Los daños causados por la fauna salvaje le cuestan al Gobierno de Cantabria 470.000 euros

Esa revisión, creen los expertos, ha servido para ralentizar el avance de los buitres, los lobos y los osos, las tres especies más representativas, hacia los dominios del hombre en busca de los alimentos que no encuentran en los suyos propios, pero no para frenar sus incursiones, algunas de ellas ya sorprendentes. Osos en Cambarco, lobos en Sarceda, buitres en Revilla de Camargo, jabalíes en Santoña...

Exceptuando este último caso, merecedor de su propia crónica, «todos son hechos excepcionales», sostiene el director general de Medio Natural, Antonio Lucio, que protege con celo de las críticas la labor de su departamento para encontrar el mayor equilibrio en esa complicada coexistencia.

«Abarcamos especies diferentes en situaciones legales diferentes que generan conflictos diferentes que requieren la adopción de medidas diferentes», plantea Lucio, que subraya las trabas normativas que esto anterior entraña.

«El buitre, por ejemplo, es una especie protegida» que lleva dos décadas acusando las consecuencias de los programas sanitarios de erradicación de las encefalopatías espongiformes bovinas transmisibles –la enfermedad de las vacas locas– impuestos por las legislaciones europea y española.

«La prohibición de abandonar animales muertos en el campo provocó la desaparición de las carroñas y, en consecuencia, una importante escasez de alimentos para los buitres, que entonces empezaron a atacar al ganado vivo», explica Lucio. «En la medida en que esas restricciones impuestas se han ido relajando hemos ido maniobrando para contrarrestar esos ataques».

Así, en marzo del año pasado, el Gobierno regional modificó la ley para permitir que los ganaderos puedan abandonar a sus reses muertas en 361 montes de utilidad pública pertenecientes a 63 ayuntamientos de la provincia.

«Se editó un tríptico informativo y se pidió a las sociedades agrarias que lo dieran la mayor difusión, pero parece que, por el momento, esta medida no acaba de funcionar», dice contrariado el director general, quien recuerda que, de otra parte, su departamento se está aplicando en el pago de todos los daños ocasionados por los ataques de buitres al ganado vivo.

«En 2017 se tramitaron 150 expedientes que significaron un desembolso total de 108.000 euros y en los meses que llevamos de 2018 otros 20 que han supuesto un coste de unos 15.000».

Lucio, que acepta estos números «porque son la inevitable consecuencia de una obligación que no podemos eludir en ningún modo», la conservación de esta especie, considera que estas dos decisiones –facilitar el depósito de reses muertas en los montes de utilidad pública con todas las garantías sanitarias y pagar los daños acreditados por los ataques producidos a reses vivas– deberían ser suficientes para calificar en términos aceptables la gestión del buitre.

«Deberían», recalca el delegado de SEO Bird-Life en Cantabria, Felipe González, que aplaudiendo las medidas a las que se refiere Lucio echa sin embargo en falta una mayor labor de difusión de la norma por parte de la propia Consejería, «porque esa medida es muy importante para poder solucionar el problema de escasez de alimentos», y, como el director de Medio Natural, mayores muestras de implicación del mundo ganadero.

Ello por la buena salud de una especie, el buitre, que en Cantabria sostienen alrededor de 500 parejas repartidas por la práctica totalidad de la geografía montañosa regional, «lo que da una buena prueba de su recuperación».

Cree con buen criterio González que si la administración autonómica, ahora que la ley se lo autoriza, logra reimplantar entre los ganaderos la vieja costumbre de abandonar las reses muertas en el campo, más concretamente en las zonas donde ya se pueden depositar sin tener que comunicar la recogida, «en las montañas habrá disponibilidad de carroña» y los ataques de los buitres a las reses vivas se reducirán a lo anecdótico.

«La normativa está ahí», dice. «Ahora sólo hace falta que cale entre los ganaderos, que a mi juicio son los primeros interesados en desarrollarla», concluye.

«Al contrario que el buitre, el lobo es una especie cinegética sobre la que tenemos que ejercer un control sin olvidarnos de que, por otro lado, está incluida dentro de un status que nos obliga a mantenerla en un estado de conservación favorable», continúa Antonio Lucio, que advierte de las dificultades que entraña «conseguir el equilibrio con un nivel de daños asumible».

Su departamento, dice, navega «entre dos corrientes de opinión radicalmente contrarias», una liderada «por los que piensan que hay que extinguir la especie o rebajarla a niveles bajísimos», en alusión a los ganaderos, y otra segunda abanderada «por los que creen que es intocable», en referencia a los ecologistas. «En un escenario así, hagamos lo que hagamos nos van a criticar», se lamenta el director general de Medio Natural.

