El covid dispara la pobreza en Cantabria

«El covid lo ha empeorado todo para todos», sentencia Cristina Martínez, trabajadora social de Cruz Roja. Tiene razón porque se ha cebado con los eslabones más débiles de la cadena. Y eso que la situación, en parte, había mejorado en la región hasta el año pasado. Al menos eso decían los indicadores de la tasa europea 'Arope'. Las personas en riesgo de pobreza habían disminuido en un 2,6% con respecto a 2018 hasta situarse en un 17,3% de la población. Las que sufrían carencias materiales severas sólo eran un 0,9% (la tasa más baja de España, muy por debajo del 7,4% de Castilla-La Mancha), pero un 40,2% no podía afrontar gastos imprevistos. «Los datos continuaban por la senda de mejora iniciada en 2014. Sin embargo, la crisis del covid-19 los ha convertido en la luz de una estrella que ya no existe y obliga a considerarlos como un mínimo que en los próximos años se incrementará notablemente», advierte la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés).

La gente siempre ayuda, sobre todo cuando surge una necesidad importante. Pero hay que pedírselo», asegura Francisco del Pozo. El presidente del Banco de Alimentos no duda de la solidaridad de la sociedad cántabra, como ha podido comprobar durante el estado de alarma. El covid elevó las peticiones de ayudas y desde la organización se reinventaron para llegar a todas. «Cada año proporcionamos alimentos a unas 20.000 personas, pero durante la epidemia la cifra de inscritos se duplicó hasta llegar a 42.000. De estos 22.000 más, unos 16.000 fueron del entorno de Santander y los otros 6.000 del resto de la región», explica. «Afortunadamente, el número ha ido descendiendo de forma progresiva y actualmente sólo hay apuntadas alrededor de 6.000», añade.

La finalización de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y la campaña veraniega en algunos sectores como la hostelería motivaron la reducción. Porque muchas de las personas que acudieron al Banco de Alimentos durante la crisis sanitaria lo hicieron por primera vez. Como el confinamiento impidió la utilización de herramientas como la 'Operación Kilo', el Banco ideó, nada más finalizar la restricción de la movilidad, un punto de recogida en el Palacete del Embarcadero. Fue su tabla de salvación. «Reunimos 50.000 kilos de comida gracias a donantes particulares y empresas privadas. El Gobierno regional, por su parte, comenzó a finales de mayo a entregarnos carne, queso y mantequilla que compraba a empresas que no podían vender. Además, contamos con los alimentos del plan nacional del Ejecutivo central», relata Del Pozo.

«Hay mucha gente que se ha visto necesitada por sorpresa al fallarle el trabajo de forma repentina, pero por suerte muchos de ellos, una vez recuperada la normalidad, no han precisado de más ayuda», apunta. «Si en octubre hay un repunte, como muchos advierten por un posible fuerte rebrote del virus, intentaremos estar de nuevo preparados», afirma. No podrán celebrar recolectas populares en los centros comerciales -sólo en la 'Gran Recogida' de noviembre del año pasado reunieron 250.000 kilos, que esperaban superar este-, así que no descartan echar mano otra vez del Palacete del Embarcadero como centro neurálgico de la solidaridad. «Pero es muy importante que la gente sepa que puede seguir colaborando a través de donaciones económicas, porque esto, por mucho que haya quien lo piense, aún no ha terminado», concluye.

La crisis sanitaria del coronavirus que motivó el confinamiento general dejó en la estacada a muchas personas que hasta ahora no habían tenido que enfrentarse a la cruda realidad de acudir a un centro a pedir ayuda para lo más básico: alimentarse. En la Cocina Económica lo pueden corroborar. «El covid ha visibilizado una parte de la pobreza que ya existía en Cantabria y que permanecía oculta», explica Jesús Castanedo, su director técnico.

