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Si la guerra de Ucrania está provocando una subida de precios inédita en décadas en nuestro país (en marzo llegó al 9,8%), desde el Ministerio de Seguridad Social se habla sin embargo de un «fenómeno transitorio», un adjetivo que el ministro José Luis Escrivá ... (Albacete, 1960) dice citando al Banco de España para augurar una «estabilidad de precios en 2023», y asegurar el incremento de las pensiones que a final de año tendrá que adecuarse a esa subida media. ¿Será capaz de resistirlo el sistema? En una entrevista celebrada en las instalaciones de El Diario Montañés, Escrivá no lo duda: «Es perfectamente absorbible».
-La guerra de Ucrania ha desbaratado la economía de las familias, pero también de los estados. Ante el incremento de precios, ¿qué consecuencias va a tener apretarse tanto el cinturón? ¿Hay que hablar de crisis?
-La guerra de Ucrania plantea un reto asociado, en el caso español, al aumento de los precios. En la medida que este aumento del coste de la vida es transitorio, los efectos sobre la economía, sobre las personas, sobre los agentes también serían transitorios, y eso es en lo que hay que trabajar. El Real Decreto Ley que se ha convalidado hoy (por el jueves) en el Congreso incide de una forma muy clara en mitigar los efectos de ese alza de los precios. Creo que aquí es muy relevante ver lo que nos dicen sobre la inflación los bancos centrales y lo que nos está diciendo el Banco de España, con las previsiones de inflación para 2023 que divulgó esta semana, es que ese incremento de precios es un fenómeno transitorio y que en 2023 estaremos en una situación compatible con la estabilidad de precios.
-Hablemos de los precios de este año. Si llegamos a diciembre con una subida media que roce el 10% del IPC, ¿ve asumible subir las pensiones?
-En España tenemos desde diciembre una ley que, especialmente en situaciones como esta de volatilidad e incertidumbre sobre la inflación, asegura a los pensionistas el mantenimiento de su poder adquisitivo. Además, cuando se habla de dificultades potenciales para absorber una subida de pensiones de esta magnitud se ignoran o se obvian cuestiones muy importantes. Por un lado, la evaluación de la sostenibilidad del sistema de pensiones debe hacerse técnicamente a largo plazo, y en ese horizonte, una subida de la inflación transitoria como la que hemos vivido tiene un efecto despreciable sobre la sostenibilidad del sistema. Un fenómeno de esta naturaleza es perfectamente absorbible. Por otro lado, los ingresos de la Seguridad Social no pueden ir mejor. Estamos hablando de que el año 2021 los ingresos aumentaron cerca de un 10% y este año estamos estimando otro 7% adicional de subida de ingresos.
-Distintos organismos alertan de que el gasto en pensiones podría superar los 10.000 millones. A pesar de que suban los ingresos de la Seguridad Social, ¿es suficiente para hacer frente a ese incremento?
-El déficit de la Seguridad Social (SS), es decir, el saldo entre ingresos y gastos, fue del 1,7% del PIB en el año 2016; en el año 2021, el déficit ha sido del 0,9% del PIB, así que hemos reducido cerca de un punto en este periodo. Además, habíamos estimado que el déficit entre ingresos y gastos en 2021 sería del 1,2% del PIB y hemos terminado tres décimas mejor, en el 0,9%. Y este año el déficit se seguirá reduciendo, ya que la estimación que tenemos para 2022 es de medio punto. Por lo tanto, la situación financiera de la Seguridad Social no hace más que mejorar. Es una polémica que me cuesta entender cuando se duda sobre la revalorización de las pensiones con el IPC.
-¿No teme que se dispare la inflación y no poder hacer frente a esta subida en las pensiones?
-No, porque estos datos incorporan ya esas previsiones.
¿En cuánto se traduce el aumento de afiliación en las cotizaciones?
