para la luz finalizará en septiembre de 2023. Ellos dan la cifra de un recibo de 560.000 euros por tres meses de suministro y las subidas han supuesto «multiplicar por tres el coste». «Hemos modificado el presupuesto para acomodar este aumento con partidas que no iban a ser utilizadas del capítulo 1». En el gas, también se ajustan a lo que ofrece la Federación de Municipios (hasta febrero de 2023). Son 105.375 euros por año y no han «tenido que modificar nada». En general, en el Ayuntamiento hablan de efectos «obvios» para la economía municipal, aseguran que únicamente pueden ajustar los «presupuestos a este encarecimiento deseando una pronta vuelta a la normalidad» y defienden las medidas adoptadas por Pedro Sánchez (la Alcaldía está en manos del PSOE).

560.000 euros en una factura de la luz de Castro Urdiales por tres meses de consumo.

«No ha habido que recurrir al remanente para los incrementos de las facturas, sino que se han modificado las partidas», detallan desde Camargo. También les ha tocado reorganizarse. Para la luz están vinculados a los acuerdos de la FEMP, aunque su vínculo deberá renovarse a finales de año. «En el caso del gas –añaden– es diferente en el sentido de que hay varios contratos con varias compañías, ya que el Ayuntamiento se encarga, por ejemplo, de pagar los suministros de los colegios. No obstante, como en el caso de la electricidad, la situación es similar a la de los hogares en cuanto a las facturas».

Es parecido, esto último (el gas), a la forma de funcionar en Piélagos («tenemos distintos contratos, dependiendo de los edificios»). No manejan un acuerdo general en el que se negocien las condiciones, como sí hacen con la luz. Tienen, en ese caso, dos lotes. Uno de ellos con Aldro, que salió a licitación pública, y que está a punto de finalizar. Están, de hecho, en plena negociación.

La situación de Valdecilla es distinta al resto de organismos (no puede adherirse, por ejemplo, al contrato del Gobierno). Mediante el famoso contrato público privado, la alianza de Ferrovial Servicios y SIEC se encargó de terminar en su día las obras del hospital, equipar los edificios y, desde entonces, prestar por un periodo de veinte años doce servicios no clínicos. En ese documento hay un apartado relativo, precisamente, a la gestión energética. Así que los contratos del suministro de gas o de luz están entre las tareas de las que se encarga Smart Hospital Cantabria (ahora Serveo y SIEC). Ese modelo, en este caso, ha protegido en general al centro de los últimos vaivenes en los precios.

La empresa rara vez hace comentarios sobre temas de funcionamiento. Y tampoco ofrece en esta ocasión datos sobre los contratos que tiene firmados. Se puede, eso sí, acceder a través de internet a los números que figuran en el acuerdo y sacar algunas conclusiones. Valdecilla pagó en el año 2012 por electricidad 3,1 millones de euros y por gas 1,2 millones. Teniendo en cuenta los consumos (que se detallan), a precios actuales las facturas representarían hoy en día aproximadamente 7,7 millones en electricidad y 2,1 millones por el gas natural. El dato, pese a la distancia temporal y los cambios en los consumos en la comparación, es interesante. Hay que tener en cuenta que, ateniéndose a las condiciones del contrato, Valdecilla revisa un 85% del IPC anual, que aproximadamente ha sido de un 10%. Esos porcentajes no cubrirían unas subidas que multiplicarían por 2,4 la factura de electricidad y casi por dos la de gas.

3,1 millones por electricidad se pagó en 2012. El mismo consumo, hoy, supondría 7,7.

En base a ese cálculo, a diferencia de un modelo en el que se contratara directamente, el hospital estaría parapetado ante los vaivenes del mercado (hay unos seis millones de euros de diferencia en la comparación) en base a los contratos de largo plazo firmados por la empresa con los proveedores.

Cabe recordar que el contrato público privado estará vigente hasta el año 2034.