Ver 13 fotos
Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
Ver 13 fotos
El pasado jueves, 22 de febrero, se cumplió un año desde que la macrooperación del 'caso Obras Públicas' estallara con la detención de ocho personas y el registro de la Consejería que presidía el regionalista José Luis Gochicoa, las sedes de las cuatro empresas implicadas (La Encina, Cannor, Rucecan y Api Movilidad) y de los domicilios de los implicados.
Pasado ese tiempo, todavía queda un largo camino para conocer las consecuencias judiciales que tendrá una trama vinculada a la obra pública, sin precedentes en Cantabria, y que descabezó a la Consejería de Obras Públicas, puesto que el expresidente Miguel Ángel Revilla se vio obligado a sacrificar a su «mejor hombre», el consejero José Luis Gochicoa, y al director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús.
Aunque ahora se cumple el aniversario de las detenciones y el registro de sedes, la investigación nació un año antes, en marzo de 2022. La Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria recibió una denuncia anónima en la que se alertaba de la posible participación de un alto funcionario del Ejecutivo regional en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública. «Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos», advertían. A raíz del aviso, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.
Tras las primeras actuaciones, la AEAT formó un equipo conjunto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y se judicializó la investigación, que desde ese momento dirige la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, Mercedes Compostizo. Ya en un primer momento, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la AEAT pudo determinar que la familia del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado durante el periodo comprendido entre 2013 y 2022, que se puede estimar en varios millones de euros. Si bien hay otro informe patrimonial que se remonta al año 2003 y también apunta a incrementos patrimoniales de la familia Diez-Del Río procedentes de pagos de una veintena de empresas. «El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada».
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal implicado en la trama, conjuntamente con su entorno familiar, «habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales». Adicionalmente, los investigadores pudieron constatar que el citado entorno familiar disfrutaba de «diversas dádivas (regalos)» y de «un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública, Api Movilidad, en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado».
Caso Obras Públicas
1 La trama
El jefe de servicio de Carreteras utilizaba, presuntamente, su posición y la información privilegiada de la que disponía para ‘organizar’ las adjudicaciones de contratos de obras. Podía estar presente en la Mesa de Contratación, actuar como responsable del contrato o como facultativo de consultoría. También emitir informes sobre las condiciones de adjudicación o sobre las ofertas temerarias. Además, coordinaba a los licitadores para que se repartieran los lotes y hasta les ayudaba en la elaboración de las ofertas. O sea, que les prepararaba para un examen en el que él elegía los temas y se ocupaba de poner las notas.
Calafate Real Estate
El lavado
del dinero
Lismainor
Adjudicaciones
de contratos
Maidenor
Ferrallas
Hipremón
Servicios ficticios
de copistería
Nómina falsa
Dinero
blanqueado
Donaciones
a sus hijas
RUCECAN
(Hermanos Celis)
Miguel
Ángel
Diez
Api Movilidad
(José Luis Blanco)
Beatriz
del Río
(Cónyuge)
La Encina
(José Saiz Gómez)
Cannor
Sofía
Diez
(Hija)
Cecilia
Diez
(Hija)
Empresa
pantalla
(Parivara
Lagani)
2 Los protagonistas
Miguel Ángel Diez
Santander, 1966
Ocupaba el cargo de Jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas en la Consejería de Obras Públicas. Ostentaba el papel principal de la trama, dado que es la persona que tenía capacidad de decisión e influencia en los expedientes de licitación.
Beatriz del Río
Legazpi, 1971
Es la mujer de Miguel Ángel Diez y administradora única de la mercantil Parivara Lagani a la que consta inicio de operaciones el 14 de julio de 2021, con domicilio social en el domicilio familiar, dedicándose a actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
Cecilia Diez del Río
Reinosa, 2001
Hija de Miguel Ángel Diez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Sofía la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros. Era socia de esta empresa a partes iguales con su madre y su hermana.
Sofía Diez del Barrio
Reinosa, 2003
Hija de Miguel Ángel Díez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituyó junto a su madre y su hermana Cecilia la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros.
