Orinar en una calle de Santander sale 67 euros más barato que en Maliaño

Casi todos los ayuntamientos 'grandes' cuentan con normas: ordenanza de convivencia ciudadana, de tenencia de animales, de residuos, de limpieza, otras para la protección de bienes públicos, de convivencia y prevención de actuaciones antisociales... Hay casi un centenar de ellas. En cada ayuntamiento se llaman de una manera distinta, pero todas estas normas persiguen lo mismo: mantener limpios las ciudades y pueblos.

En Santander hay varias normas que regulan todo, pero la principal es la de Convivencia Ciudadana, aprobada en 2008. En ella se contemplan varios tipos de sanciones: leves, graves o muy graves, según sea el delito. Tirar papeles o cualquier producto, sólido o líquido, al suelo (90 euros si son colillas, papeles y bolsas o envases del botellón; y 301 euros si son otros residuos o incluso muebles), sacudir ropa y alfombras desde el balcón (90 euros), los camiones o máquinas de obra que manchan la vía pública (301 euros), la colocación de carteles o pancartas en lugares donde está prohibido (90 euros), dejar las bolsas de basura fuera del contenedor (90 euros), arrojar residuos sólidos a las alcantarillas (hasta 301 euros) y hasta dar alimento en la vía pública a palomas, perros o gatos (90 euros) son infracciones leves.

Pero si un ciudadano reincide en una infracción leve, ésta pasará a ser grave y ahí la administración local santanderina impone multas que van desde los 301 a los 600 euros. En Santander también está considerado un delito grave los vertidos en la ciudad y el depósito de residuos orgánicos a granel en los contenedores de basura.

Y las infracciones muy graves se dan cuando alguien realiza un vertido peligroso, que puede provocar un daño grave para el medio ambiente o la salud de las personas. Las multas en este caso son de hasta 3.000 euros. Por ejemplo, dejar abandonado un coche en la calle se suele sancionar con una multa de 901 euros.

En 2016 se tramitaron en Santander 261 expedientes por arrojar residuos de todo tipo en la vía pública, por colocar carteles, dar de comer a animales y por hacer las necesidades fisiológicas en la calle. Precisamente fue esto último, miccionar en la vía pública, lo que más se sancionó. 160 ciudadanos tuvieron que pagar una media de 130 euros por su maleducada conducta. Ésta es sido la práctica más extendida entre los que les gusta infringir la ley ensuciando las calles de su ciudad en los últimos años. En el año 2015 ya fueron 69 los pillados y multados orinando en la calle. Y en lo que vamos de 2017 han sido 362 expedientes los expedientes sancionadores tramitados, y en su mayoría han acabado en multas. De nuevo, satisfacer las necesidades fisiológicas en plana calle vuelve a ser lo más sancionado (240 sanciones).

Y este aumento no significa que ahora se ensucia más, sino que ahora se persigue más. Así lo cuenta Pedro Nalda, concejal de Concejal de Personal y Protección Ciudadana de Santander. «En 2016 pusimos en marcha una campaña importante para concienciar a los ciudadanos sobre la manera de mantener limpia la ciudad, haciendo especial hincapié en los horarios de la recogida de residuos y en cómo depositarlos; y como refuerzo de esta campaña creamos una unidad policial, que persigue todo este tipo de delitos contra la convivencia ciudadana. Por lo tanto, no es que se ensucie más, sino que se persigue más y se 'caza' a más gente que se comporta de manera incívica y que no favorece la convivencia ciudadana. Esto explica el aumento de expedientes sancionadores», explica Nalda.

Y si alguien cree que las sanciones del Ayuntamiento de Santander son duras o tienen un afán recaudatorio sólo tiene que fijarse en las que se imponen en otras ciudades. En Madrid, dejarse el envoltorio de una hamburguesa y el vaso de refresco tirados en un parque puede costar hasta 750 euros y en Barcelona orinar en la calle, 300 euros y si la pared sobre la que se orina es por ejemplo la de la Sagrada Familia u otro edificio catalogado, la sanción llega hasta los 1.500 euros. Y si hablamos de lugares de fuera de España, las sanciones son tan duras que hacen que los vecinos se conciencien aunque no quieran. En Edimburgo, sacar la basura a la calle el día par, cuando tu casa tiene asignados los días impares, te sale por casi 180 euros, unas 150 libras. En Zúrich, tirar colillas encendida o no en la calle cuesta 300 francos suizos (algo más de 259 euros) y en Baltimore, en el estado de Maryland (EE UU), tirar al suelo esas mismas colillas encendidas se paga con 30 días de cárcel.

Pero volvamos a Cantabria, en Torrelavega están a punto de aprobar la nueva ordenanza de Protección de Bienes Públicos y Convivencia Ciudadana en la que se modificará algo muy importante, que busca que la norma sea efectiva. A partir de que la norma esté en vigor, los agentes de la Policía Municipal podrán imponer la sanción prevista de forma directa, lo que supone un cambio sobre la actual normativa que establece que los policías locales están obligados sólo a apercibir al infractor. Serán infracciones muy graves (entre 1.500 y 3.000 euros) romper, incendiar o arrancar bienes públicos destinados al transporte público e incendiar contenedores de basura, escombros o desperdicios. Realizar pintadas en el mobiliario urbano pasa a ser una infracción grave (entre 600 y 1.500 euros), así como arrojar basuras o residuos a la vía pública que dificulten el tránsito o generen riesgos de insalubridad.

