Los altos cargos del SCS investigados asumieron desde 2015 todo el control financiero de Sanidad

De los cuatro nombres citados en este primer párrafo, tres desaparecieron de escena poco después de estallar la polémica, a raíz de la difusión de aquel email (el 25 de abril) en las páginas de este periódico, donde se apuntaba hacia adjudicaciones a la carta. La alta funcionaria que lo escribió, de baja médica primero, se jubiló poco después. Y los dos directivos, tras defender con papeles, números y argumentos, que su gestión «se ajustaba a la legalidad», se vieron abocados a presentar su dimisión a finales de mayo. Ambos habían asumido en 2015 el control financiero de todo el SCS (850 millones de euros de presupuesto anual), desde Atención Primaria a los hospitales, incluido el propio Valdecilla, que hasta entonces dependían de sus propias Gerencias.

La consejera, en cambio, ha resistido contra viento y marea los ataques de la oposición (sin excepciones), que no se ha cansado de pedir su cese inmediato. De entrada, ella delegó las explicaciones en Pérez Gil -«como máximo responsable de este organismo autónomo», recalcó-, y en la mano derecha de éste (González), mientras los partidos le reprochaban que no diera la cara. Las dos ruedas de prensa convocadas en la sede del SCS, por primera vez en toda la legislatura, sirvieron para marcar la distancia. Cuando al fin intervino, Real negó la existencia de irregularidades y atribuyó el revuelo a «un intento organizado de levantar sospechas» contra Sanidad, apuntando sin ambages al PP. Después, el expediente informativo encargado por orden del presidente Miguel Ángel Revilla, dispuesto a «cortar cabezas» si se confirmaban las sospechas, y el informe de Intervención General (incluso sin adjetivos, porque se suprimieron en la versión definitiva) corroboraron la existencia de «incidencias» o «errores contractuales». Real contestó -como ha vuelto a hacer esta semana- que no son responsabilidad suya. Y así lo ha entendido su partido, el PSOE, y el Gobierno, que le ha mostrado hasta la fecha «respaldo absoluto». No obstante, que el asunto haya llegado al juzgado, al prosperar las denuncias de IU y PP, le ha cogido por sorpresa. «Sinceramente, pensé que el tema se iba a archivar», declaró.

Cuando Real empezó a conformar su equipo directivo, hace tres años y medio, puso al frente del SCS, como número dos de su gabinete, a Pérez Gil, economista y experto en gestión. Funcionario del Gobierno de Navarra, el nuevo gerente se trajo consigo a un equipo de profesionales curtidos en Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) y, aprovechando su experiencia, Sanidad apostó por una reorganización de funciones. Al frente de la Gerencia de Valdecilla, hasta entonces la de mayor calado en el organigrama, Sanidad situó al neurólogo Julio Pascual, con un perfil más clínico-asistencial que de gestor puro, y decidió recuperar el puesto del subgerente del hospital después de más de doce años sin ocupar. Según explicó la Consejería entonces (septiembre de 2015), «se deja vacante la Dirección de Gestión del hospital, que pasa a depender directamente del SCS, y, en su lugar, se ocupa la del subdirector gerente». Con ello, explicó, se trataba de «reubicar funciones» y «aprovechar» que el SCS cuenta con una Gerencia «potente».

Así, se acordó la designación de una persona de confianza, adjunto a la Dirección de Pascual, llamada a ejercer de enlace con el SCS para aquellos temas más relacionados con la gestión económica. El cargo recayó en la médico Beatriz López Muñiz, experta en gestión de procesos y servicios de información en la sanidad pública asturiana. Al tiempo, Pérez Gil nombró también a Jesús Martín Lázaro como subdirector de Gestión de Servicios Generales de Valdecilla.

Esa misma filosofía se aplicó en el ámbito de Atención Primaria. Se suprimió la Dirección de Gestión, que pasó a depender también del SCS, y se nombró gerente a un médico de la 'casa', Alejandro Rojo, mientras la dirección médica recayó en Cristina Domingo Rico, otro de los nombres del equipo de Pérez Gil, que justo renunció al puesto hace unos días.

La Fiscalía señala entre los investigados a los dos altos cargos dimitidos -el exdirector de Gestión Económica aparece como el principal aludido en la documentación aportada-, pero también al consultor vasco Álvaro Sáenz de Viteri, que colaboró en la valoración de varios contratos (el correo de la funcionaria alertaba del papel de asesores externos a la Administración), y al gerente de Atención Primaria, al enmarcarse dentro de su negociado varias de las incidencias detectadas.

Obras recepcionadas sin haberse concluido, como la del bloque de Atención Temprana de El Alisal; actas de comprobación de equipamiento sin haberse recibido, como el acelerador portátil de radioterapia adquirido con la donación de la fundación Amancio Ortega; fraccionamiento de contratos, como la compra de los 22 ecógrafos o los adjudicados para reformar las instalaciones del Hospital Virtual Valdecilla... Estas son algunas de las irregularidades en las contrataciones realizadas por el SCS que llevaron a IU y a PP a acudir a la Fiscalía y que ahora tendrá que analizar una a una la titular del juzgado de instrucción número 5 de Santander para determinar si existen o no delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones.