La crisis de las mutualidades alcanza también a los 1.440 cántabros del ámbito judicial

«A 1.438», concreta el presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en Cantabria, Manuel Garay, que se refiere a los «casi 900» jueces, fiscales y demás funcionarios de la Administración de Justicia en activo o ya jubilados que hay actualmente en la región y a los familiares de estos con derecho a beneficiarse de esa cobertura médica.

A diferencia de lo ocurrido con los planes sanitarios de Muface, que van a dejar de cubrir todas las compañías aseguradoras de las que se venía nutriendo la mutualidad (Adeslas, Asisa y DKV), lo sucedido con los del Mugeju recorta a la mitad el número de ofertas sanitarias seleccionables al renunciar tres de las seis empresas que forman parte del actual concierto a participar en el del próximo bienio.

El 'no' de Mapfre, Sanitas y DKV a continuar en el sistema convierte a SegurCaixa Adeslas en la única gran aseguradora de la Mutualidad General Judicial, en la que también seguirán participando otras dos empresas; Asisa y, previsiblemente, Nueva Mutua Sanitaria.

Las tres han aceptado en principio el pliego del nuevo convenio para el periodo 2025 y 2026, que contempla un contrato de un global de 175 millones de euros repartidos en dos ejercicios (87,5 al año).

SegurCaixa ha dado el 'sí' porque las condiciones del convenio «permiten un equilibrio entre la oferta de financiación realizada por la administración y los costes sanitarios esperados», argumento que no convence a las compañías aseguradoras que han renunciado.

Sanitas ha justificado su rechazo a prestar esta cobertura aduciendo que no se están garantizado las condiciones de calidad que cree que deben darse. DKV ha explicado que su negativa a continuar se produce después de haber acumulado durante este último concierto unos números rojos de aproximadamente 70 millones de euros brutos entre el Mugeju y el Muface. Y Mapfre, por su parte, ha expuesto que las tarifas no se adaptan «a la estrategia» del grupo, que busca equilibrio entre el servicio rentable y de calidad.

Si bien no les deja completamente desprotegidos, como ocurre a los mutualistas del Muface, la caída de estas últimas aseguradoras reduce a la mitad las opciones que tienen los del Mugeju para poder garantizarse la asistencia sanitaria privada. En el caso de los cántabros incluso a menos, a tan solo dos, porque además de no poder disponer de las prestaciones de las empresas que han renunciado, los funcionarios tampoco van a poder disponer de los servicios de Nueva Mutua, sin implantación aquí.