José Saiz Gómez
Piélagos, 1959
Es el administrador único de Cannor Obras, Centro de Jardinería La Encina y La Encina Gestión Inmobiliaria.
Jose Luis Blanco
Burgos, 1974
Es apoderado de API Movilidad (capital social 3,1 millones) e Imesapi (capital social 4,3 millones), ambas con domicilio social en Madrid.
Secundino Vidal Celis
Valdáliga, 1972
Era el administrador único desde 2020 y apoderado desde 2009 de Rucecan.
Elías Celis
Valdáliga, 1969
Era el apoderado desde 2004 y administrador único hasta el 2010 de Rucecan.
3 La operación policial y judicial
Principios del año 2022
La Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria comienza a investigar al funcionario por un incremento patrimonial derivado de la supuesta manipulación de adjudicación de contratos de Obras Públicas.
Septiembre de 2022
La Agencia Tributaria denuncia los hechos en el Juzgado.
Miércoles 22 de febrero de 2023
La UDEF de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria detienen al funcionario, su mujer, sus dos hijas (en Madrid) y cuatro empresarios, y realizan registros en la Consejería de Obras Públicas y las empresas Rucecan, La Encina, API Movilidad. La jueza deja en libertad con cargos a las dos hijas del funcionario.
Viernes 24 de febrero de 2023
La titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, envía a prisión provisional al funcionario y deja en libertad con cargos a su mujer y a los cuatro empresarios.
4 de septiembre de 2023
La jueza pone en libertad a Miguel Ángel Díez al considerar que no
hay riesgo de fuga ni destrucción
de pruebas
4 Consecuencias políticas
22 de febrero de 2023
Gochicoa comparece a las pocas horas del registro y afirma que no existían sospechas previas. Revilla responsabiliza solo al funcionario y la oposición pide la comparecencia de ambos.
23 de febrero de 2023
El consejero asegura que no se aferrará al cargo, pero entiende que no es el momento de dimitir, sino de buscar soluciones. Mientras tanto, el Gobierno anuncia su personación
en el caso.
24 de febrero de 2023
Revilla muestra su plena confianza en el consejero regionalista y la oposición, con Buruaga a la cabeza, reclama los ceses de Gochicoa y del director general de Obras Públicas.
27 de febrero de 2023
El presidente cambia el discurso y ya no cierra la puerta a dimisiones, pero pide esperar a conocer el sumario. La oposición le exige que diga quién era el responsable de la supervisión.
28 de febrero de 2023
Revilla pide más tiempo para analizar los 4.000 folios y Buruaga exige dimisiones "ya". El PRC anuncia acciones legales contra quien vincule a sus cargos con las empresas investigadas.
3 de marzo de 2023
Tras aceptar la dimisión de José Luis Gochicoa, Revilla da por cerrada la herida política generada en el Gobierno y en el PRC por el escándalo de corrupción. «Está limpio, pero hemos puesto el código ético a un listón que debe servir de ejemplo para todos. Soy consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia», asegura el presidente, que también anuncia la salida del director general de Obras Públicas, Manuel de Jesus.
Caso Obras Públicas
1 La trama
El jefe de servicio de Carreteras utilizaba, presuntamente, su posición y la información privilegiada de la que disponía para ‘organizar’ las adjudicaciones de contratos de obras. Podía estar presente en la Mesa de Contratación, actuar como responsable del contrato o como facultativo de consultoría. También emitir informes sobre las condiciones de adjudicación o sobre las ofertas temerarias. Además, coordinaba a los licitadores para que se repartieran los lotes y hasta les ayudaba en la elaboración de las ofertas. O sea, que les prepararaba para un examen en el que él elegía los temas y se ocupaba de poner las notas.
Calafate Real Estate
El lavado
del dinero
Lismainor
Adjudicaciones
de contratos
Maidenor
Ferrallas
Hipremón
Servicios ficticios
de copistería
Nómina falsa
Dinero blanqueado
Donaciones
a sus hijas
RUCECAN
(Hermanos Celis)
Miguel
Ángel
Diez
Api Movilidad
(José Luis Blanco)
Beatriz
del Río
(Cónyuge)
La Encina
(José Saiz Gómez)
Cannor
Sofía
Diez
(Hija)
Cecilia
Diez
(Hija)
Empresa
pantalla
(Parivara
Lagani)
2 Los protagonistas
Miguel Ángel Diez
Santander, 1966
Ocupaba el cargo de Jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas en la Consejería de Obras Públicas. Ostentaba el papel principal de la trama, dado que es la persona que tiene capacidad de decisión e influencia en los expedientes de licitación.
