Los críticos tildan de «ciencia ficción» la imagen de tranquilidad que quiere dar el PP

Joaquín Solanas, portavoz de los críticos del PP de Cantabria contra la Dirección regional que preside María José Sáenz de Buruaga, cree que algunos dirigentes de 'Génova' intentan trasmitir una visión de «normalidad» en el partido en la comunidad autónoma que es «ciencia ficción» y «no es cierta».

En declaraciones a Europa Press, Solanas ha contrapuesto su postura a la manifestada por el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, quien en reiteradas ocasiones ha asegurado que la crisis abierta en el PP de Cantabria a raíz del 12 Congreso Regional del partido -que acabó con la proclamación de Sáenz de Buruaga como presidenta tras vencer por cuatro votos al hasta entonces líder, Ignacio Diego- se estaba «estabilizando» y en vías de solucionarse y se ha mostrado optimista en lograrlo.

En cambio para Solanas, la visión ofrecida por Martínez Maillo es «desconocer la realidad» y la situación del partido en Cantabria, el cual -ha señalado- está «judicializado» tras presentarse varias demandas por «irregularidades» en el Congreso regional y «sigue enfrentado».

De hecho Solanas, que fue director general de Cultura durante el Gobierno de Diego en Cantabria (2011-2015), fue uno de los promotores de la querella criminal presentada contra Sáenz de Buruaga en la que se acusaba a la líder de los 'populares' cántabros de prevaricación administrativa, delito electoral y malversación de caudales públicos y que fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Solanas ha confirmado que servicios jurídicos ya están trabajando en el recurso contra el archivo de esta querella, que también tiene entre sus promotores al exconsejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, y el exdiputado regional, Carlos Bedia.

La querella, que se dirigía también contra la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, y la gerente, Jesusa Sánchez, acusa a Sáenz de Buruaga de prevaricación administrativa, delito electoral y malversación de caudales públicos.