Para frenar sus ataques (los del lobo, se entiende), la Consejería trabaja actualmente en un plan de acción que le impone como especie cinegética con la idea de mantener a raya la población y contempla una modificación legal para poder pagar los daños causados a lo largo de toda la provincia, y no sólo en los terrenos cuya titularidad corresponde a la administración autonómica.

Respecto a lo último, los daños, el director general de Medio Natural explica que durante el año 2017 se tramitaron 624 expedientes por un importe total de 243.000 euros y en estos meses de 2018 otros 86 por un valor de 35.000.

Y respecto a lo primero, las bajas, Lucio precisa que en 2016 se mataron quince lobos, el año pasado cuarenta y en lo que va del actual ocho. Realmente muy difícil de calcular, el número de ejemplares de lobo asentados en Cantabria podría rondar hoy los «noventa». Eso cree él. Porque, en efecto, depende de a quien se le pregunte, o se pasa o se queda corto.

Según el portavoz de Ecologis tas en Acción, Floren Enríquez, «hay menos». Y según el secretario general del sindicato ganadero Ugam-Coag, Gaspar Anabitarte, «hay más».

La discusión no es insustancial porque precisamente de la cantidad dependen las medidas a adoptar, que por exceso o por defecto no contentan a ninguno.

«Se están cazando lobos sin disponer de datos suficientes que acrediten que hay un exceso de censo», se queja con amargura Enríquez, que defiende que el lobo deje de ser considerada una especie cinegética «y solamente se mate si hay constancia de que el censo es excesivo». El conservacionista, que recuerda que su grupo, Ecologistas en Acción, ha demandado al Gobierno de Cantabria ante los tribunales de justicia, valora, por el contrario, la disposición del Ejecutivo regional a la hora de abonar a los ganaderos los daños ocasionados por los ataques. «Estarán tardando más o menos, pero al menos en eso han cumplido y los están pagando», dice.

Posicionado en la orilla opuesta, Anabitarte tiene otra impresión. «Hay lobos desde Guriezo hasta Liébana. Diría que varios centenares». Aunque a su modo de ver las cosas, «aquí no hay un problema de cifras, aquí hay un problema de lobos que atacan a nuestros rebaños». Según asegura el sindicalista, «los ganaderos tenemos asumido que debemos convivir con el lobo, pero eso tiene que ser bajo unas determinadas condiciones», matiza. «La población tiene que estar controlada. Y a mi juicio eso no es así. No es así porque se están matando lobos partiendo de la base errónea de que hay noventa».

Crítico con las medidas adoptadas por el Gobierno de Cantabria en cuanto al control de la especie, el sindicalista lo es igualmente con el abono de las indemnizaciones que los ganaderos perciben por las pérdidas ocasionadas por los ataques de los lobos, «el otro gran problema» que Anabitarte reprocha a la administración regional. «Al principio, no, pero últimamente estamos recibiendo quejas que tienen que ver con el retraso en los pagos», advierte.

«Y el oso, por su parte, es una especie en peligro de extinción», apunta Antonio Lucio, satisfecho porque «afortunadamente ha superado un momento crítico».

Según él, «los contactos del hombre con el oso eran noticia de periódico hace 25 años». Ahora ya no. «Ahora es habitual que los osos estén cerca de los pueblos», afirma el director general de Medio Natural. «Lo que es menos habitual es que algún oso se deje ver en los pueblos a plena luz del día», con el consiguiente peligro que ello representa para el hombre y sus actividades, apícolas y agrarias principalmente. «El Gobierno paga cada año en torno a los 40.000 euros por daños en colmenas y frutales».

Además, el Gobierno tiene establecidos «protocolos de actuación» que a Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, le resultan insuficientes. «El control de la población de los osos pardos necesaria de una gestión muy activa», dice el experto. «Todos sabemos que van a producirse conflictos y cómo prevenirlos, por lo tanto no hay excusa para actuar adecuadamente».

Palomero, que eleva por encima de los 300 el número de osos que viven en la Cordillera Cantábrica, suspende en su caso al Gobierno «porque en este sentido no existe una buena planificación de la actividad humana en las zonas oseras ni áreas definidas para la especie ni buenos protocolos de actuación para deshabituar a los osos del contacto con los hombres ni medidas efectivas para reducir los daños... No. No aprueba».