-En una parte muy importante. La afiliación está creciendo en este momento a un 5% anual, por lo tanto ese crecimiento del 5% del empleo es un crecimiento del 5% más de ingresos por cotizaciones; el resto, hasta llegar a ese crecimiento de los ingresos del 7% que indicaba anteriormente, es el crecimiento de las bases de cotización, que a su vez están muy estrechamente relacionadas con la evolución de los salarios.
-En las recientes elecciones francesas fue materia de discusión la edad de jubilación, ¿tiene previsto cambiar, tocar o debatir sobre las condiciones para la jubilación en nuestro país?
-Francia tiene un problema y es que la edad de jubilación está en los 62 años, y hay un proyecto, pospuesto en su momento, de llevarlo hasta los 65 años. España, en ese sentido, ha hecho un esfuerzo muy grande que permite que nuestro sistema tenga la sostenibilidad garantizada, como decía antes. En España la edad de jubilación es actualmente de 66 años y dos meses, y de acuerdo a la reforma de 2011, llegará a los 67 años en 2027. Nos parece que es una edad claramente suficiente para asegurar la sostenibilidad del sistema y abordar los retos que existen desde el punto de vista del aumento de la esperanza de vida. En España podemos tener la tranquilidad absoluta de que tenemos una edad de jubilación que por mucho tiempo puede quedarse ahí.
-Países como Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido o Italia tienen la cuota en función de los ingresos, ¿va a ser así en España, tiene clara la cuota mínima?
-En efecto, en casi todos los países de nuestro entorno los autónomos cotizan por rendimientos netos, por sus ingresos reales, y, por lo tanto, esta reforma no es discutible. Lo que tenemos que plantearnos, y eso es lo que está en el diálogo social, es el ritmo al que vamos transitando del actual sistema a uno basado en la cotización por rendimientos netos. En el acuerdo de hace un año con los agentes sociales establecíamos un periodo de hasta nueve años para esta transición y lo que estamos debatiendo ahora es el ritmo al que se realiza esta transición, así como su encaje con los cambios en el ámbito fiscal.
-¿Cuál sería su propuesta de cuota mínima?
-Nosotros no tenemos una propuesta como tal. A veces da la sensación, por cómo se presenta en los medios, de que nosotros tenemos una opinión muy cerrada, pero lo que hacemos en el ámbito del diálogo social, en este tema o en otros temas como los ERTE o la reforma laboral o con los autónomos en las prestaciones extraordinarias durante la pandemia, es intentar buscar puntos de encuentro. En el caso de esta reforma, además, no se trata solo de definir cuotas. De lo que se trata también es de cómo podemos desplegar una acción protectora mayor hacia el colectivo de los autónomos.
-Entonces ese periodo transitorio de hasta nueve años que está planteando es con la intención de que el trabajador cotice con base en sus ingresos...
-Sí, cuando se decida cuál es el periodo de transición, las cotizaciones estarán vinculadas a los rendimientos netos de los trabajadores autónomos.
-El Gobierno de Cantabria anunció esta semana que su Ministerio cedía la Residencia Cantabria. ¿Es gratuita o hay letra pequeña? ¿Barajan fechas?
-Me gustaría matizar que la cesión ya existe. En este momento, la Residencia Cantabria está cedida de forma indefinida al Gobierno de Cantabria. En el Ministerio no tenemos ningún inconveniente en extender la cesión de uso que ya existe. Esto es lo que hemos hablado con el Gobierno y tampoco hay un cambio en la situación. La cesión es para este tipo de usos, sanitarios y de investigación, y por supuesto es gratuita.
-En su visita a la región dijo que la economía de Cantabria está teniendo «un comportamiento mejor que la media nacional», ¿a qué cree se debe?
-Hay comunidades autónomas que por su especialización productiva o por cómo están abordando sus transformaciones en el ámbito de los servicios, fueron capaces de resistir mejor la perturbación de la pandemia y salir de ella de una forma más intensa. Sin ser un especialista en la realidad económica cántabra, sí percibo que en el ámbito de los servicios y el turismo se trata de una comunidad muy dinámica.
-Hace un mes se aprobó un crédito extraordinario de 1.200 millones para reforzar el sistema de acogida de refugiados, ¿es suficiente para hacer frente a la llegada y asistencia?