«Por ejemplo, han sido evidentes los casos de mujeres que trabajaban en el servicio doméstico de forma precaria e incluso explotadas. Al fallarles el trabajo se quedaron sin ingresos. Era gente que vivía al día y que no podía afrontar ningún gasto extraordinario», explica. Para ellas fue un trago tener que llamar a la puerta de la Cocina Económica. Este grupo se unió al de usuarios habituales. «El aumento de personas atendidas diariamente en el servicio de comidas durante la pandemia ha sido de un 83%. De las 110 o 115 habituales, pasamos a 200», apunta Castanedo. Pacientemente, antes de las doce del mediodía, acudían al centro para recoger un par de táperes con viandas calientes, un bocadillo para la cena y bollería y batidos de chocolate para el desayuno. Aunque este servicio no es el único que ofreció la institución. Los lunes, miércoles y viernes «unas veinte personas» acudieron para asearse y lavar la ropa. La Cocina Económica cuenta con una residencia con veinte plazas en el mismo edificio -que se llenaron- además de otras setenta repartidas por dieciséis pisos. Actualmente, las libres están a punto de agotarse porque para poder acceder hay que pasar un protocolo anticovid. Por último, el servicio de economato para el reparto de comida fue utilizado, explica Castanedo, «por personas extranjeras, normalmente, con los papeles sin regularizar».

Una vez finalizado el estado de alarma, la organización ha tenido tiempo para analizar los datos y sacar conclusiones «preocupantes». Por ejemplo, que el 35% de las personas que ahora con la 'nueva normalidad' acuden a comer, unas 66, han vuelto a la calle o residen en una vivienda inadecuada. Son usuarios que durante el confinamientos fueron acogidos en centros como el Princesa Letizia o el albergue habilitado en Solórzano

Para poder atender todos los servicios, los integrantes de la Cocina Económica tuvieron que reinventarse, puesto que las restricciones durante el confinamiento (algunas aún continúan) mermaron su capacidad de reacción. En el día a día trabajan once personas a las que se suman las hermanas de las Hijas de la Caridad, que son otras doce, aunque muchas de ellas ya superan los ochenta años de edad. Con quienes no pudieron contar fue con los voluntarios, unos 128. «Tuvimos que reorganizarnos y los que sí pudimos estar hicimos todos de todo», explica Castanedo. «Había que sacar la situación adelante como fuera, así que dejamos a un lado los cargos y las titulaciones y cerramos los servicios que no eran esenciales, como los talleres de formación», apostilla. «Lo peor fue durante los primeros meses cuando todos tuvimos que quedarnos en casa. Al menos dimos el servicio de atención telefónica, sobre todo para las personas que teníamos alojadas en nuestras plazas de la residencia y de los pisos», explica.

El covid lo ha empeorado todo para todo el mundo», afirma rotunda Cristina Martínez, trabajadora social de Cruz Roja en Cantabria. «Si antes teníamos mucho trabajo, durante el estado de alarma se triplicó», añade. Y para demostrarlo, presenta los números detallados. «De principios de año hasta el 15 de marzo, cuando entró en vigor el decreto, habíamos atendido a 887 familias diferentes. Pues bien, mientras duró, la cifra se incrementó hasta las 2.289», relata.

El ritmo, aunque en la actualidad se ha relajado, no deja de sumar casos. Hasta la actualidad han atendido a 4.631 personas que, entre todas, han sumado un total de 8.357 aportaciones, ya que algunas han precisado de ayuda en más de una ocasión. «Al principio hubo un boom en alimentación y productos de higiene. Luego, con el fin del estado de alarma, se multiplicaron los pagos de facturas pendientes y alquileres», relata Martínez, que también ha notado que para algunas familias -171, concretamente- era la primera vez que acudían. «Núcleos familiares que vivían al día con un único sueldo y a los que un ERTE o fin de contrato les dejó sin recursos para alimentarse o afrontar los recibos pendientes», relata. La avalancha de peticiones desbordó la capacidad de la organización que tuvo que establecer listas de espera, sobre todo en los grupos poblaciones más grandes como Santander o Torrelavega. Unas 2.000 personas en la capital que en la actualidad se han reducido hasta las 600. «Durante el estado de alarma recibimos 5.000 nuevas peticiones», explica. Un dato que tiene contrastado es que el 60% fueron mujeres: «Normalmente son ellas las que acuden aunque sea el marido el que se ha quedado sin trabajo»

