El covid acaba con la lista de espera para vivir en residencias

Hace justo dos años, este mismo análisis hablaba de residencias que no daban abasto para absorber una demanda que no dejaba de crecer, como consecuencia de una población cada vez más envejecida, de plazas vacantes que se volvían a ocupar en apenas 24 horas porque la lista de aspirantes a vivir en ellas superaba los 800 nombres. Y la demora, dependiendo de los centros, podía estar por encima del año y medio. Incluso había dificultades para acceder a una plaza privada (para muchas familias inasumible por su elevado precio), mientras llegaba el turno de la concertada, sufragada entre la Administración y el copago establecido en función del nivel de ingresos del usuario.

Hoy la realidad es bien distinta. En cada una de las cuatro áreas de salud en las que está dividido el mapa de la región existen plazas libres (hasta 200 en total), y a la cola para acceder a una, sin haber recibido aún una propuesta de recurso, figuran 33 personas. Concretamente, 24 en Castro Urdiales, ocho en Potes y una en Polanco, que «son los casos que conforman la lista de espera real para residencias», como explica el director general de Políticas Sociales, Julio Soto. «Son aquellos casos para los que no tenemos en este momento plazas en su zona básica de salud».

En el caso de Potes, esa lista se absorberá en el momento que abra la nueva residencia de Castro Cillorigo; y en el caso de Polanco se cuenta con que dispondrá de una vacante cuando el centro covid de Suances deje de ser necesario. Más dificultades tendrán los dependientes a la espera de entrar en la municipal de Castro Urdiales, que está completa. Aunque la vecina de La Loma sí dispone de habitaciones libres.

Pero en paralelo existe otra lista de espera que responde a una circunstancia diferente, por eso el Icass la saca de ese primer recuento. Se trata de aquellos dependientes que, una vez asignada una plaza dentro de la zona de salud en la que viven, la rechazan porque no es el centro al que aspiran entrar. Y en consecuencia, prefieren alargar la espera, hasta que les llegue el turno. «En ese caso, la demora la provoca el usuario, no el sistema, que sí le ha dado respuesta, aunque no la haya aceptado», matiza Soto.

En esa situación hay ahora mismo 118 personas, la mayor parte de ellas con el deseo de ingresar en la residencia de San Cándido, una de las más demandadas de Santander, motivo por el que figura entre las pocas que están actualmente llenas. Tiene ocupadas todas sus plazas operativas, que son 170 plazas concertadas y 97 privadas, mientras avanza con la obra de reforma, tras la cual volverá a llegar a las 380. Su directora, Gema de la Concha, critica que «desde hace un año, el Icass no permite apuntarse a la lista de espera de un centro concreto, de tal forma que si el usuario rechaza la plaza que le han concedido, porque quiere esperar a que le llegue la vacante en el que él desea, le cierran el expediente». Una decisión que, a su juicio, «niega a los ciudadanos su derecho constitucional a elegir dónde vivir».

El director de Políticas Sociales admite ese cambio, pero lo justifica en que «tenemos la obligación de ofrecer lo que recoge la ley de atención a la dependencia, que es un recurso residencial en la zona básica de salud del solicitante. Cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con que había listas de espera para centros concretos, algo que no debe hacerse; pero, dado que estaban las resoluciones hechas así, las respetamos (de hecho, es el grueso de la gente pendiente de acceder a una residencia), aunque consideramos que si esa persona no quiere lo que se le ofrece es porque no tiene tanta urgencia, así que se suspende el expediente, que se reabrirá en el momento que quiera volver a repetir el proceso, pero mientras tanto no figura como lista de espera, sino en el apartado de desistimientos». En cualquier caso, es otro de los motivos que ha contribuido a mermar la lista, con respecto al acumulado pre-covid.

Pese al «cambio radical en la demanda, tanto de residencias como de centros de día», consecuencia directa de la pandemia y de la elevada tasa de mortalidad en los centros -dos de cada tres fallecidos por covid en Cantabria vivían en una residencia-, Soto opina que «la necesidad social de cuidados sigue existiendo, con lo cual cuando salgamos del túnel del covid y la gente vaya perdiendo el miedo, esperamos que volverá a resurgir la demanda». Un argumento en el que coincide Rubén Otero, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) en Cantabria: «Ahora mismo, casi todos los centros tenemos plazas libres, sobre todo en las zonas rurales, pero creo que, cuando vuelva una cierta normalidad, se llenarán de nuevo. Lo que ha ocurrido en este último año, tan duro, es que se ha retrasado el ingreso. Y es lógico, por las propias condiciones a las que ha habido que adaptar los centros, restringiendo el acompañamiento de familiares. Es normal que la gente prefiera esperar a que todo esto pase». En estos momentos, de las 6.211 plazas autorizadas en centros residenciales 4.312 son públicas y hay vacantes 277, aunque ahí están incluidas 76 que se corresponden con el centro covid de Suances, habilitado para el aislamiento de residentes positivos.

Para dar respuesta a la demanda futura, la Consejería de Políticas Sociales ha presentado recientemente una guía con la estimación de los recursos que harán falta en el horizonte de 2027, donde apunta la necesidad de crear unas 1.500 plazas nuevas residenciales, indicando los municipios concretos en los que deberían ubicarse, calculado en función de los censos poblacionales y los recursos existentes. Esa planificación era, precisamente, una de las principales reivindicaciones que venía haciendo desde hace años la patronal del sector. «Planificar era obligado», señala Soto, «porque de esta forma salimos ganando todos. Los empresarios saben hacia donde dirigir sus inversiones, la Administración garantiza la cobertura allí donde hay carencias y la población puede disponer de plazas en su propio entorno».

Dicho estudio revela que la capital y su entorno sigue presentando «carencias», pese a que hay proyectados al menos cinco centros, entre ellos el de La Pereda (Valdenoja), que es el que está más avanzado; y recomienda como prioritario dotar de más recursos a Marina de Cudeyo y Medio Cudeyo, con residencias en Rubayo y Solares, respectivamente; a Castro, así como a Ramales de la Victoria, para responder a las necesidades del Alto Asón, y a Polanco, Miengo, Santillana y Cartes, municipios en los que bastaría con residencias de pequeño tamaño (60-80 plazas).