Los daños del lobo obligan a Desarrollo Rural a elevar un 55% la partida para su gestión

Blanco situó la gestión del lobo entre las prioridades para el próximo ejercicio, en el que también prevé reforzar las inversiones para la lucha contra los incendios, el desarrollo de programas en espacios naturales protegidos y la restauración de áreas degradadas.

Asegurar la sostenibilidad del sector lácteo y fortalecer la industria transformadora de los productos agroalimentarios y pesqueros y su promoción, son otros de los objetivos que Desarrollo Rural se ha marcado para 2023, un año en el que se prevé aprobar la Estrategia de economía circular y bioeconomía, se actualizará el plan para hacer frente al cambio climático y se implantará la nueva PAC, que deberá garantizar la sostenibilidad de las explotaciones.

7,63%es el porcentaje de aumento de los presupuestos de Desarrollo Rural respecto a 2022

226,2millones gestionará tras sumar a su presupuesto otros 60 millones de fondos europeos

El consejero, que se confesó «contento, pero no absolutamente satisfecho» con un presupuesto que crece un 7,63% respecto al del año anterior, subrayó que esas cuentas demuestran «que el Gobierno de Cantabria apuesta firmemente por el sector primario», para devolverlo así «al lugar que le corresponde, en el centro de la economía de nuestra región».

El titular de Desarrollo Rural valoró aún más el esfuerzo presupuestario del Ejecutivo regional teniendo en cuenta la actual coyuntura mundial, «con las siete plagas que nos ha tocado vivir: el covid, la guerra de Ucrania, el aumento de los precios de los insumos, los piensos, los combustibles,...», y recordó que su Consejería ha habilitado este año un paquete de ayudas extraordinarias por valor de casi 16 millones.

Explicó que al presupuesto asignado por el Gobierno regional a su área habrá que sumar los casi 60 millones procedentes de los fondos europeos, hasta elevar a 226 millones el dinero que gestionará en 2023. Estos fondos permitirán poner en marcha actuaciones en las distintas direcciones generales y, especialmente, en materia de biodiversidad y medio ambiente, tales como la recuperación de las antiguas canteras de Cuchía, en Miengo; la restauración de los terrenos de la mina de Reocín; la eliminación de especies invasoras y distintos trabajos de recuperación ambiental e infraestructuras en el Parque Nacional de Picos de Europa.

Por direcciones generales, es la de Medio Ambiente y Cambio Climático la que experimenta mayor incremento en sus cuentas, con un 10,85% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 98,8 millones, para llevar a cabo, entre otras actuaciones, la recogida y tratamiento de residuos y la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica; también actuaciones en infraestructuras ambientales, la prevención y lucha contra los incendios forestales, la atención a la red de espacios naturales protegidos, y la gestión del lobo.

Ganadería dispondrá de casi 17 millones para ayudas de seguros agrarios, el bienestar animal, el sector lácteo y de carne, el impulso a la apicultura, los programas de erradicación y vigilancia, y el apoyo a los centros de limpieza y desinfección de transporte de ganado.

Pesca invertirá sus 16,8 millones en la promoción de los productos agroalimentarios, las ayudas para inversiones en la industria agroalimentaria, inversiones en industrias de transformación de productos pesqueros, formación en la escuela náutico-pesquera, y actuaciones de control de la cadena alimentaria.

Por último, Desarrollo Rural empleará los 22,5 millones que tiene asignados en inversiones en infraestructuras rurales, lucha contra plagas vegetales, proyectos de ahorro y mejora de la eficiencia energética en las entidades locales, e investigación, innovación y formación agrarias. Además, atenderá el Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 y las Estrategias de Desarrollo Local Participativo.

Las cuentas se completan con las partidas destinadas a la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (Odeca), de 1,3 millones; los 2,9 para el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), y los casi 75 millones para la empresa pública MARE.