Cuatro miradas a la financiación autonómica

Las palabras de Buruaga las podría haber pronunciado cualquier portavoz del PRC, PSOE o Vox. En el asunto de la financiación, las opiniones de los principales partidos de Cantabria no están tan alejados pese a que, en los últimos meses, el debate se haya enturbiado a causa del acuerdo entre Sánchez y Esquerra para dar un trato diferencial a Cataluña. Un asunto, este último, que ocupa más minutos en el Parlamento de Cantabria que los puramente locales y que utilizan todas las formaciones para arrojar contra el líder socialista, Pablo Zuloaga, que al contrario que otros barones de su partido, sí compra el plan de Sánchez. ¿Qué dice el PSOE cántabro para defenderse? Que el sistema actual se aprobó con Zapatero como presidente y el también socialista Ángel Agudo como consejero y la región no salió nada mal parada, por lo que pide calma y confianza.

En lo que respecta a cómo debe ser el nuevo modelo de financiación, las cuatro formaciones parlamentarias comparten que se debe mantener el 'statu quo' –que la posición consolidada se mantenga y no se pierdan recursos– y que el principal criterio de reparto no sea el número de personas censadas, sino el coste efectivo de los servicios, que es más elevado en lugares pequeños y dispersos.

La posición más centrada es la del PRC, que como el PP rechaza el 'cupo catalán', pero que como el PSOE reclama que en la revisión del modelo se incluya la armonización fiscal para que Madrid no tenga ventajas competitivas. Ahora –explican–, como es la capital y recibe más inversión privada, esa comunidad recauda más y puede bajar impuestos hasta límites imposibles para Cantabria u otros territorios. Al bajar impuestos, las empresas siguen eligiendo Madrid y se genera así un círculo vicioso que, para estos dos partidos, provoca un efecto similar al de los paraísos fiscales.

El PRC también echa en cara al PP que rechace cualquier negociación bilateral –por Cataluña– y autonomías de este partido (Andalucía y Valencia) estén pidiendo bilateralmente al Estado un fondo transitorio para compensar a las que ahora reciben menos dinero hasta que se culmine la revisión.

El Gobierno de Cantabria (PP) también ha tenido discursos contradictorios sobre la quita de la deuda. Primero se negó al entender que era un concesión a Cataluña. Después, cuando se dijo que era para todos los territorios, se quejó de que la cifra era muy baja. Y por último, en verano, el consejero de Economía celebró que se iniciaba el diálogo con el Ministerio sobre este asunto y ahora el Ejecutivo dice que solo se puede negociar en una mesa en la que estén todas las autonomías y junto al nuevo sistema de financiación.

El PP de Cantabria da máxima prioridad al asunto y lo ha convertido en una de sus banderas, además del principal argumento para arremeter contra el Gobierno central. De hecho, arrancó el curso político llevando al Parlamento regional una proposición que salió adelanta para mostrar el rechazo de la comunidad autónoma al «establecimiento de un nuevo modelo de financiación específico, singular y privilegiado para Cataluña». Aunque el diputado Íñigo Fernández reconocía, debido a la nula claridad en las explicaciones del Ministerio de Hacienda, que «nadie sabe verdaderamente en qué consiste todavía esa especie de concierto fiscal con Cataluña», el popular prefirió ponerse en el peor de los escenarios.

Aseguraba que Cataluña dejaría de aportar a la caja común y que eso supondría para Cantabria la pérdida de 400 millones de euros al año. Buruaga también ha exigido a Pedro Sánchez la retirada del 'cupo catalán' porque entiende que rompe la igualdad entre españoles y supone un trato diferencial entre territorios. Eso, pese a que el Gobierno central ha insinuado que el resto de autonomías también podrían acceder si lo desean a la fórmula que utilice finalmente Cataluña. A lo que se niega el PP es a la armonización fiscal que pide el PSOE para evitar la competencia desleal entre territorios. Entienden que cuando los socialistas hablan de igualar impuestos no lo hacen pensando en bajarlos, sino en subirlos.

