De una discusión en un despacho del Servicio Cántabro de Salud, entre jefe y subordinada, a la apertura de una investigación judicial por indicios de ... delito. Entre un hecho y otro han pasado diez meses. Durante los dos primeros la tensión se vivió sólo de puertas para dentro, hasta que se escapó el cabo que empezó a desenredar la madeja. Poco podía imaginar la jefa de Contratación, Inmaculada Rodríguez, que aquel correo interno que envió al gerente, Julián Pérez Gil, y a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, el 8 de febrero, despotricando contra el subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González, y alertando de maniobras sospechosas en materia de contratación, no sólo iba a tumbar a la cúpula del SCS tras la denuncia pública de irregularidades, sino que iba a ser el detonante de una tormenta política, avivada esta semana con la decisión de la Fiscalía de remitir el caso al juzgado.
De los cuatro nombres citados en este primer párrafo, tres desaparecieron de escena poco después de estallar la polémica, a raíz de la difusión de aquel email (el 25 de abril) en las páginas de este periódico, donde se apuntaba hacia adjudicaciones a la carta. La alta funcionaria que lo escribió, de baja médica primero, se jubiló poco después. Y los dos directivos, tras defender con papeles, números y argumentos, que su gestión «se ajustaba a la legalidad», se vieron abocados a presentar su dimisión a finales de mayo. Ambos habían asumido en 2015 el control financiero de todo el SCS (850 millones de euros de presupuesto anual), desde Atención Primaria a los hospitales, incluido el propio Valdecilla, que hasta entonces dependían de sus propias Gerencias.
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8 de febrero de 2018.
La jefa de Contratación del SCS envía un correo al gerente y a la consejera en el que describe maniobras sospechosas.
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25 de abril.
El contenido del email sale a la luz, a través de este periódico, y desata una tormenta política.
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10 de mayo.
La Fiscalía abre diligencias para investigar, a raíz de las denuncias de IU y del PP.
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28 de mayo.
El gerente Julián Pérez Gil y su número dos, Javier González, envían por escrito su renuncia a la consejera y aluden a «razones personales y de salud».
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31 de mayo.
El informe de Sanidad confirma «un indebido fraccionamiento» de contratos. El Gobierno admite «deficiencias contractuales».
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4 de agosto.
Intervención detecta en las contrataciones del SCS prácticas «prohibidas por ley».
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27 de noviembre.
La Fiscalía remite la denuncia al juzgado al ver indicios de delito (prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos).
La consejera, en cambio, ha resistido contra viento y marea los ataques de la oposición (sin excepciones), que no se ha cansado de pedir su cese inmediato. De entrada, ella delegó las explicaciones en Pérez Gil -«como máximo responsable de este organismo autónomo», recalcó-, y en la mano derecha de éste (González), mientras los partidos le reprochaban que no diera la cara. Las dos ruedas de prensa convocadas en la sede del SCS, por primera vez en toda la legislatura, sirvieron para marcar la distancia. Cuando al fin intervino, Real negó la existencia de irregularidades y atribuyó el revuelo a «un intento organizado de levantar sospechas» contra Sanidad, apuntando sin ambages al PP. Después, el expediente informativo encargado por orden del presidente Miguel Ángel Revilla, dispuesto a «cortar cabezas» si se confirmaban las sospechas, y el informe de Intervención General (incluso sin adjetivos, porque se suprimieron en la versión definitiva) corroboraron la existencia de «incidencias» o «errores contractuales». Real contestó -como ha vuelto a hacer esta semana- que no son responsabilidad suya. Y así lo ha entendido su partido, el PSOE, y el Gobierno, que le ha mostrado hasta la fecha «respaldo absoluto». No obstante, que el asunto haya llegado al juzgado, al prosperar las denuncias de IU y PP, le ha cogido por sorpresa. «Sinceramente, pensé que el tema se iba a archivar», declaró.
