Cuatro ceses y dos dimisiones en esta legislatura sacuden los cimientos de Economía

La baja de García Ortiz, que fue nombrada en mayo de 2016, constituye el enésimo movimiento del banquillo en una Consejería a la que, como diría el castizo, parece que la ha mirado un tuerto. Es el cuarto cese fulminante que acuerda Juan José Sota en el departamento que dirige, donde se ha sumado también la dimisión de dos altos cargos, una situación que ha desencadenado movimientos en cadena en la cúpula y segunda fila de Economía para taponar las vías de agua causadas en el organigrama y frenar cualquier síntoma de inestabilidad.

El primer cese se registró recién estrenada la actual legislatura. Uno de los primeros acuerdos que adoptó el Gobierno de PRC-PSOE fue relevar a la directora del Servicio Cántabro de Empleo (Emcán), María Ángeles Sopeña Villar, tras haber sido imputada en el caso Nestor Martin, aunque posteriormente fue exonerada de toda responsabilidad.

Su puesto fue inmediatamente cubierto por una mujer del partido. Carmen Díez Marzal, que iba en la lista del PSOE al Parlamento y renunció a tomar posesión como diputada, volvió al cargo que ya había ocupado con el Gobierno bipartito en 2007. Pero su paso por el Emcán fue efímero. No llegó a estar ni un año en el cargo. A Díez Marzal, funcionaria de carrera, no la echaron, se fue por discrepancias con los suyos. Aunque oficialmente se utilizó la muletilla habitual para estos casos, -el tan socorrido 'se marcha por motivos personales'-, lo cierto, y reconocido después, es que se marchó por la guerra abierta con motivo de las contrataciones de parados en el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, que el municipio realizó por sorteo en contra del criterio del Emcán. El primer teniente de alcalde del municipio, el socialista Pedro Pérez Ferradas, firme defensor del método al que se opuso la directora general del Emcán, protagonizó una dura campaña en redes sociales contra el alto cargo de Economía, cuyo cese pidió con insistencia. En este tira y afloja, Díez Marzal terminó por arrojar la toalla y retirarse. Lo hizo en junio de 2016.

Tan sólo un mes antes se había producido la dimisión de la directora general de Economía, Inmaculada Valencia, que permanecía en el cargo desde la legislatura anterior del PP. Valencia había pedido volver a su antiguo puesto en Bruselas tras las elecciones autonómicas, pero las irregularidades financieras detectadas en Sogiese -empresa pública gestora de fondos europeos- en una auditoría de la Intervención General aceleraron su marcha.

El informe fiscalizador advirtió de la existencia de sobresueldos cobrados «indebidamente» en la sociedad, que además no acometió la reducción salarial de un 5% a sus trabajadores, tal y como obligaba la ley a todos los organismos públicos. Ciudadanos, que abanderó en el Parlamento la denuncia del 'caso Sogiese', impuso la salida de Valencia como condición indispensable para apoyar el convenio de basuras con Guipúzcoa y el consejero Juan José Sota aceptó la dimisión de su directora general sin oponer resistencia.

La Consejería de Economía navegó en aguas calmas hasta febrero de este año, cuando se produjo la baja más trascendental. A mediados de mes, Gabriel Pérez-Penido, el interventor general del Gobierno de Cantabria, fue cesado de manera inopinada por Sota. Pérez-Penido, el interventor nombrado por el popular Ignacio Diego en la anterior legislatura, se había convertido en un hombre especialmente incómodo para el Ejecutivo de PRC-PSOE por sus numerosos reparos a la gestión de las empresas públicas. En el momento de su relevo iba a iniciar una auditoría a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT), tenía en proceso otra a la Sociedad de Desarrollo Regional (Sodercán) y en el horizonte más inmediato había puesto sus ojos sobre la contabilidad de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE). El informe que detectó irregularidades en Sodercán entre 2008 y 2010 llevaba su firma, y también los documentos enviados mensualmente al Ministerio de Hacienda anticipando el incumplimiento del déficit de 2016, y el dosier sobre «pagos indebidos» en Sogiese. Aunque, el interventor general, el funcionario de más alto rango en la región, había sido igualmente inflexible en la etapa de Diego, cuando, por ejemplo, reveló un cúmulo de deficiencias en los contratos adjudicados por la empresa de residuos MARE, que obligó a cambiar totalmente el sistema de contratación. Sus advertencias sobre los desembolsos del Gobierno del PP en el frustrado proyecto de Ecomasa tampoco dejaron bien parado al Ejecutivo de Diego.

Su marcha obligó a Sota a remover la cúpula de las principales empresas públicas de su departamento. Gabriel Pérez fue sustituido por el director de la ACAT y negociador del nuevo modelo de financiación autonómica Pedro Pérez Eslava; al frente de la Agencia se colocó Manuel Díaz, entonces director del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), quien este mismo mes ha abandonado el cargo para irse al Ministerio de Fomento como asesor del secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura; y, finalmente, al frente del ICAF se aupó a Jesús Bulnes, un funcionario de la casa.

Dos semanas después, Sota consumó la remodelación iniciada con el cese del subdirector de Control Financiero del Gobierno, Rafael Gutiérrez, un hombre del PP, de cuya ejecutiva regional es miembro. El desembarco de Gutiérrez supuso de facto el desmantelamiento del órgano fiscalizador heredado del Gobierno de Diego, que Sota mantuvo cuando accedió a Economía en 2015. La última pieza en caer ha sido la directora general de Economía, a quien tener el carné de la rosa no ha servido para terminar la legislatura en el cargo y evitar la cola del paro.