El creciente interés por el testamento vital genera esperas de mes y medio en Sanidad

En total, al acabar 2023 en Cantabria eran 4.855 las personas que tenían activos estos documentos. En su mayoría son mujeres (el 65%), más conscientes -en general- de todo lo que tiene que ver con los cuidados, ya que históricamente les ha tocado este papel en el seno de las familias. Frente a solo 1.652 hombres que han suscrito este documento lo han hecho 3.203 cántabras (casi el doble), un dato en el que influye la edad, ya que la mayor parte de quienes lo han hecho supera el medio siglo de vida.

Los años que se han cumplido son tan reseñables como que solo 50 jóvenes (entre los 18 y los 30) lo han registrado. Por el contrario, se dispara el interés por él en el último tramo de la vida: con más de 65 años, son 2.664 personas las que lo han rubricado.

Hasta ahora, no había existido en Cantabria demasiado interés por este documento. El porcentaje de cántabros que lo tiene supone un pírrico 8,29 personas por cada 1.000 habitantes. Las autonomías que más lo han demandado son Navarra y el País Vasco (22 y 18 personas por mil habitantes) pese a que el Centro de Investigaciones Sociológicas y la gran consultora Metroscopia han difundido en sus encuestas que entre un 74% (CIS) y el 87% (Metroscopia) de los españoles apoyan la eutanasia o poder decidir sobre los últimos momentos 'médicos' de su existencia.

En la actualidad, hay tres canales para oficializar las instrucciones con las que uno quiere encarar una enfermedad incapacitante e irreversible si pierde sus facultades de comunicación. La opción más directa es acudir a la Consejería de Salud, donde una funcionaria explica en 15-20 minutos en qué consiste y cómo se suscribe. Esta gestión es gratuita.

Una segunda es redactarlo con un notario, pero este documento (con el coste económico que imponga el profesional) ha de registrarse después en la consejería. Una tercera vía es otorgarlo ante tres testigos, que han de atestiguar que la persona lo hace con conocimiento de causa y sin presiones externas. En la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ven esta fórmula «muy válida, en Cantabria, en el caso de aquellos que tienen problemas de movilidad y residen en puntos de la Comunidad alejados de la capital». Este escrito también debe inscribirse en el citado departamento.

En todos los casos, el otorgante debe ser mayor de edad y decidir en libertad. En él se plasman, por ejemplo, los tratamientos médicos concretos que se rechazan. «Y se aportar lo que se quiera, siempre que no vaya en contra de las buenas prácticas médicas», advierten los expertos. (Por supuesto, las últimas voluntades tampoco podrán ser contrarias al ordenamiento jurídico español).

Quien lo desee, tiene la posibilidad de nombrar un representante que sirva de interlocutor con el equipo médico. Puede quedar fijado el destino del cuerpo y los órganos tras el fallecimiento y también es posible especificar si se quiere o no la autopsia y si se prefiere incineración o entierro. Es conveniente que el entorno familiar cercano (o la red de amigos) conozca la existencia de este documento. Y, más importante todavía: se puede hacer hoy y revocarlo o modificarlo cuando se quiera. Eso sí, los cambios también deben constar por escrito para que sean válidos.

Un facultativo de Atención Primaria de Cantabria (que pide expresamente que no aparezca su nombre) ve «lógico» que la población en general «se declare a favor de la eutanasia -en el sentido de buena muerte- porque todo el mundo conoce casos concretos en que un paciente ha sufrido de más antes de morir o ha tenido cerca muy largas agonías con poca calidad de vida y nadie quiere pasar por ese trance. Sin embargo, luego es raro que la gente se ponga frente al espejo de tomar unas decisiones que siempre parecen muy lejanas. Y menos si la persona en cuestión está sana y no tiene discapacidades limitantes».

Este profesional reconoce que para un médico «de a pie» es difícil «hablar de esto en la consulta: a no ser que te venga alguien con las ideas muy claras, puedes caer en terrenos resbaladizos, sobre todo por motivos religiosos», así que diría que «lo habitual» es que entre la clase sanitaria no se traten estas cuestiones. Sin embargo, considera que, en cuanto se accede a la información sobre el testamento vital, «se caen todos los tabúes en torno a la muerte y un porcentaje grande entiende las bondades de 'dejar arregladas las cosas'. Es que todos vamos para allá por muy bueno que sea el sistema de salud».

Tras la pandemia, en Cantabria las cifras de interesados por registrar sus voluntades previas han dado un estirón notable. En 2019, 560 personas se sumaron. En el periodo covid (2020-2021) el número se redujo, pero en 2022 se reanimó la demanda (se registraron 765 documentos) y, ya en 2023, se pasó de sobra del millar. Poco que ver estos dígitos actuales con los solo nueve que se gestionaron en 2005, el primer año en que pudo pedirse de forma oficial tras permitirlo la normativa.

El salto de peticiones que se dio el ejercicio pasado ha provocado un cuello de botella en el servicio de la Consejería de Salud que atiende a los cántabros que llegan con este deseo. Una sola funcionaria es, hasta ahora, la encargada de dar la información y de ayudar con el trámite -ha tenido apoyos puntuales, pero que han durado poco- lo que supone que los ciudadanos que piden cita con la oficina se encuentren con esperas de alrededor de entre un mes y medio y dos, en algunos momentos. Esto ha llevado a la Administración sanitaria a plantearse un refuerzo de personal en este área que podría concretarse en los próximos meses.

Concha Calzada, coordinadora en Cantabria de la asociación Derecho a Morir Dignamente, atribuye «humildemente» este repunte del interés por este testamento al activismo que hace el colectivo, que da charlas periódicas para explicar lo que es y cómo se hace, en colaboración con CCOO y Unate. DMD hace sensibilización y asesoramiento, es la referencia a nivel nacional. «Todavía es bastante desconocido para la población y eso que, quien lo firma, siempre está luego encantado. De hecho, en la sociedad va habiendo más conciencia de dejar las cosas personales lo más atadas posible. Y eso que todavía te encuentras a muchos a los que les da reparo hablar de estos temas», añade.

La portavoz de este colectivo sostiene que quienes lo integran en esta Comunidad somos «grandes vitalistas y amantes de la vida digna. Y batallar por la vida digna lleva aparejado, lógicamente, querer toda la dignidad que se pueda en la muerte». La próxima convocatoria de esta asociación para difundir todo lo que rodea al documento que ellos proponen, que no es oficial, está cerca: será el 22 de este mes en el Ateneo.

El testamento vital se reconoció legalmente en España hace poco más de 20 años, en 2002, con la Ley de Autonomía del Paciente en la que se reguló el «documento de instrucciones previas» que permitiría a cada ciudadano tomaría sus decisiones para liberar a sus familiares de hacerlo. Después, cada comunidad autónoma lo ha ido modulando como mejor le ha parecido y le ha dado -incluso- distintas denominaciones, como testamento vital, voluntades anticipadas, instrucciones previas o manifestaciones anticipadas de voluntad .

En cada territorio se gestiona de forma distinta. En Navarra, en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por instruir a la población por medio de talleres y reuniones. Los servicios de Enfermería y de Trabajo Social de la autonomía han tenido un gran protagonismo en la difusión y el documento se puede entregar hasta en los centros de salud.