Beatriz del Río
Legazpi, 1971
Es la mujer de Miguel Ángel Diez y administradora única de la mercantil Parivara Lagani a la que consta inicio de operaciones el 14 de julio de 2021, con domicilio social en el domicilio familiar, dedicándose a actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
Cecilia Diez del Río
Reinosa, 2001
Hija de Miguel Ángel Diez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Sofía la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros. Es socia de esta empresa a partes iguales con su madre y su hermana.
Sofía Diez del Barrio
Reinosa, 2003
Hija de Miguel Ángel Díez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Cecilia la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros.
José Saiz Gómez
Piélagos, 1959
Es el administrador único de Cannor Obras, Centro de Jardinería La Encina y La Encina Gestión Inmobiliaria.
Jose Luis Blanco
Burgos, 1974
Es apoderado de API Movilidad (capital social 3,1 millones) e Imesapi (capital social 4,3 millones), ambas con domicilio social en Madrid.
Secundino Vidal Celis
Valdáliga, 1972
Era el administrador único desde 2020 y apoderado desde 2009 de Rucecan.
Elías Celis
Valdáliga, 1969
Era el apoderado desde 2004 y administrador único hasta el 2010 de Rucecan.
3 La operación policial y judicial
Principios del año 2022
La Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria comienza a investigar al funcionario por un incremento patrimonial derivado de la supuesta manipulación de adjudicación de contratos de Obras Públicas.
Septiembre de 2022
La Agencia Tributaria denuncia los hechos en el Juzgado.
Miércoles 22 de febrero de 2023
La UDEF de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria detienen al funcionario, su mujer, sus dos hijas (en Madrid) y cuatro empresarios, y realizan registros en la Consejería de Obras Públicas y las empresas Rucecan, La Encina, API Movilidad. La jueza deja en libertad con cargos a las dos hijas del funcionario.
Viernes 24 de febrero de 2023
La titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, envía a prisión provisional al funcionario y deja en libertad con cargos a su mujer y a los cuatro empresarios.
4 de septiembre de 2023
La jueza pone en libertad a Miguel Ángel Díez al considerar que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas
4 Consecuencias políticas
22 de febrero de 2023
Gochicoa comparece a las pocas horas del registro y afirma que no existían sospechas previas. Revilla responsabiliza solo al funcionario y la oposición pide la comparecencia de ambos.
23 de febrero de 2023
El consejero asegura que no se aferrará al cargo, pero entiende que no es el momento de dimitir, sino de buscar soluciones. Mientras tanto, el Gobierno anuncia su personación
en el caso.
24 de febrero de 2023
Revilla muestra su plena confianza en el consejero regionalista y la oposición, con Buruaga a la cabeza, reclama los ceses de Gochicoa y del director general de Obras Públicas.
27 de febrero de 2023
El presidente cambia el discurso y ya no cierra la puerta a dimisiones, pero pide esperar a conocer el sumario. La oposición le exige que diga quién era el responsable de la supervisión.
28 de febrero de 2023
Revilla pide más tiempo para analizar los 4.000 folios y Buruaga exige dimisiones "ya". El PRC anuncia acciones legales contra quien vincule a sus cargos con las empresas investigadas.
3 de marzo de 2023
Tras aceptar la dimisión de José Luis Gochicoa, Revilla da por cerrada la herida política generada en el Gobierno y en el PRC por el escándalo de corrupción. «Está limpio, pero hemos puesto el código ético a un listón que debe servir de ejemplo para todos. Soy consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia», asegura el presidente, que también anuncia la salida del director general de Obras Públicas, Manuel de Jesus.
