Cuatro empresas optan al millonario contrato de las ambulancias del Servicio Cántabro de Salud

Y una de ellas es Ambuibérica, la adjudicataria en Cantabria desde 2012, que renuncia así a continuar con las rutas programadas, aquellas que se encargan del traslado de pacientes a consultas, pruebas diagnósticas o tratamientos, o de devolverlos a casa tras el alta hospitalaria. En esta ocasión, cambia de estrategia y de marca -se ha presentado como Autransa, una filial histórica en León de HTGroup-, y arriesga menos en la oferta, puede que escaldada por la experiencia de esta última legislatura, que le ha generado un agujero millonario en sus cuentas, como ha denunciado de forma reiterada, llegando a pedir incluso al SCS la rescisión (aunque le fue negada).

La cuarta empresa en liza, que también opta únicamente a la pata del transporte urgente, es Ambulancias Maiz, con sede en Guipúzcoa y adjudicaciones compartidas en el País Vasco y Aragón.

La licitación en curso se divide en dos lotes diferenciados, de forma que se abre la puerta a la gestión compartida entre dos empresas distintas por primera vez en Cantabria, donde en los últimos meses ha sobrevolado la intención de la Consejería de Sanidad de internalizar el servicio. El estudio de esa posibilidad fue lo que argumentó para acogerse a la prórroga del contrato firmado con Ambuibérica, aunque finalmente tuviera que 'aparcar' la idea. Por falta de tiempo, primero, porque en lo que restaba de legislatura ya era inviable (sí ha dado tiempo a dar los primeros pasos para crear una Agencia Pública de Transporte Sanitario), y por la contundente advertencia de Economía sobre los riesgos financieros de esa maniobra.

El concurso se abrió a principios de enero, con la meta de mayo para proceder al relevo, que implica la subrogación de toda la plantilla actual, compuesta por 342 efectivos en el caso del servicio urgente y otros 147 trabajadores en el programado, incluidos en ambos casos el personal de baja, pero con reserva de plaza. La nueva concesión implica también actualizar las condiciones laborales al nuevo convenio del sector, que contempla subidas salariales mínimas del 16%.

El plazo de presentación de ofertas se cerró el martes, 7 de febrero, después de ampliarse una semana sobre la fecha inicial por las múltiples dudas sobre el pliego planteadas por las aspirantes -se registraron más de una treintena de consultas-. Ayer por la mañana la mesa de contratación analizó las cuatro propuestas. La firma SSG (Servicios Sociosanitarios Generales), que según su información corporativa cuenta con 20 delegaciones en España y una plantilla de 2.300 profesionales, gestiona actualmente el grueso del transporte sanitario de Andalucía y de Castilla-La Mancha. El último proceso, el de Sevilla, no ha estado exento de polémica por la pugna con su principal competidora en el sur, que es Ambulancias Tenorio. En su carta de presentación, una huelga en ciernes en el Campo de Gibraltar. En el norte, se asoció en 2016 con la compañía vasca Larrialdiak y juntas gestionaron el transporte sanitario en Álava, aunque la experiencia acabó en conflicto, con renuncia incluida en 2020. Para salir del paso, el Gobierno vasco tuvo que recurrir a Ambuibérica, La-Pau y Ambulancias Maiz.

Justo esta última empresa es otra de las que opta por primera vez al contrato de Cantabria, aunque solo al servicio urgente. Hasta ahora, su ámbito geográfico se ha limitado a País Vasco y Aragón, donde ha estado asociada con Ambulancias Egara. Y tampoco su historial está libre de conflictos sindicales. El último, el pasado diciembre, a cuenta del impago de la extra de Navidad.

Ambuibérica, después de hacer números, de analizar los pros y contras de seguir trabajando en la región, y sopesar la experiencia de esta última etapa de gestión, en la que se ha visto forzada a prorrogar el contrato, pese a «las pérdidas millonarias» que le acarreaba, tras la famosa sentencia de las horas extra, se ha plantado. La dirección -cabe recordar que está integrada en HTGroup, que opera en Castilla y León, Cataluña y País Vasco- ha decidido presentarse únicamente a la pata del transporte urgente del SCS, así que en ningún caso seguirá a cargo del traslado de los pacientes que acuden a diálisis, a rehabilitación, a consultas o que son recogidos a la puerta del hospital para hacer el viaje de vuelta a sus domicilios, que es uno de los grandes escollos del servicio, el que acumula el mayor número de críticas.

Precisamente, para garantizar el cumplimiento de los tiempos de respuesta y terminar con las demoras excesivas, que es la causa principal del descontento de los usuarios, desde el SCS habían asegurado que el nuevo pliego de condiciones recoge «un control mucho más estricto y exhaustivo». Pero esas penalizaciones a las que se expondrá la nueva adjudicataria -hay empresas que las juzgan directamente como «totalmente desproporcionadas»-, sumado a la propia duración del contrato, que será de dos años (independientemente de la prórroga), en lugar de los cuatro habituales, es otra de las razones que ha echado para atrás a posibles aspirantes (es por eso que hay la mitad de ofertas que para el servicio urgente). En resumen, argumentan que es «demasiada inversión», teniendo en cuenta la renovación de la flota que tendrían que hacer, para un periodo de tiempo muy corto para poder amortizarla. Y así lo ha interpretado la concesionaria actual, que sólo intentará quedarse con la pata del contrato del transporte urgente.