En la ciudad del Besaya siguen siendo leves acciones como dejar los excrementos de los perros en la vía pública sin recoger, arrojar papeles y colillas y también orinar en la calle, pero es que la cuantía prevista para los infractores en este caso es de hasta 750 euros.

En Camargo, Piélagos, Castro Urdiales, Laredo, Comillas o San Vicente, las normas contemplan sanciones similares a las que hay previstas en Santander, es decir entre 100 y 300 euros para las acciones leves y entre 600 y 1.500, las graves.

Domingo García, jefe de la Policía Local de Castro Urdiales, explica que la mayor parte de las denuncias que se realizan son por delitos leves, pero, aún así las multas son de entre 100 y 700 euros. «Por orinar en la calle se suele multar con 150 euros y también se sanciona con esta cantidad cuando la gente que deja en la calle los restos del botellón. Y si se registra una reincidencia ya pasaríamos a hablar de multas graves, de hasta 1.500 euros». Esta normativa de 2010, que rige en Castro es muy similar a la de otros ayuntamientos que tienen costa, porque tener playa también necesita normas para que estas estén limpias. García cree que «las sanciones son una manera de atajar el problema de la suciedad en las ciudades, pero sin duda, lo mejor es educar a la gente». El responsable de la policía castreña cree que «si en el Norte de Europa las ciudades están más limpias que en España es porque además de tener una mayor concienciación medioambiental, es porque las sanciones son muchísimo más duras».

José María Gómez, responsable del cuerpo policial de Camargo, explica cómo se hacen las denuncias en su ayuntamiento. «Nosotros hacemos la denuncia. Luego la instruye el gabinete jurídico del Ayuntamiento y se lo comunica a la persona denunciada». Las denuncias por comportamientos inciviles que ensucian las calles son habituales, sobre todo «los fines de semana». Gómez es otro policía que piensa en que el botellón es, ahora mismo, el principal causante de que parques, calles y otros lugares del municipio estén sucios y llenos de basura. Suele haber entre 5 y 6 sanciones a la semana por esta 'moda' de relacionarse y beber. «La gente va a beber a cualquier sitio, sobre todo a parques y lugares apartados, y deja las bolsas, las botellas, los papeles y toda la basura allí sin recoger, sin ningún rubor. Pero no creas que la gente que hace eso es marginal, no. Es gente socializada, muchas veces con buen coche y buena ropa, que está muy mal educada». En Camargo, arrojar basuras o vertidos a la vía pública cuesta una media de entre 400 y 500 euros, pero es que tirar restos de una merienda, un papel o un chicle y no recoger los excrementos de la mascota supone una multa de 150 euros.

Reinosa es un ayuntamiento en el que sí que está regulado lo de ensuciar las calles con excrementos de perros (las multas van de los 150 a los 300 euros) e incluso tirar escombros de obra en la vía pública, pero para el resto no hay una norma específica actualizada que determine las sanciones. Hay una ordenanza de convivencia ciudadana, de 1992, en el que se determina que las sanciones para los que arrojen cualquier tipo de objetos al suelo en los establecimientos públicos o vía pública, el que maltrate las instalaciones, objetos o materiales de uso común o los árboles y plantas de las plazas y jardines y el que incluso pise los jardines ni zonas ajardinadas de los parques públicos será multado con 5.000 pesetas. «Por supuesto, esta norma ya no se aplica y en nuestros planes está hacer en breve una modificación de esta ordenanza, pero por el momento, no, no tenemos normativa en este sentido», aclara Daniel Santos, concejal de Festejos, Cultura, Juventud, Turismo y Participación Ciudadana en la capital campurriana

Esto no significa que la ciudad de Reinosa esté dispuesta que nadie ensucie sus calles con papeles, orines o colilas, sino que «el Ayuntamiento por ahora ha hecho campañas de concienciación y educación. Y de todas maneras, hay legislación nacional que penaliza las conductas incívicas y si alguien las comete de forma reiterada o con mala intención en Reinosa, que sepa que también se encontrará con una denuncia ante la Policía y con una multa», explica Santos.

¿Y los ayuntamientos pequeños? ¿Qué hacen para mantener limpias sus calles sin una policía municipal que sancione?. ¿Son más educados? Casi ninguno de los municipios pequeños tiene ordenanza sobre convivencia ciudadana o similar. Allí se confía en la buena voluntad y en la educación de los vecinos y sobre todo, en el buen hacer de la Guardia Civil.

Villaescusa tiene casi 4.000 habitantes y cuando ha habido alguna queja vecinal por algún vertido o porque los dueños de los perros dejan los excrementos en las aceras, el alcalde ha hecho un bando, en el que recomienda a sus vecinos que no repitan ese tipo de actuaciones e incluso el regidor a veces amenaza con denunciar a los vecinos que vuelvan a hacerlo. Y ahí entra en acción la Guardia Civil.

En otros como En Castañeda o Penagos, ambos con menos de 3.000 habitantes, tampoco tienen un reglamento que regule cómo sancionar a quién ensucie el pueblo. Si alguien tira algo de escombro de una obra o similar, y se le pilla («en los pueblos siempre hay ojos mirando»), pues se le denuncia ante el Seprona y luego, si un juez lo admite, pues se va a juicio. Las sanciones las pone un juez, no el Ayuntamiento.