Caso Obras Públicas
1 La trama
El jefe de servicio de Carreteras utilizaba, presuntamente, su posición y la información privilegiada de la que disponía para ‘organizar’ las adjudicaciones de contratos de obras. Podía estar presente en la Mesa de Contratación, actuar como responsable del contrato o como facultativo de consultoría. También emitir informes sobre las condiciones de adjudicación o sobre las ofertas temerarias. Además, coordinaba a los licitadores para que se repartieran los lotes y hasta les ayudaba en la elaboración de las ofertas. O sea, que les prepararaba para un examen en el que él elegía los temas y se ocupaba de poner las notas.
Calafate Real Estate
El lavado
del dinero
Lismainor
Adjudicaciones de contratos
Maidenor
Servicios ficticios de copistería
Ferrallas
Hipremón
Nómina falsa
Dinero blanqueado
Donaciones a sus hijas
RUCECAN
(Hermanos Celis)
Miguel
Ángel
Diez
Api Movilidad
(José Luis Blanco)
Beatriz
del Río
(Cónyuge)
La Encina
(José Saiz Gómez)
Cannor
Sofía
Diez
(Hija)
Cecilia
Diez
(Hija)
Empresa
pantalla
(Parivara
Lagani)
2 Los protagonistas
Miguel Ángel Diez
Santander, 1966
Ocupaba el cargo de Jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas en la Consejería de Obras Públicas. Ostentaba el papel principal de la trama, dado que es la persona que tiene capacidad de decisión e influencia en los expedientes de licitación.
Beatriz del Río
Legazpi, 1971
Es la mujer de Miguel Ángel Diez y administradora única de la mercantil Parivara Lagani a la que consta inicio de operaciones el 14 de julio de 2021, con domicilio social en el domicilio familiar, dedicándose a actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
Cecilia Diez del Río
Reinosa, 2001
Hija de Miguel Ángel Diez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Sofía la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros. Es socia de esta empresa a partes iguales con su madre y su hermana.
Sofía Diez del Barrio
Reinosa, 2003
Hija de Miguel Ángel Díez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Cecilia la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros.
José Saiz Gómez
Piélagos, 1959
Es el administrador único de Cannor Obras, Centro de Jardinería La Encina y La Encina Gestión Inmobiliaria.
Jose Luis Blanco
Burgos, 1974
Es apoderado de API Movilidad (capital social 3,1 millones) e Imesapi (capital social 4,3 millones), ambas con domicilio social en Madrid.
Secundino Vidal Celis
Valdáliga, 1972
Era el administrador único desde 2020 y apoderado desde 2009 de Rucecan.
Elías Celis
Valdáliga, 1969
Era el apoderado desde 2004 y administrador único hasta el 2010 de Rucecan.
3 La operación policial y judicial
Principios del año 2022
La Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria comienza a investigar al funcionario por un incremento patrimonial derivado de la supuesta manipulación de adjudicación de contratos de Obras Públicas.
Septiembre de 2022
La Agencia Tributaria denuncia los hechos en el Juzgado.
Miércoles 22 de febrero de 2023
La UDEF de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria detienen al funcionario, su mujer, sus dos hijas (en Madrid) y cuatro empresarios, y realizan registros en la Consejería de Obras Públicas y las empresas Rucecan, La Encina, API Movilidad. La jueza deja en libertad con cargos a las dos hijas del funcionario.
Viernes 24 de febrero de 2023
La titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, envía a prisión provisional al funcionario y deja en libertad con cargos a su mujer y a los cuatro empresarios.
4 de septiembre de 2023
La jueza pone en libertad a Miguel Ángel Díez al considerar que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas
4 Consecuencias políticas
22 de febrero de 2023
Gochicoa comparece a las pocas horas del registro y afirma que no existían sospechas previas. Revilla responsabiliza solo al funcionario y la oposición pide la comparecencia de ambos.
23 de febrero de 2023
El consejero asegura que no se aferrará al cargo, pero entiende que no es el momento de dimitir, sino de buscar soluciones. Mientras tanto, el Gobierno anuncia su personación
en el caso.
24 de febrero de 2023
Revilla muestra su plena confianza en el consejero regionalista y la oposición, con Buruaga a la cabeza, reclama los ceses de Gochicoa y del director general de Obras Públicas.