El exgerente Pérez Gil se trajo consigo hace tres años a un equipo de profesionales expertos curtidos en Osakidetza
El cambio de funciones
Cuando Real empezó a conformar su equipo directivo, hace tres años y medio, puso al frente del SCS, como número dos de su gabinete, a Pérez Gil, economista y experto en gestión. Funcionario del Gobierno de Navarra, el nuevo gerente se trajo consigo a un equipo de profesionales curtidos en Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) y, aprovechando su experiencia, Sanidad apostó por una reorganización de funciones. Al frente de la Gerencia de Valdecilla, hasta entonces la de mayor calado en el organigrama, Sanidad situó al neurólogo Julio Pascual, con un perfil más clínico-asistencial que de gestor puro, y decidió recuperar el puesto del subgerente del hospital después de más de doce años sin ocupar. Según explicó la Consejería entonces (septiembre de 2015), «se deja vacante la Dirección de Gestión del hospital, que pasa a depender directamente del SCS, y, en su lugar, se ocupa la del subdirector gerente». Con ello, explicó, se trataba de «reubicar funciones» y «aprovechar» que el SCS cuenta con una Gerencia «potente».
Así, se acordó la designación de una persona de confianza, adjunto a la Dirección de Pascual, llamada a ejercer de enlace con el SCS para aquellos temas más relacionados con la gestión económica. El cargo recayó en la médico Beatriz López Muñiz, experta en gestión de procesos y servicios de información en la sanidad pública asturiana. Al tiempo, Pérez Gil nombró también a Jesús Martín Lázaro como subdirector de Gestión de Servicios Generales de Valdecilla.
Esa misma filosofía se aplicó en el ámbito de Atención Primaria. Se suprimió la Dirección de Gestión, que pasó a depender también del SCS, y se nombró gerente a un médico de la 'casa', Alejandro Rojo, mientras la dirección médica recayó en Cristina Domingo Rico, otro de los nombres del equipo de Pérez Gil, que justo renunció al puesto hace unos días.
La Fiscalía señala entre los investigados a los dos altos cargos dimitidos -el exdirector de Gestión Económica aparece como el principal aludido en la documentación aportada-, pero también al consultor vasco Álvaro Sáenz de Viteri, que colaboró en la valoración de varios contratos (el correo de la funcionaria alertaba del papel de asesores externos a la Administración), y al gerente de Atención Primaria, al enmarcarse dentro de su negociado varias de las incidencias detectadas.
Obras recepcionadas sin haberse concluido, como la del bloque de Atención Temprana de El Alisal; actas de comprobación de equipamiento sin haberse recibido, como el acelerador portátil de radioterapia adquirido con la donación de la fundación Amancio Ortega; fraccionamiento de contratos, como la compra de los 22 ecógrafos o los adjudicados para reformar las instalaciones del Hospital Virtual Valdecilla... Estas son algunas de las irregularidades en las contrataciones realizadas por el SCS que llevaron a IU y a PP a acudir a la Fiscalía y que ahora tendrá que analizar una a una la titular del juzgado de instrucción número 5 de Santander para determinar si existen o no delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones.
Sanidad acumula una docena de dimisiones durante la legislatura
Las dimisiones de mayor impacto en el organigrama de la Consejería de Sanidad esta legislatura fueron las del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González; pero no han sido las únicas. El goteo de salidas empezó en los primeros meses de andadura. Apenas cinco de mandato llevaba la directora médica de Valdecilla María Ángeles Villanueva cuando presentó su renuncia para «volver a la medicina». Era febrero de 2016. En los primeros días de julio de ese año renunciaba el equipo completo de la Dirección de Enfermería del hospital, liderado por Mercedes Rodríguez. Más polémica fue la salida de la directora del Observatorio de Salud Pública, Estela Goicoechea, destacada militante socialista, tras admitir que había mentido en su currículum. En marzo de 2018, también dejó su cartera el exgerente de la Fundación Marqués de Valdecilla Joaquín Ruiz Sisniega, después de que los tribunales le obligasen a devolver 45.000 euros por compatibilizar una pensión total por enfermedad crónica con su sueldo como alto cargo de la Consejería. Las últimas dimisiones se han producido en los últimos meses en Atención Primaria. A la de la Dirección de Enfermería, con Mercedes Carrera al frente, se sumó hace unos días la de la directora médica, Cristina Domingo Rico. Eso sin contar las renuncias de otros puestos de segunda fila, como la coordinadora de Admisión y la de Formación del área.
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