El covid obliga al Gobierno de Cantabria a un gasto extra de 11,9 millones en ayudas sociales

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) enseguida se dio cuenta de que los 230,5 millones que tenía de partida para afrontar el año –incluidos los gastos fijos y las inversiones– resultaban insuficientes. El dinero no llegaba en marzo para cumplir su misión de atender a todos los necesitados. «Tuvimos que hacer 'cirugía' presupuestaria y sinceramente creo que es difícil sacar más rendimiento a un documento que ya de por sí iba justo», valora Álvarez. De los casi 12 millones suplementarios, una tercera parte (4,5 millones) lo tuvo que invertir el Ejecutivo directamente en indemnizar a los centros de día y dependencia tanto propios como concertados. Fue una de las primeras decisiones, y la más costosa económicamente. Los usuarios se vieron obligados a trasladarse a sus domicilios, pero los gastos no cesaron a pesar de las plazas vacías.

La Consejería aprobó un decreto para compensar a las entidades «para no comprometer la calidad del servicio ni su viabilidad económica» en el futuro. Aquí hay que sumar 1,1 millones más en el refuerzo de las plantillas de los centros que pertenecen al Icass y otro millón para la compra de equipos de protección, material desinfectante y adaptación y adecuación de los puestos de trabajo. Por último, la limpieza de las 82 instalaciones de mayores que hay repartidas por la región se llevó otros 190.000 euros. El Icass contrató a cuatro empresas que se encargaron de la desinfección de pasillos, aseos, cocinas, salas de estar...

Otro de los gastos importantes durante este tiempo –500.000 euros– ha sido la puesta en marcha de los dos centros para acoger a los personas infectadas. El Icass llegó a un acuerdo con los propietarios de las residencias de Meruelo y Suances para habilitarlas como instalaciones covid y así poder derivar allí a personas asintomáticas o con sintomatología leve, que no requiriesen de hospitalización, para que pudiesen pasar la cuarentena. Una forma de minimizar los riesgos de expansión del virus. La de Meruelo, que estuvo en funcionamiento tres meses y medio, desde comienzos de abril hasta mediados de julio, acogió a 39 personas procedentes de once residencias diferentes. La de Suances, en cambio, aún sigue en funcionamiento.

La liberación del copago a los desplazados a Meruelo y Suances supuso otros 300.000 euros.

Una de las características de esta crisis, como suele ocurrir en las grandes depresiones económicas y financieras, es que elevó el número de ciudadanos que se vieron abocados a pedir ayuda por primera vez. El confinamiento los dejó sin empleo, sin ingresos y con las facturas impagadas acumulándose. Las del alquiler de vivienda fueron las más numerosas. Para este capítulo el Ejecutivo destinó 1,9 millones de euros, aunque puso algunos requisitos. Podían acogerse a la subvención personas en desempleo, las afectadas por un ERTE o los autónomos que vieran reducidos drásticamente sus ingresos. La cuantía máxima era de 500 euros al mes, como mucho, durante medio año. Servicios Sociales recibió tantas solicitudes que aún las está tramitando.

El Ejecutivo también aprobó una prestación económica complementaria a la Renta Social Básica para paliar la situación de vulnerabilidad de las familias con menores de edad a su cargo: 75 euros para alimentación y productos de higiene por cada niño durante seis meses de máximo. Atendió a 2.081 familias y 3.499 menores, lo que supuso un desembolso de 1,6 millones. El Gobierno central, por su parte, dio el visto bueno el 24 de marzo a la distribución entre las comunidades autónomas de ayudas para garantizar el derecho básico de alimentación de niños en situación de vulnerabilidad para paliar el efecto de cierre de los centros educativos y de los comedores. A Cantabria le correspondieron 597.000 euros que destinó a la Consejería de Educación, pero una vez finalizado el curso escolar remitió el sobrante al Icass. 247.000 euros para repartir entre los ayuntamientos por medio de programas de servicios sociales de atención primaria.

Medio millón más se invirtió en uno de los colectivos más expuestos tras decretarse el estado de alarma, el de las personas sin hogar. Se habilitó el albergue de Solórzano que sirvió, además de para cumplir el confinamiento, para evitar contagios. A los pocos días se sumó el convento del Monasterio de Soto Iruz. Además de techo y alimento, los especialistas en trabajo social aprovecharon la estancia «para trabajar en dinámicas para abrir el camino hacia su reintegración». En total, se beneficiaron de este servicio 60 personas. Pero no toda la labor de asistencia recae en el Gobierno regional. Dentro de los 11,9 millones de inversión extra, el Ejecutivo –avanzó a este periódico la consejera– contabiliza 130.000 euros que aprobará entregar este mes a Cruz Roja, Cocina Económica, Secretariado Gitano y Cáritas, que han lanzado un mensaje de auxilio por la falta de recursos.

«Hemos buscado debajo de las piedras para instaurar medidas que resuelvan los problemas derivados del covid», valora la consejera. «Pero la gestión de la crisis no sólo ha supuesto un gasto extraordinario, también un trabajo extra llevado a cabo gracias al compromiso de los empleados públicos», apunta.

En este esfuerzo por no dejar a nadie atrás, los municipios también se han implicado. Santander, que aglutina a un tercio de la población, fue uno de los principales. El presupuesto para servicios sociales con el que comenzó el año ascendió a 9,2 millones, a los que el Consistorio añadió otros 3,3 derivados del plan 'Santander a Punto', creado para combatir la pandemia. En total, 12,5 millones. Uno de los capítulos más importantes de gasto fue el de las ayudas económicas de emergencia para alquileres, alimentos y materiales para casa, que se amplió de 1,2 a 2,5 millones. «Para hacerse una idea, en mayo del año pasado recibimos 150 peticiones y este, 487», explica Álvaro Lavín, concejal de Servicios Sociales.

«Estos meses han supuesto el reto humano más difícil al que nos hemos enfrentado, sin ninguna duda. Y ahora la situación es de calma tensa porque no se sabe lo que puede pasar. El futuro es incierto», añade.

Torrelavega también tuvo que ampliar la partida para ayudas sociales. La concejalía que dirige Laura Romano gastó 320.000 euros durante la pandemia, por lo que aprobó otros 500.000 euros para llegar a final de año. Además, cuenta con los 300.000 euros del Fondo Extraordinario del Gobierno regional, de los que 50.000 pone el Consistorio. «En total habremos destinado alrededor de 1,1 millones en atender a quienes más lo necesitan», explica Romano.

En Castro Urdiales, su homóloga Leire Ruiz subraya que las peticiones de ayuda han subido un 40% con respecto al año pasado. «Tenemos un presupuesto de 270.000 euros y ya llevamos gastados 380.000, que afrontaremos con el 20% del remanente municipal que podremos gastar», desvela.

También en Camargo la inversión para blindar las políticas sociales ha aumentado, afirma la edil del ramo, Teresa Pilar Fernández. «Del presupuesto inicial de 120.000 euros para 2020, hicimos una modificación en el mes de abril de 250.000 euros», afirma la responsable.