El cribado de hepatitis C se extiende a los internos con penas alternativas a la cárcel

«Este nuevo programa es un paso más hacia la eliminación de la hepatitis C. Una vez tratados todos los pacientes identificados, nos quedaba pendiente ese grupo al que no llegábamos porque no acude de forma natural a los servicios sanitarios», señala. Y la vía para acceder a ellos ha sido fusionando el control de las enfermedades infecciosas (también se analiza la presencia de VIH y hepatitis B) al cribado de salud mental severa –denominado 'Puente Extendido'– puesto en marcha en 2017 por Instituciones Penitenciarias, dado que «casi siempre están relacionadas». «A los diagnosticados se les ofrece la posibilidad de conmutar las penas –por ejemplo, restar días de trabajos en servicio a la comunidad– si acceden a la rehabilitación médica», añade Crespo, con el fin de evitar el quebrantamiento de las condenas alternativas y, por tanto, los ingresos en prisión.

«Ahora, el objetivo de este proyecto internacional ('Honest') es ampliar ese programa de intervención psicosocial con un cribado universal de hepatitis C, VIH y virus B, que se ofrece al 100% de los internos del CIS». Es decir, que además de ese examen de salud mental se busca poder hacer un diagnóstico inmediato (en 20 minutos) de hepatitis C a partir de una pequeña muestra de sangre del dedo. Si es positiva, sobre la marcha se realiza desde el centro una teleconsulta con el servicio de Digestivo de Valdecilla y se indica el tratamiento. El responsable de 'Puente Extendido', el médico Miguel Mateo, presentó ayer junto a Crespo los resultados de esta investigación en una rueda de prensa en la que participó también el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien recordó que 'Honest' se enmarca en la Estrategia de Eliminación de la Hepatitis C en Cantabria, para la que se han destinado 17 millones de euros en los últimos cuatro años y que prevé el control de la enfermedad en 2021.

Desde junio, ya han participado en el estudio de forma voluntaria 683 personas, de las cuales se ha detectado que cerca de un 50% tenía trastornos causados por el consumo de sustancias; un 8,9% tiene indicios de padecer un trastorno mental grave; y un 3,6 tiene hepatitis C activa, mientras que a otro 4% se le han encontrado sólo los anticuerpos de la enfermedad. «A todos los diagnosticados se les ha tratado y se han curado», añade el digestólogo, que subraya que «el 95% de los internos acepta participar» y que el objetivo marcado es llegar a cribar «a 2.000 personas en dos años», teniendo en cuenta que el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la región ha recibido en lo que va de año casi un millar de mandamientos judiciales.

Según Mateo, en la mayoría de juicios rápidos, por su celeridad, no da tiempo a entrar en los antecedentes clínicos de la persona, que acaba aceptando una pena, y la legislación prevé que, en vez de cumplirse con trabajos comunitarios, lo haga con programas de salud. De esta forma, el reto es que se cumpla una pena alternativa que no falle, porque si fracasa la persona acabará en prisión engrosando la alta tasa de personas con trastornos que ingresan en las cárceles; y, sobre todo, se pretende que el penado se reenganche a la sociedad.