27 de febrero de 2023
El presidente cambia el discurso y ya no cierra la puerta a dimisiones, pero pide esperar a conocer el sumario. La oposición le exige que diga quién era el responsable de la supervisión.
28 de febrero de 2023
Revilla pide más tiempo para analizar los 4.000 folios y Buruaga exige dimisiones "ya". El PRC anuncia acciones legales contra quien vincule a sus cargos con las empresas investigadas.
3 de marzo de 2023
Tras aceptar la dimisión de José Luis Gochicoa, Revilla da por cerrada la herida política generada en el Gobierno y en el PRC por el escándalo de corrupción. «Está limpio, pero hemos puesto el código ético a un listón que debe servir de ejemplo para todos. Soy consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia», asegura el presidente, que también anuncia la salida del director general de Obras Públicas, Manuel de Jesus.
Caso Obras Públicas
1 La trama
El jefe de servicio de Carreteras utilizaba, presuntamente, su posición y la información privilegiada de la que disponía para ‘organizar’ las adjudicaciones de contratos de obras. Podía estar presente en la Mesa de Contratación, actuar como responsable del contrato o como facultativo de consultoría. También emitir informes sobre las condiciones de adjudicación o sobre las ofertas temerarias. Además, coordinaba a los licitadores para que se repartieran los lotes y hasta les ayudaba en la elaboración de las ofertas. O sea, que les prepararaba para un examen en el que él elegía los temas y se ocupaba de poner las notas.
Calafate Real Estate
El lavado
del dinero
Lismainor
Maidenor
Adjudicaciones de contratos
Ferrallas
Hipremón
Servicios ficticios de copistería
Nómina falsa
Dinero blanqueado
RUCECAN
(Hermanos Celis)
Donaciones a sus hijas
Miguel
Ángel
Diez
Api Movilidad
(José Luis Blanco)
La Encina
(José Saiz Gómez)
Beatriz
del Río
(Cónyuge)
Cannor
Sofía
Diez
(Hija)
Cecilia
Diez
(Hija)
Empresa
pantalla
(Parivara
Lagani)
2 Los protagonistas
Miguel Ángel Diez
Santander, 1966
Beatriz del Río
Legazpi, 1971
Es la mujer de Miguel Ángel Diez y administradora única de la mercantil Parivara Lagani a la que consta inicio de operaciones el 14 de julio de 2021, con domicilio social en el domicilio familiar, dedicándose a actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
Ocupaba el cargo de Jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas en la Consejería de Obras Públicas. Ostentaba el papel principal de la trama, dado que es la persona que tiene capacidad de decisión e influencia en los expedientes de licitación.
Cecilia Diez del Río
Reinosa, 2001
Sofía Diez del Barrio
Reinosa, 2003
Hija de Miguel Ángel Diez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Sofía la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros. Es socia de esta empresa a partes iguales con su madre y su hermana.
Hija de Miguel Ángel Díez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Cecilia la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros.
José Saiz Gómez
Piélagos, 1959
Jose Luis Blanco
Burgos, 1974
Es el administrador único de Cannor Obras, Centro de Jardinería La Encina y La Encina Gestión Inmobiliaria.
Es apoderado de API Movilidad (capital social 3,1 millones) e Imesapi (capital social 4,3 millones), ambas con domicilio social en Madrid.
Secundino Vidal Celis
Valdáliga, 1972
Elías Celis
Valdáliga, 1969
Era el administrador único desde 2020 y apoderado desde 2009 de Rucecan.
Era el apoderado desde 2004 y administrador único hasta el 2010 de Rucecan.
3 La operación policial y judicial
Principios del año 2022
La Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria comienza a investigar al funcionario por un incremento patrimonial derivado de la supuesta manipulación de adjudicación de contratos de Obras Públicas.
Septiembre de 2022
La Agencia Tributaria denuncia los hechos en el Juzgado.
