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El próximo lunes comienza el curso escolar 2024-25 en Cantabria, que se extenderá durante 175 días lectivos repartidos en cinco bimestres. Ese día regresan a las aulas más de 40.000 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Especial, y un día después lo van ... a hacer sus compañeros de ESO, Bachillerato y FP. En total, las aulas cántabras acogen este año a 86.700 estudiantes, que, si bien aumentan en la etapa de Formación Profesional, pierden peso en las etapas tempranas. Concretamente, habrá 806 alumnos menos en Infantil y Primaria, una cifra que viene a revalidar la tendencia a la baja inaugurada hace más de una década en la comunidad autónoma.
Esta nueva pérdida de alumnado refleja el descenso demográfico que vive Cantabria y su «baja» natalidad, ha recordado el consejero de Educación, FP y Universidades, Sergio Silva, que ha dado a conocer esta mañana las cifras y novedades que marcarán el próximo curso. Lo ha hecho en la sede del Gobierno de Cantabria en Peña Herbosa (Santander) y acompañado de cuatro de sus directores generales.
Quizá la novedad más llamativa es que el curso 2024-25 será el primero sin móviles ni relojes inteligentes en las aulas de los centros públicos y concertados. Las instrucciones de inicio de curso recogen la estrategia que Silva y su equipo concretaron el pasado mes de mayo, después de varias aproximaciones a un asunto central en su proyecto de digitalización. Así, los colegios serán espacios libres de teléfonos móviles y en los institutos su uso estará muy restringido y ligado, únicamente, a la actividad lectiva. Los docentes que decidan introducir el móvil en una actividad tendrán que avisarlo con antelación. La medida, ha recordado el consejero, tendrá vigencia en todo el centro y durante toda la jornada escolar -es decir, también durante las actividades complementarias y extraescolares-, y solo se obviará en casos justificados.
Contravenir esta disposición tendrá consecuencias: supondrá una «infracción» de las normas de convivencia, por lo que los centros tendrán ese respaldo legal a la hora de señalar o sancionar un comportamiento inadecuado. Además de frenar la sobreexposición a las pantallas, para Silva, esta medida puede redundar en la mejora del clima escolar y la reducción de los casos de acoso. Es una «prohibición educativa» y no una «prohibición absoluta», ha recalcado el consejero.
El próximo curso va a contar, por otro lado, con 8.451 docentes, 128 más que el último año escolar. De ese total, 3.922 pertenecen al Cuerpo de Maestros y 4.529, al resto de especialidades. Sumando los profesores de los centros concertados, la plantilla docente de Cantabria asciende a cerca de 11.000 profesionales. La comunidad también puede decir que ha dado por concluido su proceso de estabilización con 886 plazas consolidadas.
Como novedad, a partir de septiembre los docentes mayores de 55 años empezarán a acogerse a la reducción de la jornada lectiva para dedicar unas horas semanales a otras tareas de calado en el centro. La implantación de esta medida será progresiva y este curso estará vigente para los mayores de 59 años. Un total de 76 profesores han decidido acogerse a la misma, que Educación acordó con los sindicatos ANPE y CC OO, y cuyo planteamiento fue rechazado por el resto de organizaciones.
También el próximo curso será el primero en el que se implante la fórmula de la pareja pedagógica en las aulas de 1 año tras el acuerdo al que llegaron hace unos meses la Consejería y la Junta de Personal Docente. Así, Cantabria tendrá un modelo pionero en esas clases, donde un maestro y un técnico de Infantil se encargarán de la educación de estos escolares, al igual que ocurre ya en las de dos años.
Y sin salir de clase, el próximo curso comenzará con sus estructuras de orientación más reforzadas. Silva ha anunciado un «incremento» de más de cuatro orientadores en cada equipo ya existente, así como la puesta en marcha de un equipo experimental dedicado al alumnado con trastorno de espectro autista; otro para los estudiantes con altas capacidades, y un tercero orientado a la FP.
Precisamente, la etapa de la Formación Profesional ve crecer este curso su oferta educativa, sus matrículas y sus instalaciones, ya que se pone en marcha el Centro Integrado de Formación Náutico-Pesquera de Laredo.
Pero la FP también tiene que ajustarse a la nueva legislación. Para hacerlo sin sobresaltos -«los alumnos no lo van a notar», ha incidido Silva esta mañana-, Cantabria contará con modelo transitorio para esta etapa que durará dos cursos completos y cuyas directrices ya se han enviado a los centros. Este modelo permitirá «que todos los alumnos de FP en Cantabria titulen conforme al nuevo marco legal y al, mismo tiempo, garantizar una cobertura con seguridad jurídica y calidad», ha apuntado el consejero.
«Es un modelo nuevo que responde a esta situación singular de la FP en España y que viene a despejar cualquier duda si es que pudiese seguir habiendo alguna», ha insistido el consejero, que recientemente tuvo que salir al paso de las críticas del PSOE cántabro y el requerimiento del Ministerio de Educación. Silva ha defendido su forma de proceder ante una actualización compleja y que va «un poco más allá» de la simple renovación curricular. Su modelo «permitirá que sean los docentes de Cantabria los que establezcan y elaboren el desarrollo curricular de las distintas titulaciones de FP», ha destacado.
El próximo curso aún incluirá más novedades, como la reducción de las ratios de alumno por clase en 2º de Primaria, donde habrá, como en los cursos anteriores, un máximo de 20 escolares por aula.
También se desplegarán a partir de la próxima semana 524 rutas de transporte -hay una docena nuevas y la inversión global es de 21,7 millones-, y se pondrán en marcha los comedores escolares: un servicio que atiende a más de 10.800 niños y niñas, de los que unos 6.000 contarán con una beca total o parcial.
Este servicio tiene un coste de 3,86 millones para la Consejería, que este año, y tras varios cursos sin hacer cambios, ha decidido revisar «al alza» el coste máximo de los menús escolares -ahora está fijado en 5,5 euros, que es el tope que abonan las familias por este servicio ya que, a partir de ese umbral, el sobrecoste recae en la Administración-. Este mes, el departamento que dirige Sergio Silva tomará una decisión.
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