El voluntariado fue clave para poder atender el elevado número. «Son más de 500 personas activas, que consiguieron solventar gran parte del atasco», afirma Martínez. «Hubo momentos en los que el teléfono no dejaba de sonar y era imposible atender a todos. Recibíamos entre 300 y 600 llamadas diarias», relata.

Aunque ahora la situación es mucho más tranquila, en Cruz Roja están a la expectativa porque la cifra de contagios diarios hace prever que el rebrote de octubre del que hablaban los expertos podría adelantarse. «Pensamos que puede suceder, sobre todo cuando termine la campaña estival y sectores como la hostelería comiencen a acumular parados. Seguro que recibiremos más solicitudes de ayuda. Ojalá que no fuese así, pero es lo más probable», vaticina. «Haremos, como siempre, todo lo que podamos y esté en nuestras manos. Nos serviremos del voluntariado y de las donaciones. Pero sólo podemos llegar hasta un punto, nuestros recursos por desgracia no son ilimitados», concluye.

Para nadie es fácil acudir a una institución a pedir ayuda por el miedo a quedar estigmatizado», explica Fran Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander. Lo ha podido comprobar durante el estado de alarma cuando numerosas personas se vieron abocadas a llamar a su puerta por primera vez. Porque el incremento en la peticiones de socorro ha sido exponencial desde que el coronavirus desató la pandemia. «De mitad de marzo a mitad de junio, lo que duró el estado de alarma, gastamos 280.000 euros sólo en el mantenimiento de necesidades básicas. Los capítulos más importantes fueron el de la alimentación, un 106% más que en 2019, y el pago de alquileres, un 92% más», relata. Cáritas realizó durante este tiempo 8.500 intervenciones entre las alrededor de 4.000 personas que fueron atendidas. Una ayuda que llegó gracias a los 67 centros que tiene repartidos por toda la región que atienden cerca de 700 voluntarios. Los perfiles varían aunque en la institución tienen tres perfectamente delimitados: «Las familias con exclusión cronificada que ya se sienten fuera de la sociedad, las que consiguieron reactivarse económicamente tras la crisis de 2007 pero que cualquier piedra en el camino les hace volver a caer y las personas directamente afectadas por el covid que nunca se habían visto en esta situación y que un ERE, un ERTE o el desempleo les ha obligado a acudir». Para intentar dignificar su situación, en Cáritas han cuidado las formas con las que prestan las ayudas. «No es agradable ponerse en una cola para que te dé comida un voluntario que puede ser tu vecino», explica Sierra. Para ello entregaron tarjetas monedero con las que las familias pudieron acudir a los supermercados y decidir qué alimentos comprar sin que nadie supiera en qué situación se encontraban.

Una vez superado el primer envite, Cáritas se prepara para un segundo asalto. «Esperamos un incremento de peticiones en octubre. Si sumamos el número de positivos por covid a que termina la época estival, ese cóctel provocará más desempleo, sin duda, y hará que más personas se acerquen a nosotros y a otras instituciones», apunta. El secretario general confía en que la maquinaria de la organización está lo suficientemente engrasada. «Me ha sorprendido la capacidad que hemos tenido para adaptarnos a las dificultades que nos ponía el virus. Nos obligó a replegarnos en nuestros domicilios pero conseguimos trabajar más aún. Lo hicimos mañana, tarde y noche. Presencialmente era imposible acompañar, pero si lo hicimos por teléfono mucho más que antes», afirma. Por último hace un llamamiento a la sociedad para que ayude: «No somos infinitos pero rogamos la colaboración ciudadana para seguir atendiendo las necesidades básicas de los más necesitados».