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El Parlamento autonómico aprobó a finales de 2022 la Ley de Ciencia de Cantabria con el voto favorable de PRC, PSOE y PP y el único rechazo de Vox. Entre los puntos que figuraban en la nueva norma estaba la exigencia de que, cada año, ... el Presupuesto de la región reservara una cuantía mínima destinada a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). Un porcentaje que tiene que ir creciendo de forma paulatina hasta llegar al horizonte del 3% del montante total de las Cuentas y que, para el próximo 2024, se tenía que situar ya en el 2%. Como denunció durante el debate presupuestario del pasado miércoles el portavoz y secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga incumple esa Ley de Ciencia, ya que en el documento económico que está en tramitación solo se reservan 44 millones (el 1,26%) a transferencia del conocimiento.
Es decir, que faltan otros 25-26 millones de euros para alcanzar la meta que marca la norma. Una norma que, además, contó con el voto positivo del PP. Eso sí, el Ejecutivo popular puede presumir de haber elevado las cuantías respecto al Presupuesto actual, el último que aprobó el bipartito de regionalistas y socialistas. En las Cuentas en vigor las diferentes consejerías sumaban programas para el fomento de la investigación por valor de 38 millones de euros, por lo que el incremento es sensible, de 8 millones de euros. Eso sí, el anterior Gobierno cántabro no tenía una exigencia legal, ya que Ley de Ciencia se aprobó en diciembre de 2022, cuando ya estaba a punto de concluir la aprobación del Presupuesto para este 2023.
«Los presupuestos en materia de universidades hacen una subida claramente insuficiente, que solo afecta a los trabajadores públicos de la Universidad de Cantabria, dejando atrás partidas fundamentales, como las de investigación y transferencia del conocimiento», lamenta Zuloaga, que señala que es «el capitulo de ciencia donde más llama la atención este incumplimiento».
Los 44 millones de euros del Presupuesto del PP -las cuantías aún podrían cambiar durante la tramitación parlamentaria- proceden de programas de ayudas de la Consejería de Industria, pero también hay partidas de Salud y Universidades.
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