Cuatro exdiputados agotan el subsidio del Parlamento tras dos años en paro

El privilegio, que se puso en marcha tras una modificación del Régimen de Protección Social de los Diputados que salió adelante en 2013 con José Antonio Cagigas como presidente del Parlamento y que no existe en todas las comunidades autónomas, permite a los cesantes recibir esta retribución durante un máximo de dos años. Periodo que finaliza este mes y que agotarán cuatro de los que lo solicitaron en su momento. En este tiempo, o no han querido o no han sabido encontrar un empleo fuera de la política que les permitiera renunciar a este subsidio especial. En la lista figuran los populares Francisco Rodríguez (exconsejero de Obras Públicas), Mercedes Toribio (exalcaldesa de Los Corrales de Buelna) y José Manuel Igual, que optó por renunciar a su liberación como regidor de Arnuero para ahorrárselo a sus vecinos y seguir cobrando del Parlamento. No tiene sueldo del Ayuntamiento, pero eso no quiere decir que no tenga ingresos municipales, porque sí percibe dietas. Sólo en 2019, el último ejercicio del que hay datos, fueron alrededor de 10.000 euros. Cada uno de los anteriores ha recibido 24 mensualidades de 1.098 euros.

«Me tomaré un periodo de reflexión para decidir si retorno a mi actividad profesional (como abogada con despacho en Los Corrales desde 1988 a 1999) o me decanto por algo nuevo», afirmaba hace dos años Toribio, que avanzaba que sería un tiempo «para descomprimir el cerebro porque la última etapa ha sido muy dura». «Dejaré pasar el verano y decidiré. No tengo planes, pero no estaré sin hacer nada porque no puedo», decía Gorostiaga por esas mismas fechas.

Este subsidio se puso en marcha porque los exdiputados no tienen derecho al paro ordinario, ya que su relación con la Cámara regional no es de tipo laboral, sino de representación. Tuvieron que inscribirse como demandantes de empleo para recibirlo y el Parlamento también les ha pagado durante este tiempo las cotizaciones a la Seguridad Social.

De los once que en su día solicitaron esta prestación especial, el resto fue renunciando a ella a lo largo de los dos últimos años. Rosa Valdés (PRC) y Víctor Casal (PSOE) no llegaron a cobrarlo porque recibieron acomodo de forma inmediata en el nuevo Gobierno. Sí tuvieron al menos un ingreso los exdiputados Luis Carlos Albalá, Santiago Recio y José Ramón Blanco-este lo agotó también, pero él tenía derecho a 16 mensualidades y no a 24 por haber estado en el hemiciclo sólo una legislatura-. Más recientemente, renunciaron a este subsidio Matilde Ruiz (al ser fichada por Marina Lombó para dirigir la Sociedad Regional de Educación) y Eva Díaz Tezanos.

El caso de la socialista es distinto. Primero recibió la prestación ordinaria del paro -estaba 'contratada' por el Ejecutivo como vicepresidenta y eso sí se considera una relación laboral al uso, por lo que tenía el mismo régimen que el resto de trabajadores- y por eso sólo tenía derecho a 8 mensualidades del Parlamento. No las agotó tampoco al conseguir una plaza en la empresa pública Gesvicán tras ganar un concurso abierto el mes pasado.

El Régimen de Protección Social de los Parlamentarios también recoge una indemnización de hasta 30.000 euros para la familia de un diputado en caso de fallecimiento. Para hacer efectivo ese pago tiene que haber un acuerdo unánime «de forma graciable» -sin necesidad de mayor justificación- de la Mesa, algo que ocurrió en el caso del regionalista Rafael de la Sierra, exconsejero del Gobierno autonómico y expresidente de la Cámara.

Por otra parte, ha sido esta misma legislatura cuando la Mesa de Gobierno del Parlamento de Cantabria ha dado el visto bueno a un acuerdo por el que la Cámara asumirá los gastos que les suponga a los comparecientes -expertos o técnicos ajenos a las instituciones públicas- que sean llamados como invitados para participar en las comisiones y arrojar luz sobre asuntos concretos.

Un buen ejemplo, en el último ejercicio, son los catedráticos o miembros de organizaciones de reconocido prestigio que han participado en las comparecencias con motivo de la elaboración de las leyes de Memoria Histórica o LGTBI. Estos comparecientes podrán pasar la factura -hasta ahora no estaba contemplado- por desplazamiento (billetes de avión, tren o kilometraje, si viajan en sus propios vehículos), por taxis, aparcamiento y peajes de autopistas, por alojamiento y también por manutención. Deberán aportar un número de cuenta y ahí se les realizará el abono, para que su colaboración con la labor legislativa no suponga un perjuicio para su bolsillo.