-En principio este importe sería suficiente. Nuestra estimación es que han llegado a España unos 130.000 ucranianos y en las últimas semanas estamos en una situación en la que las entradas y salidas se están estabilizando. Además, en ese crédito están calculados no solo los gastos de nuestro Ministerio sino que también sufragamos los gastos en los que incurren otras administraciones, como las comunidades autónomas en el ámbito de la escolarización o la sanidad, o aquellos ayuntamientos que han tenido que hacer frente a casos de acogida de emergencia.
-En Cantabria más de mil ucranianos han recibido el permiso temporal, la mayoría está en hoteles, ¿se está trabajando en alojamientos más definitivos?
-Estamos aplicando dos novedades en nuestro sistema de acogida. Por un lado, adelantar la ayuda al alquiler de una vivienda, que se inicia a partir de los seis meses en el sistema normalmente. La segunda novedad es que estamos haciendo pilotos en cuatro provincias, y que queremos extender a toda España, de un sistema de acogimiento familiar junto a la Fundación La Caixa: hay muchas familias que se están ofreciendo voluntarias y se está evaluando su idoneidad y haciendo entrevistas, y ya tenemos un número de familias que han entrado en este proceso.
-Los juzgados cántabros están acogiendo cientos de litigios (al menos 500) de padres jubilados que reclaman el complemento por maternidad, y los sindicatos denuncian la actitud del INSS de bloquear la justicia al recurrir masivamente al Supremo las sentencias de lo social que fallan a favor de los padres, ¿por qué este cambio de criterio?
-No querría pronunciarme sin conocer bien los detalles de esto que me plantea. Lo que sí puedo decir es que nosotros introdujimos un cambio normativo en este ámbito, que se aprobó en el Congreso, para que se mantuviera el espíritu de la norma. En este sentido, el objetivo de la anterior norma era reducir la brecha de género en pensiones a través de un complemento de maternidad a las madres de más de un hijo por su contribución a la demografía. Pero los objetivos de ese complemento se desnaturalizaban desde el momento en que se empezó a extender a los hombres, como así resolvieron los tribunales. Al final, este complemento terminaba aumentando la brecha de género en el ámbito de las pensiones y no reduciéndolo, que es justamente lo que buscaba el legislador.. Nosotros lo que hemos hecho es cambiar la norma para que no sea discriminatoria entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que el hecho objetivo que da lugar a tener un complemento de pensión es el hecho de haber tenido una merma de cotización justo después de haber tenido hijos, algo que a día de hoy sigue afectando abrumadoramente más a las mujeres que a los hombres, Y además, rediseñamos el complemento para que llegara a los progenitores desde el primer hijo.
–En abril se alcanzó la cifra histórica de 20 millones de afiliados, a pesar de la coyuntura marcada por la guerra de Ucrania, ¿diría que es algo puntual o fruto de la reforma laboral?
–Creo que la reforma laboral está incidiendo tanto en el empleo que se está creando, que es mucho, como en la calidad del mismo. Tenemos ya más de 500.000 empleos más de los que había antes de la pandemia y solo en este primer cuatrimestre de 2022 se han creado 160.000 empleos. En Cantabria, por cierto, los datos son mejores que en la media nacional, aquí se está superando el promedio. Y no sólo se crea empleo, sino que éste es cada vez menos precario. En los primeros cuatro meses de 2022 se han firmado, comparado con años anteriores, 800.000 contratos fijos más de lo que hubiera sido habitual en este tiempo, que es un nivel altísimo. Y en términos de rotación de los contratos de muy corta duración, otro de los elementos de la precariedad sobre los que hemos incidido con la reforma, hemos pasado de que dos de cada tres contratos firmados cada mes, casi el 70% del total, fueran a un plazo de una semana o menos, a que ese porcentaje se reduzca a un 30%. Creo que los resultados que está consiguiendo la reforma laboral superan nuestras expectativas en cuanto a la reducción de la precariedad laboral y la estabilidad en el empleo.
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