Miércoles 22 de febrero de 2023
La UDEF de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria detienen al funcionario, su mujer, sus dos hijas (en Madrid) y cuatro empresarios, y realizan registros en la Consejería de Obras Públicas y las empresas Rucecan, La Encina, API Movilidad. La jueza deja en libertad con cargos a las dos hijas del funcionario.
Viernes 24 de febrero de 2023
La titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, envía a prisión provisional al funcionario y deja en libertad con cargos a su mujer y a los cuatro empresarios.
4 de septiembre de 2023
La jueza pone en libertad a Miguel Ángel Díez al considerar que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas
4 Consecuencias políticas
22 de febrero de 2023
Gochicoa comparece a las pocas horas del registro y afirma que no existían sospechas previas. Revilla responsabiliza solo al funcionario y la oposición pide la comparecencia de ambos.
23 de febrero de 2023
El consejero asegura que no se aferrará al cargo, pero entiende que no es el momento de dimitir, sino de buscar soluciones. Mientras tanto, el Gobierno anuncia su personación
en el caso.
24 de febrero de 2023
Revilla muestra su plena confianza en el consejero regionalista y la oposición, con Buruaga a la cabeza, reclama los ceses de Gochicoa y del director general de Obras Públicas.
27 de febrero de 2023
El presidente cambia el discurso y ya no cierra la puerta a dimisiones, pero pide esperar a conocer el sumario. La oposición le exige que diga quién era el responsable de la supervisión.
28 de febrero de 2023
Revilla pide más tiempo para analizar los 4.000 folios y Buruaga exige dimisiones "ya". El PRC anuncia acciones legales contra quien vincule a sus cargos con las empresas investigadas.
3 de marzo de 2023
Tras aceptar la dimisión de José Luis Gochicoa, Revilla da por cerrada la herida política generada en el Gobierno y en el PRC por el escándalo de corrupción. «Está limpio, pero hemos puesto el código ético a un listón que debe servir de ejemplo para todos. Soy consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia», asegura el presidente, que también anuncia la salida del director general de Obras Públicas, Manuel de Jesus.
La fase en la que «explotó» la operación se concretó ese 22 febrero de 2023 con la detención de los ocho investigados: Miguel Ángel Díez, su mujer Beatriz del Río, sus hijas Cecilia y Sofía, y los empresarios Secundino Vidal Celis (administrador único de Rucecan), Elías Celis (apoderado de Rucecan), José Saiz (administrador único de Cannor y La Encina), y José Luis Blanco (apoderado de Api Movilidad e Imesapi).
Durante los registros realizados ese día, los investigadores hallaron en la vivienda del cabecilla de la trama lo más llamativo: 530.000 euros en una caja fuerte y una máquina de contar dinero (el resto de documentación incautada es la que se sigue analizando en estos momentos).
Las fechas clave
Marzo de 2022. La Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria comienza a investigar al jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Diez, por un incremento patrimonial derivado de la supuesta manipulación de adjudicación de contratos de Obras Públicas.
Octubre de 2022. La Agencia Tributaria denuncia los hechos en el Juzgado y la magistrada Mercedes Compostizo abre una investigación bajo secreto de sumario.
22 de febrero de 2023. La UDEF de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria detienen al funcionario, su mujer, sus dos hijas (en Madrid) y a cuatro empresarios, y realizan registros en sus domicilios, en la Consejería de Obras Públicas y en las sedes de las empresas Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad.
23 de febrero de 2023. El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, asegura que no se aferrará al cargo, pero entiende que no es el momento de dimitir, sino de buscar soluciones. Además, el Gobierno anuncia su personación en el caso.
24 de febrero de 2023. La titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, envía a prisión provisional al funcionario y deja en libertad con cargos a su mujer, a sus dos hijas y a los cuatro empresarios investigados por supuesto cohecho.
27 de febrero de 2023. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cambia el discurso y ya no cierra la puerta a dimisiones, pero pide esperar a conocer el sumario. La oposición le exige que diga quién era el responsable de la supervisión de los contratos.
3 de marzo de 2023. Tras aceptar la dimisión de José Luis Gochicoa, Revilla da por cerrada la herida política generada en el Gobierno y en el PRC por el escándalo de corrupción. También anuncia la salida del director general de Obras Públicas, Manuel del Jesus.
