Las críticas de los ecologistas a la Ley del Suelo de Buruaga llegan hasta Europa

Las 21 asociaciones que forman Iniciativa Cantabria Sostenible sostienen en la misiva que, mientras que la Comisión pide a los Estados miembros fijar en 2023 sus propios objetivos ambiciosos para reducir la ocupación neta de suelo de aquí a 2030, en Cantabria «se avanza en sentido contrario», por lo que piden al comisario europeo que estudie las modificaciones introducidas en la normativa cántabra y valore si son acordes con las pautas establecidas por la Comisión Europea.

En la denuncia, Cantabria Sostenible defiende además que la modificación de esta ley se ha llevado a cabo «sin transparencia ni participación ciudadana pública», más allá del mero trámite parlamentario, teniendo esto un «dudoso encaje» en el Convenio de Aarhus de obligado cumplimiento en las leyes que afectan al medio ambiente.

La respuesta la dio ayer el consejero de Fomento, Roberto Media, que afirmó que el Gobierno de Cantabria defenderá en la región, en Madrid y en Bruselas «si hace falta» la reforma de la Ley del Suelo porque cree que es «absolutamente legal». El popular recordó que el Parlamento autonómico aprobó la reforma de dicha ley «con una mayoría amplísima, mayor que la que había primero». Ese argumento no le ha valido al Gobierno de España, que también pone pegas a la norma -y especialmente a las mayores facilidades que abre para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico- al entender que invade las competencias estatales y puede resultar inconstitucional. Ahora, se ha abierto un proceso de negociación entre las partes y si no hay acuerdo -Media confía en cerrar un pacto- el asunto llegará al Tribunal Constitucional.