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La 'cúpula' de Sanidad comparecerá en el Parlamento regional para dar explicaciones sobre las denuncias de contrataciones irregulares en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). De esta forma, la consejera, María Luisa Real; el subdirector de Gestión Económica del SCS, Javier González; y el gerente de este organismo, Julián Pérez Gil, responderán a las preguntas de los diputados, pero no lo hará la funcionaria que denunció estos hechos.
La Comisión de Sanidad ha aprobado este jueves, por unanimidad las peticiones de Ciudadanos, referida a la consejera, y la de Podemos que hacía extensivas las comparecencias a los altos cargos del SCS. Inicialmente había pedido también la comparecencia de la jefa del Servicio de Contratación que alertó de las supuestas irregularidades, pero ayer retiró esta petición, según ha explicado la diputada de Podemos Verónica Ordóñez, por encontrarse la funcionaria en situación de incapacidad temporal y porque supondría hacerla comparecer en contra de su voluntad. El acuerdo de la Mesa se adopta el mismo día que se ha conocido que el instructor del expediente informativo abierto por la consejería ha pedido más tiempo para concluir su investigación.
Ordóñez ha hecho hincapié en la obligación de proteger a las personas que denuncian un posible caso de corrupción y ha opinado «exponer» públicamente al denunciante puede «inhibir» a otras personas a la hora de denunciar hechos similares de los que tuvieran conocimiento.
'caso scs'
Un argumento que han compartido los portavoces del resto de los grupos, que se han mostrado de acuerdo tanto con la retirada de la petición de esta comparecencia, como con la necesidad de que del las «oportunas explicaciones» los responsables del SCS que han sido citados como, especialmente, la consejera de Sanidad.
El popular Íñigo Fernández ha opinado que es «lógico» que comparezcan la consejera y los responsables del SCS porque se trata de «graves irregularidades» en contrataciones, adjudicaciones a dedo, uso fraudulento de contratos menores, y pago de obras y suministros no entregados.
Además, ha coincidido con las críticas de Verónica Ordóñez (Podemos) y Rubén Gómez (Ciudadanos), por la falta de explicaciones de la consejera cuando ya han pasado más de dos semanas desde que se hicieron públicas las denuncias presentadas por la funcionaria.
Según ha señalado Ordóñez, la situación no tendría que haber llegado a este punto. «Ojalá se hubiera resuelto en febrero cuando se recibió la notificación de la denuncia», ha afirmado la diputada, mientras que Gómez ha reprochado a la consejera que aún no haya dado las «explicaciones pertinentes» y haya optado por «ocultarse» detrás de los altos cargos.
Por su parte, los diputados de los grupos socialista y regionalista, Silvia Abascal y Rosa Valdés, han respaldado las peticiones de comparecencia, subrayado su interés en que «se aclaren las cuestiones» denunciadas.
«Nunca vamos a decir que no a una petición de comparecencia» ha dicho Abascal, quien sostiene que «cualquier duda se va a disipar y se va a demostrar que no es verdad lo que se está diciendo».
La Fiscalía Superior de Cantabria ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada por Izquierda Unida sobre las supuestas irregularidades en adjudicaciones del Servicio Cántabro de Salud, reveladas por la jefa del Servicio de Contratación del SCS.
En un comunicado, la coordinadora autonómica de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez, se ha mostrado satisfecha al conocer que este organismo judicial ha abierto las diligencias de investigación con las que espera que «se puede aclarar» lo que, a su entender, el Gobierno de Cantabria «no sólo no ha querido aclarar, sino que ha decidido perseguir judicialmente a la funcionaria».
Se ha referido así a la querella por injurias y calumnias anunciada por el subdirector de Gestión Económica del SCS contra la jefa del Servicio de Contratación.
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