Los socialistas piensan que Buruaga ha perdido una gran oportunidad de defender los intereses de Cantabria en su reunión con Pedro Sánchez cuando, en vez de intentar que el nuevo sistema incluya criterios que benefician al territorio, se ha dedicado a criticar el acuerdo con Esquerra. En opinión del PSOE, además de los criterios ya sabidos –los que comparten todos los partidos cántabros– para que la región no perdiera posiciones, en el nuevo sistema sería importante que se tuvieran en cuenta sus singularidades.

Dos, principalmente. Por ejemplo, el estatuto de autonomía abre una puerta a recibir una aportación especial por la existencia de Valdecilla, un hospital de referencia nacional que atiende a pacientes de toda España. Junto a esto, además de la dispersión, la orografía y el envejecimiento, los de Zuloaga quieren pelear por incluir el criterio de la población no censada:todas esas personas que, como ocurre en Castro Urdiales, viven todo el año en Cantabria, pero sin embargo tienen su domicilio fiscal en el País Vasco, algo que resta recursos. Aunque el acuerdo final se alcance en una reunión multilateral, creen que este tipo de asuntos se podrían negociar bilateralmente entre Cantabria y el Estado. Eso fue, recuerdan, lo que ocurrió en 2009, cuando se aprobó el actual modelo. Además, reclaman acabar con paraísos fiscales internos como Madrid, que no permite a otros territorios competir en igualdad.

Miguel Ángel Revilla insistía cuando estaba en el Gobierno en que la revisión de la financiación autonómica era el asunto más relevante a medio plazo para el futuro de Cantabria. Ahora, dice –más bien el resto de sus diputados, que son los que salen a la tribuna– lo mismo en la oposición. Comparten con PP y PSOE cuáles deben ser los criterios que rijan el modelo de reparto de recursos entre territorios, pero ambos partidos les generan recelos.

Al PSOE le echan en cara el acuerdo con Esquerra e insisten en el riesgo que supone el 'cupo catalán' para el mantenimiento del principio de solidaridad entre regiones –que las más ricas aporten a las más pobres–. Sin embargo, como explicó esta semana la diputada Paula Fernández, sí comparten con los socialistas la necesidad de acometer algún tipo de armonización fiscal entre autonomías para evitar el efecto aspiradora del talento y el dinero que hace ahora Madrid frente al resto de regiones. Con el PP también tienen diferencias. A Feijóo le recuerdan que fue él quien promovió la 'Declaración de Santiago', en la que se defendía cuidar a los territorios pequeños, rurales y envejecidos. Ahora, ya como líder de los populares, se posiciona –es verdad que con ambigüedad– con la tesis de sus presidentes de Andalucía, Murcia, Valencia o Baleares, que quieren que el reparto se haga en función de la población –más para las más grandes– y no de las necesidades.

Si hay que jugar a este juego, en este tablero y con estas reglas, en Vox se suman a la petición del resto de partidos y reclaman que los criterios para diseñar el nuevo sistema de financiación autonómica sean los mismos que dicen PP, PSOE y PRC, porque son los que más benefician a Cantabria. Eso sí, como explicó su portavoz, Leticia Díaz, durante el debate que tuvo lugar a mitad de septiembre en el Parlamento sobre este asunto, lo que le gustaría a esta formación es un cambio radical del sistema.

Un cambio radical que pase por la reducción del peso administrativo de las autonomías, por la recentralización de los servicios públicos esenciales y un menor margen de decisión fiscal en los territorios. Pese a esto último, curiosamente, Vox votó esta misma semana en contra de la petición de PSOE y PRC para instar al Gobierno central a trabajar para conseguir una mayor armonización fiscal entre autonomías dentro de España. La formación de Abascal rechaza el 'cupo catalán' que ha firmado el PSOE, pero recuerda al PP que también ellos hicieron concesiones a los nacionalistas cuando gobernaron. No solo eso, sino que reprocha a los populares que dicen defender la igualdad entre españoles y, sin embargo, defienden que se mantengan los conciertos vasco y navarro, que básicamente es lo mismo que lo que parece que sería el 'cupo catalán'.