8 de marzo de 2023. El consejero de Obras Públicas destituye al subdirector general de Carreteras, Sebastián Martín, después de conocerse que se citó con el funcionario y su mujer, y dos empresarios de Rucecan en El Celler de Can Roca (Girona).
Mayo de 2023. El abogado del funcionario anuncia que está preparando un informe económico que contradice a los que recoge el sumario para justificar el origen del patrimonio familiar.
4 de septiembre de 2023. La jueza pone el libertad con cargos a Diez al considerar que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
Octubre de 2023. La magistrada Compostizo acuerda prorrogar la instrucción durante seis meses más.
Cuando pasaron a disposición judicial, los ocho implicados se acogieron a su derecho a no declarar (y desde entonces no han roto su silencio). Entonces, la instructora acordó el ingreso en prisión provisional del jefe de Carreteras y dejó al resto de implicados en libertad con cargos.
El jefe de Carreteras recurrió el auto de prisión, pero tanto ella como, posteriormente, la Audiencia Provincial lo desestimaron al considerar que en ese momento, mediados de marzo, seguía existiendo riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, como así consideraron las acusaciones del caso (el fiscal, el Gobierno de Cantabria, la Asociación de Constructores y Vox –que se apartó del caso en octubre–).
De forma paralela al proceso judicial, el caso abrió una crisis en el PRC que se saldó con las dimisiones de Gochicoa –que recibió un homenaje cargado de polémica– y Del Jesús, que posteriormente se reincorporó a la Consejería hasta que el PP accedió el Gobierno. Hubo una tercera víctima política: el subdirector general de Carreteras, Sebastián Martín, que fue destituido tras conocerse que se había citado en el Celler de Can Roca con el funcionario y dos empresarios implicados.
Tras acceder al sumario del caso, El Diario Montañés desveló tanto los informes patrimoniales confeccionados por Vigilancia Aduanera como los seguimientos y conversaciones intervenidas al funcionario y su mujer, de las que se desprendía el 'modus operandi' de Diez. En la mayoría de esas llamadas –en las que nunca hablan de las supuestas mordidas– se escucha al funcionario concertar la adjudicación de las obras con los empresarios implicados en la trama. «¿El pliego del puente de Pontejos lo saco igual o con cambios?», le pregunta Diez al gerente de API Movilidad en una llamada que se produjo el 2 de enero de 2023. «Haz un apaño por ahí y presenta bien la documentación», indicaba el funcionario a otro de los implicados, Secundino Vidal Celis, en otra conversación.
También hay escuchas que afectan a la mujer del funcionario, en la que ponen en evidencia que no tenía actividad laboral alguna pese a que estaba en nómina y recibía una retribución de una de las empresas implicadas, La Encina. «Estoy más aburrida que la una, tengo todo el tiempo del mundo», le dice a una de sus dos hijas en una llamada que se incluye en el sumario, donde también hay un seguimiento en el que los investigadores confirman que Del Río no trabaja, ni siquiera en la supuesta empresa de fotocopias (la que usaba la familia para recibir esas comisiones que luego blanqueaban).
En el mes de mayo, el funcionario, que posteriormente cambió de abogado, avanzó a la jueza que estaba elaborando un informe económico con el que pretendía demostrar que el origen del dinero y sus bienes «no tiene conexión con los hechos». Y un mes después la juez rechazó la petición del Gobierno de Cantabria para prohibir la contratación de las cinco empresas investigadas en una decena de expedientes pendientes de adjudicación. Decisión que ratificó posteriormente la Audiencia.
El 4 de septiembre, la instructora puso en libertad al funcionario con la condición de que no abandonara el país y que se presentara de forma periódica ante el juzgado. La jueza entendía que ya no existía el riesgo de fuga y que la documentación recabada para investigar las presuntas irregularidades ya era suficiente y tampoco había riesgo de destrucción de pruebas. Una vez que quedó libre, Diez reclamó incorporarse a su trabajo, pero otro juez lo rechazó de forma cautelar, dejando pendiente su decisión definitiva.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
José A. González y Álex Sánchez
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.