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La aparición de casos positivos, o sospechosos de serlo, obliga a tomar medidas en los centros educativos para controlar la situación: son las cuarentenas preventivas para aulas y grupos de convivencia, o para aquellos alumnos que hayan sido contactos estrechos.
En estos momentos, estas ... medidas se aplican en 32 -de los más de 300- colegios, institutos o escuelas cántabras. Ayer, por ejemplo, se instauraron medidas en otras seis aulas de Infantil, Primaria y Secundaria, y también sobre diez alumnos identificados como contactos estrechos.
Los centros que entraron en el listado que remite a diario el Gobierno regional son el Aguanaz (Entrambasaguas); Marcial Solana (La Concha de Villaescusa); Pérez Galdós (Polanco); Doctor Madrazo (Potes) y La Paz (Torrelavega), donde la cuarentena inicial se había previsto para ocho alumnos, pero se ha decidido ampliar a toda la clase.
También se decidió aplicar cuarentenas parciales entre el alumnado del IES Miguel Herrero, en Torrelavega, y el de otro aula de La Paz. Y en el CEIP Costa Quebrada (Bezana) otros tres alumnos reciben educación desde casa.
En Infantil y Primaria, hay en estos momentos incidencias en 23 de 2.654 aulas, es decir, solo se ven afectadas el 86%.
Por otro lado, y desde el 1 de octubre, en Cantabria se han detectado 38 casos positivos de coronavirus en universidades. Dieciséis siguen activos en estos momentos, según reveló ayer el Gobierno. El Ejecutivo quiere afianzar el control de la pandemia en el ámbito universitario -más allá de los planes diseñados por las propias universidades que, como la UC, recogen normas de prevención o seguridad, entre otras- a través de un protocolo homogéneo para todos los centros y residencias de estudiantes. Es uno de los objetivos que se conocieron ayer después de que el vicepresidente, Pablo Zuloaga, y el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, participaran en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Política Universitaria y del Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El Gobierno cántabro trabaja en el diseño de ese protocolo. La meta es «actuar con celeridad» si se detecta un caso sospechoso, actuar de forma unificada y tratar «de que ningún positivo que pueda darse quede fuera del conocimiento de las administraciones universitarias y de salud». La Dirección General de Salud Pública será la encargada de centralizar los datos que se notifiquen.
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